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ImageEn esencia, la L.O.T.T.T. (Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores, las Trabajadoras) mantiene la prestación de antigüedad establecida en el artículo 108 de la LOT, que ahora recibe el nombre de garantía de las prestaciones sociales, con las siguientes particularidades:

 

1.1 Componente trimestral: Los 5 días de salario por mes trabajado previstos en la LOT, en la nueva ley se causan trimestralmente (a razón de 15 días por cada trimestre laborado), y se acreditan o depositan sobre la base del último salario devengado en el respectivo trimestre. No obstante, si la relación de trabajo termina durante los 3 primeros meses de servicio, esta prestación se paga a razón de 5 días de salario por cada uno de esos meses o fracción de mes que hayan sido trabajados. De igual forma, el trabajador que para la fecha de entrada en vigencia de la LOTTT tuviera menos de 3 meses al servicio de un patrono, recibirá su primera acreditación o depósito trimestral cuando cumpla 3 meses de servicio.

 

1.2 Componente anual: Los 2 días adicionales y acumulativos de salario por cada año de servicio se continúan causando en base al tiempo trabajado después del primer año, hasta un máximo de 30 días de salario por año laborado (así, por el segundo año de servicio el trabajador acumula 2 días adicionales, por el tercer año de servicio el trabajador acumula 4 días adicionales, por el cuarto año de servicio el trabajador acumula 6 días adicionales, y así sucesivamente hasta estabilizarse en el máximo de 30 días adicionales por año de servicios). En nuestro criterio, para aquellos trabajadores que ya venían acumulando días adicionales bajo la LOT, esta acumulación deberá continuar en forma progresiva (el cómputo de estos días adicionales no iniciaría desde cero).

 

1.3 Destino de la garantía de prestaciones sociales: Además de la posibilidad de

acreditar esta garantía en la contabilidad del empleador o depositarla en fidecomiso

bancario, según escoja el trabajador, que ya existían, la LOTTT añade la opción de

depositarla en un Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, el cual será creado y regulado posteriormente mediante ley especial. La opción que prevé el Reglamento de la LOT, de entregar anualmente al trabajador el importe de los días adicionales de prestación de antigüedad se omite en la nueva ley, lo que hace pensar que estos días adicionales de garantía deben acreditarse forzosamente en la contabilidad del empleador o depositarse en fideicomiso o en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales.

 

1.4 Tasa de interés aplicable cuando la garantía de prestaciones sociales se acredita en la contabilidad del empleador: Al igual que en la LOT, será la tasa promedio entre la tasa activa y la tasa pasiva, determinada por el Banco Central de Venezuela.

 

1.5 Cálculo de las prestaciones sociales al finalizar la relación de trabajo: Al finalizar la relación laboral por cualquier causa, se calcularán las prestaciones sociales a razón de 30 días de salario por cada año o fracción superior a 6 meses de servicio, sobre la base del último salario integral o amplio (incluyendo las alícuotas de utilidades y bono vacacional), devengado por el trabajador. Si el trabajador devenga un salario por unidad de obra, por pieza, a destajo, a comisión o de cualquier otra modalidad variable, la base de cálculo será el promedio del salario integral o amplio (incluyendo las alícuotas de utilidades y bono vacacional), devengado durante los 6 meses inmediatamente anteriores a la terminación de la relación de trabajo. Para realizar este cálculo se tomará en cuenta todo el tiempo de servicio del trabajador, o desde el 19 de junio de 1997 si el trabajador hubiese comenzado a prestar servicios antes de esa fecha. Finalmente, este cálculo se comparará con lo causado a favor del trabajador por concepto de garantía de prestaciones sociales, y el trabajador tendrá derecho a recibir lo que más le favorezca (no ambos). En la práctica esto significa

que si la prestación de antigüedad fuese más favorable para el trabajador que la garantía, él cobrará la garantía más la respectiva diferencia que existiera a su favor. De lo contrario el trabajador sólo cobrará la garantía.

 

1.6 Plazo para el pago: El empleador deberá pagar las prestaciones sociales dentro de los 5 días siguientes a la terminación de la relación de trabajo. En caso de mora o retardo en el pago se aplicarán intereses moratorios calculados a la tasa activa determinada por el Banco Central de Venezuela.

 

 

2. El tiempo de trabajo.

 

2.1 Reducción de la jornada. La duración máxima de la jornada semanal diurna se reduce de 44 a 40 horas; la duración máxima de la jornada semanal mixta se reduce a 37 ½ horas.

La duración máxima de la jornada semanal nocturna se mantiene en 35 horas.

 

2.2 Semana de 5 días de trabajo. Se establece un segundo día de descanso semanal obligatorio (se elimina la semana de 6 días de trabajo que antes existía), el cual deberá ser disfrutado conjuntamente con el día de descanso semanal legal tradicional, en forma consecutiva. El día de descanso semanal legal tradicional era (y continuará siendo) el domingo, salvo en aquellas empresas que por excepción deben trabajar en forma continua durante todos los días del año. En esas empresas, por excepción, el día de descanso semanal legal tradicional puede ser cualquier otro día de la semana distinto al domingo, y el segundo día de descanso semanal podría ser el día anterior o el día siguiente a ese.

 

2.3 Excepciones a la duración máxima de la jornada. No están sometidos a los límites ordinarios de jornada: (a). Los trabajadores de dirección, (b) los trabajadores de inspección o de vigilancia cuando su labor no requiera un esfuerzo continuo, (c) los trabajadores que desempeñan labores que requieran la sola presencia, o labores discontinuas o intermitentes que implican largos períodos de inacción, y (d) los horarios establecidos por convención colectiva. En la LOT se incorporaban los trabajadores de confianza a esta excepción, pero tal categoría de trabajadores no es mencionada en la nueva ley.

En estos casos los horarios podrán excederse de los límites establecidos para la jornada diaria o semanal, con la condición de que la jornada diaria no exceda de 11 horas de trabajo, que el total de horas trabajadas en un período de 8 semanas no exceda en promedio de 40 horas por semana, y que el trabajador disfrute de 2 días de descanso continuos y remunerados cada semana. Esto representa una reducción significativa, porque bajo la LOT estos trabajadores podían tener una jornada de 11 horas diarias (incluyendo 1 hora de descanso) durante 6 días a la semana.

 

2.4 Trabajo continuo por turnos. En estos casos se pueden exceder los límites diario y semanal de la jornada siempre que el total de horas trabajadas en un período de 8 semanas no exceda en promedio de 42 horas semanales. Las semanas que contemplen 6 días de trabajo generarán 1 día de disfrute adicional de vacaciones en el período vacacional de ese año.

 

2.5 Días feriados. La LOTTT añade 4 días feriados: Lunes y martes de carnaval y los días 24 y 31 de diciembre.

 

2.6 Horas extras. Se mantienen los límites de horas extras que establecía la LOT. Sin

embargo, el empleador que no lleve el registro de horas extras o cuyo registro no cumpla lo establecido en la LOTTT, sus reglamentos y resoluciones, se expone a que los alegatos del trabajador sobre las horas extras laboradas, la remuneración y beneficios sociales percibidos se presuman ciertos salvo prueba en contrario. De igual forma, el empleador que permita que se laboren horas extras sin la autorización de la Inspectoría del Trabajo, debe pagar el doble del recargo previsto en la LOTTT por este concepto. Finalmente, se establece que el salario de base para el pago de las horas extras será el salario normal de la respectiva jornada.

 

2.7 Vigencia. La jornada de trabajo establecida en la LOTTT entrará en vigencia al año de su promulgación. Durante este lapso las empresas deben organizar sus horarios con participación de los trabajadores y consignarán los horarios de trabajo en las Inspectorías del Trabajo de su jurisdicción, a los efectos de su aprobación y el sellado de los respectivos carteles.

 

2.8 Mantenimiento del salario. El salario de los trabajadores no podrá ser reducido en forma alguna como consecuencia de la reducción de la jornada de trabajo establecida en la LOTTT.

 

3. Tercerización.

La tercerización es definida en la LOTTT como la simulación o fraude cometido por el

empleador con la finalidad de desvirtuar, desconocer u obstaculizar la aplicación de la

legislación laboral. En específico, la LOTTT prohíbe la tercerización y no permite:

 

3.1 La contratación de empresas para ejecutar obras, servicios o actividades que sean de carácter permanente dentro de las instalaciones de la entidad contratante, relacionadas de manera directa con el proceso productivo de ésta, y sin cuya ejecución se afectarían o interrumpirían las operaciones de la contratante.

 

3.2 La contratación de trabajadores a través de intermediarios, para evadir las obligaciones derivadas de la relación laboral del contratante.

 

3.3 Las empresas creadas por el patrono para evadir sus obligaciones con los trabajadores.

 

3.4 Los contratos o convenios fraudulentos destinados a simular la relación laboral, mediante la utilización de formas jurídicas propias del derecho civil o mercantil.

 

3.5 Cualquier otra forma de simulación o fraude laboral.

Los empleadores incursos en tercerización tendrán hasta 3 años a partir de la promulgación de la LOTTT para absorber o contratar directamente a los trabajadores tercerizados. Sin embargo, mientras esto ocurra, dichos trabajadores gozarán de inamovilidad laboral (no podrán ser despedidos, trasladados ni desmejorados sin justa causa previamente calificada por el Inspector del Trabajo), y desde el 7 de mayo de 2012 deberán disfrutar de los mismos beneficios y condiciones de trabajo que el contratante o beneficiario final pague a sus propios trabajadores.

 

4. Estabilidad Laboral.

 

4.1 Se establece un régimen de estabilidad propia o absoluta, en virtud del cual los

trabajadores no pueden ser despedidos sin justa causa. De esta forma, los despidos

injustificados son nulos y obligan al empleador a reenganchar al trabajador con el pago de los salarios caídos, salvo que el trabajador renuncie a su derecho al reenganche y, en su lugar, acepte recibir una indemnización adicional equivalente al monto de sus prestaciones sociales (un pago doble o “doblete”).

 

4.2 El empleador debe participar el despido al Juzgado del Trabajo, indicando las causas que lo motivaron, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha del despido.

 

4.3 El trabajador tiene 10 días hábiles desde la fecha del despido para solicitar su

reenganche por ante el Juzgado del Trabajo. Si no lo hace, el trabajador pierde su derecho al reenganche pero tiene derecho al pago de los conceptos que le correspondan en su condición de trabajador.

 

4.4 Están protegidos por la estabilidad laboral todos los trabajadores, salvo: (i) los

empleados de dirección; y (ii) los trabajadores contratados por tiempo indeterminado,

durante su primer mes de servicio. Los trabajadores contratados por tiempo determinado o para una obra determinada tienen estabilidad laboral hasta que venza el término o finalice la obra para la que fueron contratados.

 

4.5 Si la orden de reenganche que emita el Juzgado del Trabajo queda definitivamente firme y no es cumplida voluntariamente por el empleador, el tribunal puede ejecutarla forzosamente y el empleador quedar expuesto a ser sancionado penalmente por el delito de desacato a la autoridad judicial.

 

5. Inamovilidad o Fuero Sindical.

La LOTTT no deroga el Decreto del Ejecutivo Nacional sobre inamovilidad laboral especial, que en principio estará en vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012. Aparte de regular los supuestos de inamovilidad ya existentes, la LOTTT otorga inamovilidad permanente a los trabajadores que tengan hijos con alguna discapacidad o enfermedad que les impida o dificulte valerse por sí mismos, y extiende de 1 a 2 años la inamovilidad del padre y madre, a partir de la fecha del nacimiento de su hijo (esta inamovilidad también se extiende al período de gestación para ambos padres). Los trabajadores protegidos por inamovilidad o fuero sindical no pueden ser despedidos, trasladados ni desmejorados sin justa causa previamente calificada por el Inspector del Trabajo.

 

Adicionalmente a lo anterior:

 

5.1 Se simplifica el procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos o restitución de derechos. El Inspector del Trabajo toma su decisión antes de notificar al empleador, el cual se entera del procedimiento y de la decisión al momento de su ejecución. Durante la ejecución de la decisión, el empleador puede oponerse y promover pruebas. El funcionario del trabajo suspenderá la ejecución cuando surjan dudas sobre la existencia de la relación de trabajo, y en ese caso abrirá un lapso probatorio. La decisión del Inspector del Trabajo es inapelable y agota la vía administrativa. Si la decisión acuerda el reenganche, la misma no se podrá impugnar ante los tribunales hasta que conste el cumplimiento efectivo del reenganche y la restitución de la situación jurídica del trabajador.

5.2 Para ejecutar la orden de reenganche y restitución, el funcionario del trabajo podrá solicitar el apoyo de las fuerzas de orden público, y si persiste la resistencia del empleador, su representante o persona responsable del desacato u obstaculización será puesto a la orden del Ministerio Público para su presentación ante la autoridad judicial correspondiente.

 

6. Salario.

6.1 Se elimina la figura del salario de eficacia atípica.

6.2 Al igual que la LOT, la LOTTT dispone que los subsidios o facilidades otorgados por el empleador para mejorar la calidad de vida del trabajador y de su familia tienen carácter salarial. Sin embargo, existen decisiones en sentido contrario, indicando que tales subsidios o facilidades no forman parte del salario, de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, interpretando la norma de la LOT.

6.3 Se ratifica que el beneficio de alimentación otorgado en cumplimiento de la ley especial en la materia (la Ley de Alimentación para los Trabajadores y las Trabajadoras) no tiene carácter salarial.

6.4 Se omite la disposición transitoria de la LOT que disponía el carácter no salarial de los comisariatos o casas de abasto, aportes patronales para el fomento del ahorro de los trabajadores, servicios de salud o educación y comedores, previstos en convenciones colectivas de trabajo.

 

7. Recibos de pago.

Se obliga al empleador a emitir recibos de pago a los trabajadores, cada vez que pague salarios y beneficios, detallando los conceptos, montos y deducciones. El incumplimiento de esta obligación hará presumir como cierto, salvo prueba en contrario, el salario alegado por el trabajador, sin perjuicio de las sanciones establecidas en la LOTTT.

 

8. Contratos de trabajo.

 

8.1 Cuando no exista contrato escrito se presumirán ciertas las afirmaciones que haga el trabajador sobre su contenido, salvo prueba en contrario.

8.2 El patrono debe dejar constancia de la fecha y hora de haber entregado al trabajador su ejemplar del contrato de trabajo, en un libro que deberá llevar al efecto.

8.3 El patrono deberá conservar su ejemplar del contrato de trabajo desde el inicio de la relación de trabajo hasta que prescriban las acciones derivadas de ella.

8.4 Se reduce de 3 a 1 año la duración máxima de los contratos de trabajo por tiempo determinado.

8.5 Se eleva de 1 a 3 meses el tiempo que debe mediar entre el fin de un contrato de trabajo por tiempo determinado u obra determinada y el inicio de otro, entre las mismas partes, para que se entienda que son dos relaciones diferentes.

8.6 Se enfatiza el carácter excepcional de los contratos de trabajo por tiempo determinado y por una obra determinada. Además de los tres casos que ya establecía la LOT, la nueva ley agrega que se puede celebrar un contrato por tiempo determinado cuando no haya terminado la labor para la que fue contratado el trabajador y se siga requiriendo de los servicios. Es nulo el contrato de trabajo por tiempo determinado celebrado fuera de los supuestos que la ley establece.

 

9. Suspensión de la relación de trabajo.

9.1 Se agregan como causas de suspensión de la relación de trabajo la licencia de paternidad, el cumplimiento del servicio civil y el permiso para el cuidado del cónyuge, ascendientes y descendientes hasta el primer grado de consanguinidad, en caso de necesidad y por el tiempo acordado entre las partes. Además se aclara que la privación de libertad del trabajador suspende la relación de trabajo hasta que se dicte sentencia condenatoria.

9.2 En la causal de suspensión de la relación de trabajo por caso fortuito o fuerza mayor, se añade que se requiere solicitar autorización a la Inspectoría del Trabajo dentro de las 48 horas siguientes a la ocurrencia de los hechos que ameritan la suspensión, y que ésta no podrá exceder de 60 días.

9.3 En todos los casos de suspensión continúa acumulándose la antigüedad del trabajador.

9.4 Cuando la suspensión de la relación de trabajo sea por accidente o enfermedad, el empleador deberá pagar la diferencia entre el salario del trabajador y lo que pague el Seguro Social. En caso de que el trabajador no esté afiliado al Seguro Social por responsabilidad del empleador, éste pagará la totalidad del salario del trabajador.

9.5 Durante la suspensión, el empleador deberá continuar cumpliendo las obligaciones relativas a:

– Dotación de vivienda y alimentación, en cuanto fuera procedente;

– Las cotizaciones establecidas por el Sistema de Seguridad Social;

– Las obligaciones pactadas en las convenciones colectivas de trabajo para estos casos; y

– Las que establezcan los reglamentos y resoluciones de la LOTTT por razones de justicia social; y

9.6 Durante la suspensión, se prohíbe el despido, traslado o desmejora del trabajador sin justa causa previamente calificada por el Inspector del Trabajo.

 

10. Sustitución del patrono.

10.1 No se considera sustitución del patrono cuando el Estado adquiere forzosamente los bienes de una empresa después del cierre de la misma para reactivar la actividad económica y productiva, independientemente de que ello ocurra con los mismos trabajadores y con las mismas instalaciones.

10.2 Se aclara que la sustitución del patrono debe ser notificada a los trabajadores, al sindicato y al Inspector del Trabajo, antes de que ella se produzca. Sin embargo, no se establecen plazos para estas notificaciones.

10.3 El plazo que tiene el trabajador para retirarse justificadamente en caso de una sustitución del patrono que considera inconveniente a sus intereses, se incrementa de 1 mes a 3 meses.

10.4 La responsabilidad solidaria del patrono sustituido por las obligaciones nacidas antes de la sustitución se extiende de 1 a 5 años.

 

11. Vacaciones.

11.1 La LOTTT no menciona que el trabajador pueda prestar servicios durante los días adicionales de disfrute de vacaciones que le corresponden en razón de su antigüedad a partir del segundo año de servicio, como si lo hacía la LOT.

11.2 Se reduce de 6 a 3 meses el plazo en el cual deben disfrutarse las vacaciones (contados a partir de la fecha en que nace el derecho), salvo los casos de acumulación y diferimiento de vacaciones.

11.3 El trabajador puede diferir o adelantar el disfrute de su vacación, a los fines de hacerlas coincidir con las vacaciones escolares.

11.4 La acumulación de vacaciones sólo se permite para disfrutar en conjunto hasta 2 períodos anuales (en la LOT se permitía el disfrute conjunto de hasta 3 períodos).

11.5 La vacación fraccionada y el bono vacacional fraccionado pasan a ser derechos adquiridos que se pagan independientemente de la causa por la que termine la relación de trabajo.

11.6 El bono vacacional mínimo (del primer año) es ahora de 15 días de salario normal en lugar de 7, incrementándose en 1 día por cada año sucesivo hasta un máximo de 30 días, en lugar del máximo de 21 que preveía la LOT.

11.7 La vacación debe pagarse con el salario normal del mes efectivo inmediato anterior al disfrute, o con el promedio del salario normal de los 3 meses inmediatos anteriores al disfrute en caso de salario por unidad de obra, pieza, destajo o comisión.

11.8 La nueva ley no establece sanción para el trabajador que labora para otro en vacaciones.

11.9 La suspensión del disfrute de la vacación requiere autorización del Inspector del Trabajo.

 

12. Utilidades.

12.1 Se mantienen la obligación de distribuir anualmente entre los trabajadores el 15% de los beneficios líquidos de la empresa, y el límite máximo de 4 meses de salario por trabajador.

12.2 Sin embargo, se eleva la garantía mínima anual para cada trabajador, de 15 a 30 días de salario (bonificación de fin de año).

12.3 Se elimina el límite máximo anual de 2 meses de salario por trabajador para empresas con menos de 50 trabajadores o hasta Bs. 1.000 de capital. Estas empresas ahora aplicarán el límite de 4 meses de salario al año por trabajador.

 

13. Protección de la familia.

13.1 El fuero maternal se extiende desde el embarazo hasta 2 años luego del nacimiento del hijo. Se otorga fuero paternal por el mismo período.

13.2 El descanso post natal para la madre se eleva de 12 a 20 semanas, mientras que el prenatal se mantiene en 6 semanas.

13.3 Se ratifica el descanso paternal de 14 días continuos contados a partir del nacimiento del hijo, previsto en la Ley para la Protección de las Familias, la Maternidad y la Paternidad.

13.4 Se mantienen los 2 descansos diarios por lactancia materna. Éstos serán de: (i) ½ hora cada uno si el empleador cuenta con un centro de educación inicial o sala de lactancia; o de (ii) 1 ½ horas cada uno en caso contrario.

 

14. Sanciones pecuniarias (multas).

14.1 De 30 a 60 Unidades Tributarias (“UT”):

– Infracción en la forma de pago del salario;

– Infracción en los anuncios sobre horarios;

– Infracción a los límites de la jornada de trabajo;

– Infracción de las disposiciones sobre modalidades especiales de condiciones de trabajo;

– Infracción a las disposiciones sobre trabajadores extranjeros;

– Infracción por acoso laboral o acoso sexual. Sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que tenga derecho el trabajador.

14.2 De 60 a 120 UT:

– Infracción a la normativa sobre alimentación y centros de educación inicial;

– Infracción a la normativa sobre participación en los beneficios;

– Infracción a la inamovilidad laboral;

– Desacato a una orden del funcionario del trabajo.

14.3 De 120 a 360 UT:

– Infracción al salario mínimo o la oportunidad de pago del salario y las vacaciones;

– Infracción a las disposiciones protectoras de la maternidad, la paternidad y la familia;

– Infracción por fraude o simulación de la relación de trabajo;

– Infracción a las garantías a la libertad sindical;

– Infracción a las garantías a la negociación colectiva.

 

15. Sanciones penales (arresto).

Las sanciones de arresto se elevan de 20 días (como máximo) en la LOT, a 15 meses (como máximo) en la nueva ley. Se pueden imponer al empleador que:

15.1 Desacate una orden de reenganche de un trabajador amparado por fuero sindical o inamovilidad laboral;

15.2 Incurra en violación del derecho a huelga;

15.3 Incumpla u obstruya la ejecución de los actos emanados de las autoridades administrativas del trabajo; y

15.4 De manera ilegal e injustificada cierre la fuente de trabajo.

16. Nuevo procedimiento especial de reclamos ante la Inspectoría del Trabajo

La nueva ley establece un procedimiento especial mediante el cual un trabajador o grupo de trabajadores puede formular reclamaciones contra su empleador sobre cuestiones de hecho por ante la Inspectoría del Trabajo competente. Si no hay acuerdo entre las partes en la audiencia de reclamo (donde el funcionario del trabajo deberá mediar y conciliar las posiciones de las partes), el empleador debe contestar la reclamación y la Inspectoría tomar una decisión al respecto. Los lapsos del procedimiento son breves. Si el empleador no comparece a la audiencia de reclamo se presume que admite los hechos alegados por el trabajador en la medida en que la petición no sea contraria a derecho. Si el empleador no contesta la reclamación oportunamente la misma se tendrá como cierta. La decisión del Inspector del Trabajo solamente es recurrible por la vía judicial siempre que el Inspector del Trabajo certifique previamente el cumplimiento de la decisión. Las reclamaciones sobre cuestiones de derecho continúan a cargo de los Tribunales del Trabajo. Existen algunas dudas sobre este nuevo procedimiento, que deberán ser aclaradas en el tiempo por los tribunales.

 

17. Consejos de Trabajadores.

17.1 Serán regulados por ley especial.

17.2 Tendrán atribuciones distintas a las de los sindicatos.

17.3 Se consideran “expresiones del Poder Popular para la participación protagónica en el proceso social de trabajo, con la finalidad de producir bienes y servicios que satisfagan las necesidades del pueblo.”

 

18. Relaciones colectivas de trabajo.

18.1 Habrá un Registro Nacional de Organizaciones Sindicales (comienza en enero de 2013).

18.2 Los sindicatos deben adecuar sus estatutos a la nueva ley antes del 31 de diciembre de 2013.

18.3 Se puede negar el registro de un sindicato si en la junta directiva provisional se incluyen personas que durante el último año: (i) fueron inhabilitadas para la reelección por no rendir cuentas de la administración de fondos sindicales, o (ii) pertenecieron a la junta directiva de otra organización sindical cuyo periodo venció y no han convocado a elecciones sindicales.

18.4 Si existe un solo sindicato en la empresa, él obligará al empleador a negociar colectivamente, aunque no represente a la mayoría de los trabajadores.

18.5 La negociación de una convención colectiva de trabajo a nivel descentralizado puede durar hasta 180 días, aunque las partes pueden prorrogar este plazo. La negociación de una convención colectiva de trabajo bajo una Reunión Normativa Laboral puede durar hasta 120 días, aunque su duración también puede ser objeto de prórrogas.

18.6 La nueva ley no contempla expresamente la posibilidad de excluir a los trabajadores de dirección o confianza de la aplicación de una convención colectiva de trabajo.

FUENTE: Informe Baker & McKenzie

 

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http://www.rbrabogados.com.ve/pdf/leyorgajurconad.pdf

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Fuente: Tribunal Supremo de Justica

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Caracas, 18 de marzo de 2009
198° y 150°

RESOLUCIÓN N° 2009-0006

El Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 267 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con las previstas en los artículos 1 y
20 in fine de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo,

CONSIDERANDO
Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 26 y 257 prevén el acceso a los órganos de administración de justicia como mecanismo que garantiza la tutela judicial efectiva, con omisión de las formalidades no esenciales al proceso.

CONSIDERANDO
Que los Juzgados de Primera Instancia con competencia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito en la República están experimentando un exceso de trabajo como consecuencia, entre otros aspectos, de la falta de revisión y ajuste de la competencia por la cuantía desde hace muchos años; por el conocimiento de los asuntos de Familia en los que no intervienen Niños, Niñas y Adolescentes; como consecuencia de la eliminación de los Juzgados de Parroquia, lo que incrementó su actuación como Juzgado de Alzada; y, muy especialmente, como consecuencia del gran número de asuntos de jurisdicción voluntaria y no contenciosa
que les son requeridos, lo cual atenta contra la eficacia judicial, privando a los justiciables de la obtención de
una verdadera tutela judicial efectiva que impone un Estado social de derecho y de justicia.

CONSIDERANDO
Que los Juzgados de Municipio, cuya cantidad se incrementó con ocasión de la supresión de los Juzgados de Parroquia, conocen de un número de asuntos que se han reducido considerablemente, evidenciándose en la actualidad un claro desequilibrio de la actividad jurisdiccional que desarrollan respecto a los Juzgados de Primera Instancia.

CONSIDERANDO
Que el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los tribunales de jurisdicción ordinaria tendrán competencia en todas las materias, a menos que le Ley disponga otra cosa, siendo tribunales de jurisdicción ordinaria, conforme al artículo 61 eiusdem, las Cortes de Apelaciones, los Tribunales Superiores, los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados de Municipio.

CONSIDERANDO
Que el artículo 11 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, en sus ordinales 10 y 11, cuyas funciones ejerce este Tribunal Supremo de Justicia según sentencia N° 1586 del 12 de junio del 2003, emanada de su Sala Constitucional, dado que el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reserva al Tribunal Supremo de Justicia, la dirección, gobierno y administración del Poder Judicial, siendo de su competencia crear circuitos judiciales, tribunales ordinarios y especiales; suprimir los ya existentes cuando así se requiera, especializar o no su competencia y convertir los tribunales unipersonales en colegiados; así como, establecer y modificar la competencia de los tribunales en razón del territorio y de la cuantía, y la modificación de las cuantías previstas, en el Código de Procedimiento Civil.

CONSIDERANDO
Que conforme a lo dispuesto en el artículo 18, segundo aparte, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, los recursos que se interpongan ante ésta, han de exceder de la suma de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.), lo cual ha generado una situación anómala dentro del sistema procesal venezolano, dado que, tradicionalmente, la cuantía de los Juzgados de Primera Instancia con competencia en lo Civil y Mercantil era la misma que daba acceso al recurso de casación civil, lo cual ha dejado de ser así, pues la competencia por la cuantía de estos últimos se mantiene todavía en una suma que sea superior a cinco
mil bolívares (Bs. 5.000,00).

CONSIDERANDO
Que según las estadísticas disponibles, los Juzgados de Primera Instancia con competencia en lo Civil, Mercantil y Tránsito, cuya ubicación suele estar en las capitales de los estados, agotan buena parte de sus recursos disponibles atendiendo asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa, tales como inspecciones, notificaciones, evacuación de títulos supletorios, justificativos de perpetua memoria, títulos supletorios, rectificaciones de actas y partidas, solicitudes de divorcio o separaciones de cuerpo amigables, entre otros asuntos de semejante naturaleza.

CONSIDERANDO
Que la gran mayoría de esos asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa, constituyen un importante número de asuntos que afectan a los justiciables en las distintas zonas del país, quienes a pesar de tener un Juzgado de Municipio cerca en su localidad, deben trasladarse a las respectivas capitales para su evacuación, lo que afecta la eficiente administración de justicia y dificulta el derecho constitucional de los justiciables para acceder a la función jurisdiccional.

CONSIDERANDO
Que resulta impostergable la toma de medidas y ajustes que permitan redistribuir de manera más eficiente entre los jueces ordinarios la función jurisdiccional, garantizando el mayor acceso posible de los justiciables a la justicia, asegurando su eficacia y transparencia.

RESUELVE

Artículo 1.- Se modifican a nivel nacional, las competencias de los Juzgados para conocer de los asuntos en materia Civil, Mercantil y Tránsito, de la siguiente manera:

a) Los Juzgados de Municipio, categoría C en el escalafón judicial, conocerán en primera instancia de los asuntos contenciosos cuya cuantía no exceda de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.).

b) Los Juzgados de Primera Instancia, categoría B en el escalafón judicial, conocerán en primera
instancia de los asuntos contenciosos cuya cuantía exceda las tres mil unidades tributarias (3.000
U.T.).

A los efectos de la determinación de la competencia por la cuantía, en todos los asuntos contenciosos cuyo valor sea apreciable en dinero, conste o no el valor de la demanda, los justiciables deberán expresar, además de las sumas en bolívares conforme al Código de Procedimiento Civil y demás leyes que regulen la materia, su equivalente en unidades tributarias (U.T.) al momento de la interposición del asunto.

Artículo 2.- Se tramitarán por el procedimiento breve las causas a que se refiere el artículo 881 del Código de Procedimiento Civil, y cualquier otra que se someta a este procedimiento, cuya cuantía no exceda de mil quinientas unidades tributarias (1.500 U.T.); asimismo, las cuantías que aparecen en los artículos 882 y 891 del mismo Código de Procedimiento Civil, respecto al procedimiento breve, expresadas en bolívares, se fijan en quinientas unidades tributarias (500 U.T.).

Artículo 3.- Los Juzgados de Municipio conocerán de forma exclusiva y excluyente de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa en materia civil, mercantil, familia sin que participen niños, niñas y adolescentes, según las reglas ordinarias de la competencia por el territorio, y en cualquier otro de semejante naturaleza. En consecuencia, quedan sin efecto las competencias designadas por textos normativos preconstitucionales. Quedando incólume las competencias que en materia de violencia contra la mujer tienen atribuida.

Artículo 4.- Las modificaciones aquí establecidas surtirán sus efectos a partir de su entrada en
vigencia y no afectará el conocimiento ni el trámite de los asuntos en curso, sino tan sólo en los asuntos
nuevos que se presenten con posterioridad a su entrada en vigencia.

Artículo 5.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Artículo 6.- Quedan sin efectos las competencias establecidas en el DECRETO PRESIDENCIAL Nº
1029 de fecha 17 de enero de 1996 y la RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Nº 619 de
fecha 30 de enero de 1996, así cualquier otra disposición que se encuentre en contravención con la presente
Resolución.

Comuníquese y publíquese.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los
dieciocho (18) días del mes de marzo de dos mil nueve. Años: 198° de la Independencia y 150° de la
Federación.
La Presidenta,
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

El Primer Vicepresidente,
OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

El Segundo Vicepresidente,
LUIS ALFREDO SUCRE CUBA

Los Directores,
EVELYN MARRERO ORTIZ YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA
ELADIO RAMÓN APONTE APONTE

Los Magistrados,
FRANCISCO CARRASQUERO LÓPEZ
YOLANDA JAIMES GUERRERO
LUIS MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ
DEYANIRA NIEVES BASTIDAS
JUAN RAFAEL PERDOMO
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
LEVIS IGNACIO ZERPA
HADEL MOSTAFÁ PAOLINI
ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
CARLOS ALFREDO OBERTO VÉLEZ
BLANCA ROSA MÁRMOL DE LEÓN
ALFONSO VALBUENA CORDERO
EMIRO GARCÍA ROSAS
RAFAEL ARÍSTIDES RENGIFO CAMACARO
FERNANDO RAMÓN VEGAS TORREALBA
JUAN JOSÉ NÚÑEZ CALDERÓN
LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ
HÉCTOR CORONADO FLORES
LUIS EDUARDO FRANCESCHI GUTIÉRREZ
CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
MIRIAM DEL VALLE MORANDY MIJARES
ARCADIO DELGADO ROSALES

La Secretaria,
OLGA M. DOS SANTOS P

 

Agradecimiento al Distinguido Prof. Abog. Jesús Tadeo Jiménez por el Material.

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Luego de la revisión detallada de la Resolución Nº 2009-0006, dictada por el Tribunal Supremo de Justicia en fecha 18 de Marzo de 2009, referida a las nuevas competencias a nivel nacional de los Tribunales Civiles, se pueden resaltar las siguientes:

LOS JUZGADOS DE MUNICIPIO CONOCERÁN:

1.- De todas aquellas causas que no excedan las tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.)  -(Bs.165.000,00).

2.- En forma exclusiva y excluyente de todos aquellos asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa en materia Civil, Mercantil y Familia sin inclusión de niños, niñas o adolescentes:

Ejemplo:
* Separación de cuerpos y/o divorcio por mutuo consentimiento, incluyendo la conocida figura 185-A.

* Inspecciones Judiciales y Notificaciones.

* Solicitud de Justificativos de Perpetua Memoria.

* Rectificaciones de actas y partidas.

LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA CONOCERÁN:

1.- De todas aquellas causas que excedan las tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.)  +(Bs.165.000,00).

Así mismo, en lo que respecta al PROCEDIMIENTO BREVE, establecido en el artículo 881 del Código de Procedimiento Civil, se han efectuado las siguientes regulaciones:

1.- Se tramitarán por el procedimiento breve aquellas causas a que se refiere el artículo 881 del C.P.C. y que no excedan las mil quinientas unidades tributarias (1.500 U.T.) -(Bs.82.500,00).

2.- El interesado podrá interponer la demanda verbalmente ante la secretaria del Juzgado y sin necesidad de estar asistido de abogado, si el asunto no excede las quinientas unidades tributarias (500 U.T.) -(Bs.27.500,00) (Art.882 CPC).

3.- En este procedimiento, sólo serán apelables las sentencias definitivas cuyo asunto fuere mayor a las quinientas unidades tributarias (500 U.T.) +(Bs.27.500,00) (Art.891 CPC).

Finalmente se señala que las modificaciones entrarán en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial y sólo afectarán a los asuntos nuevos, puesto que aquellos que se encuentren en curso seguirán su trámite previo a la resolución, derogando igualmente cualquier disposición que se encuentre en contravención a lo resuelto.

Agradecimiento al Profesor Venezolano Juan Carlos Toloza Marin (AUTOR)

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Miércoles, 30 de Abril de 2008
 
Sentencia publicada el pasado 15 de abril
Con lugar recurso contencioso electoral de abstención o carencia contra el CNE
 
Ver Sentencia
 
 
Precisó la Sala Electoral que el Consejo Nacional Electoral al no responder a una solicitud hecha por un grupo de ciudadanos, “les ha lesionado su esfera jurídica subjetiva, puesto que vulneró el derecho de petición y oportuna respuesta, previsto en el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.”  

 

            La Sala Electoral, con ponencia del magistrado Juan José Núñez Calderón, declaró con lugar el recurso contencioso electoral de abstención o carencia ejercido por Franco Casella Lovaton, Pedro Montoya Gavidia, Osman Hutson Rosas, Nelson Ramírez Zabala y Víctor Rocha Laporta, contra el CNE, por lo que se ordenó al máximo órgano comicial que en un lapso no mayor de 10 días hábiles de la Administración siguientes a la notificación de esta sentencia –publicada el pasado 15 de abril-, “proceda a pronunciarse sobre los lineamientos y el procedimiento a seguir para activar una Asamblea Nacional Constituyente, formulada por los mencionados solicitantes”, precisó la sentencia.

            Sobre el presente caso, el 26 de octubre de 2007 los mencionados ciudadanos interpusieron un recurso por abstención o carencia contra el Consejo Nacional Electoral, debido a la desatención o ausencia de respuesta de unas peticiones realizadas al máximo órgano comicial del país.

            Las solicitudes hechas al CNE son la realizada el 20 de septiembre de 2007, mediante la cual solicitaron que le fueran proporcionados los lineamientos y el procedimiento respectivo a seguir para, por iniciativa popular, activar una Asamblea Nacional Constituyente de conformidad con lo establecido en la Constitución y en las leyes que rigen la materia; además, el recurso de reconsideración ejercido el 08 de octubre de 2007, a través del cual reiteraron ante la Presidencia del órgano rector del Poder Electoral, su voluntad de recolectar las firmas a que se refiere el artículo 348 de la Carta Magna para impulsar una Asamblea Nacional Constituyente.   

           

PRONUNCIAMIENTO DE LA SALA ELECTORAL

            Al estudiar el presente caso, la Sala Electoral recordó que el recurso contencioso electoral por abstención o carencia, a tenor de lo establecido en los artículos 236 y siguientes de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, es el mecanismo procesal idóneo para impugnar en sede jurisdiccional omisiones o carencias de naturaleza electoral cuyo cumplimiento corresponde a la Administración Electoral por mandato legal.

            Precisó la Sala que la pretensión de la parte solicitante al interponer la referida acción, siempre deberá estar orientada a que se le ordene a la Administración cumplir con una conducta o acto que, a manera de obligación, le ha impuesto la legislación y que ha omitido o se ha negado a cumplirla ante una petición; de modo que su procedencia está sujeta a que se haya configurado una “omisión”,  “inactividad” o “negativa” frente a alguna solicitud que se formule a la Administración por su falta de respuesta, vulnerado con ello el derecho de petición que consagra el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

            Tal obligación, señala la sentencia de la Sala Electoral, encuentra fundamento en la previsión contenida en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en el que se establece el deber de la Administración de “…resolver las instancias o peticiones que se les dirijan o bien declarar, en su caso, los motivos que tuvieren para no hacerlo”.

            La Sala Electoral indicó en su dictamen que conforme a lo previsto en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, aplicable de modo  supletorio por remisión expresa del artículo 233 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, “[a] falta de disposición expresa toda petición, representación o solicitud de naturaleza administrativa dirigida por los particulares a los órganos de la Administración Pública y que no requiera sustanciación, deberá ser resuelta dentro de los veinte (20) días siguientes a su presentación o a la fecha posterior en que el interesado hubiere cumplido los requisitos legales exigidos”

            Se aprecia, subrayó la Sala, que la Administración Electoral dispone de 20 días hábiles, contados a partir de la solicitud presentada por los recurrentes el 20 de septiembre de 2007, a objeto de que se pronunciara sobre cuáles son los lineamientos y el procedimiento a seguir para activar una Asamblea Nacional Constituyente, toda vez que el órgano rector del Poder Electoral tiene el deber de darle respuesta tramitándola y decidiéndola, de manera adecuada y oportuna, garantizando en todo momento el respeto del derecho de petición.

            Sin embargo la Sala del TSJ evidenció que en el presente caso, hasta la presente fecha, cuando ha transcurrido un poco mas de 6 meses desde la formulación de dicha solicitud, el referido Órgano Electoral no ha emitido un pronunciamiento al respecto, limitándose la representación judicial del Consejo Nacional Electoral a señalar que “[r]esulta evidente según sus propios dichos que los hoy recurrentes introdujeron un escrito ante el Consejo Nacional Electoral, del cual no es posible establecer si se trata de una ‘solicitud’ (de primer grado), o si por el contrario se trata de una actuación dentro de ‘un recurso de reconsideración’ (de segundo grado); siendo que de este último además sólo se hace una mención genérica, por lo cual no es posible establecer de qué recurso, por ante cual (sic) autoridad, bajo cuales circunstancias se trata, a los fines de establecer que (sic) es lo que se requiere de la Administración Electoral, si es que se trata de la Administración Electoral a quien se refiere respecto al conocimiento ‘de un recurso de reconsideración’…”

            Resulta claro, indicó la Sala Electoral, que el objeto del recurso de reconsideración interpuesto el 08 de octubre de 2007 no era otro que ratificar o reiterar la solicitud original efectuada ante el CNE el 20 de septiembre de 2007, respecto a cuáles son los lineamientos y el procedimiento a seguir para activar una Asamblea Nacional Constituyente, principalmente, en virtud de que no existe un acto administrativo expreso ni tácito que pudiera ser impugnado a través del mencionado “recurso de reconsideración”, de allí que juzgue este órgano jurisdiccional que el error en la calificación de la segunda petición, por parte de los recurrentes, no es óbice para que la Administración Electoral cumpla su obligación legal de dar respuesta.

            Concluyó la Sala que el Consejo Nacional Electoral al no responder a Franco Casella Lovaton, Pedro Montoya Gavidia, Osman Hutson Rosas, Nelson Ramírez Zabala y Víctor Rocha Laporta, “les ha lesionado su esfera jurídica subjetiva, puesto que vulneró el derecho de petición y oportuna respuesta, previsto en el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.”

            En vista de la situación la Sala Electoral para garantizar el restablecimiento de la situación jurídica subjetiva lesionada, ordenó al CNE que en un lapso no mayor de 10 días hábiles de la Administración siguientes a la notificación de esta sentencia, proceda a pronunciarse sobre los lineamientos y el procedimiento a seguir para activar una Asamblea Nacional Constituyente, formulada por los mencionados solicitantes.

 

Autor:
  PRENSA/TSJ
 
Fecha de Publicación:
  30/04/2008

 

 

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