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Posts Tagged ‘Sentencia’

             El pago esta constituido por diversos elementos:

1)  Una obligación válida:

 

El pago es el cumplimiento de una obligación válida, supone la existencia de esa obligación válida, pues si esta es nula o anulable, el deudor no esta obligado a realizar el pago, y en caso de efectuarlo salvo en los casos no permitidos por la ley, puede ejercer repetición.

Esa obligación válida consiste para la mayoría de la doctrina en obligaciones de dar y hacer y excluye a las de no hacer, porque en estas el deudor no desarrolla ninguna actividad, sino cumple la obligación no efectuando la conducta que le este prohibida. Tal criterio, de origen romano, no parece acertado, pues en nuestro concepto las obligaciones de no hacer también “se pagan” cuando el deudor deja de efectuar la actividad que se comprometió a no realizar: en las obligaciones de no hacer la abstención del deudor es la forma o manera de ejecutar la prestación a que tiene derecho el acreedor.

2)  La intención de extinguir la obligación, llamada también la intención de pagar:

Es el ánimo o deseo de extinguir la obligación por parte del deudor. Aparte del elemento material o ejecución de la prestación, debe existir el elemento intencional, que consiste en el ánimo o deseo de extinguir la obligación. Esto no significa que la falta de ese animo o deseo autorice al deudor a ejercer la repetición, pues si el acreedor recibe del deudor la prestación que fuere a titulo de pago, basta para que el deudor quede liberado de su obligación y no pueda repetir, aun cuando la prestación que hubiere ejecutado el deudor no la hubiese efectuado con animo de pagar. El deudor podría repetir solo si el y el acreedor está de acuerdo en que la prestación no sirva para extinguir la deuda sino para crear una nueva relación jurídica.

3)  Los sujetos del pago: el solvens o quien efectúa el pago que en general, pero no necesariamente, es el deudor y el accipiens o persona que recibe el pago, que generalmente, pero no necesariamente, es el acreedor.

EL SOLVENS

Como principio general, debemos señalar que la ley presume que el pago no es intuitu personae, pues el acreedor no le interesa que le pague determinada persona sino recibir la prestación a la que tiene derecho y que representa la ventaja patrimonial a la cual el aspira. Por consiguiente, el pago puede ser efectuado por el deudor, por toda persona o tercero interesado en efectuarlo y por un tercero no interesado, siempre que actúe en nombre y descargo del deudor o que si actúa en un propio nombre no se subrogue en los derechos del acreedor.

Como excepción al principio de que el pago puede ser efectuado por un tercero, interesado o no interesado, en las obligaciones de hacer, el legislador dispone que no se pueda cumplir por un tercero contra la voluntad del acreedor, cuando este tiene interés en que se cumpla por el mismo deudor.

En las obligaciones de dar, el legislador distingue especialmente cuando el pago consiste en transferir la propiedad de una cosa al acreedor, y dispone que el pago no es valido sino concurre dos condiciones, el solvens debe ser dueño de la cosa pagada y debe ser capaz de enajenarla.

Por lo que respecta a los efectos del pago efectuado por un tercero, la doctrina observa, primero, que el acreedor salvo en los casos señalados en la ley, no puede rechazar el pago del tercero. Segundo, el deudor no puede impedir el pago del tercero si el mismo no paga y tercero, el tercero no tiene derecho a pagar si el acreedor y el deudor concurren en rechazar su pago.

EL ACCIPIENS

El pago puede efectuarse a la persona que pueda o deba recibirlo, so pena de tener que pagar dos veces. Esas personas son el acreedor, la persona autorizada por el propio acreedor, por la autoridad judicial o por la ley. Excepcionalmente, el pago hecho a un tercero es valido cuando el acreedor ratifica ese pago o se aprovecha de él; o cuando el pago se efectúa de buena fe al poseedor del crédito, aun cuando este sufra posteriormente la evicción.

La doctrina estudia las personas que pueden recibir el pago desde un triple punto de vista.

Primero, el pago efectuado al propio acreedor. Se trata del pago efectuado al acreedor en persona. El acreedor será aquel que para el momento del pago tenia el respectivo derecho el crédito, es decir, aquel que para el momento del pago está investido de ese derecho de crédito, no importa que no se trate del acreedor original. Es igualmente acreedor el heredero del acreedor originario, por su respectiva cuota; el adjudicatario o cesionario, en el titulo nominativo; el endosatario, en el titulo a la orden, y el poseedor, en cualquier titulo al portador.

El pago será válido siempre que el acreedor sea persona capaz de recibirlo, pues si es incapaz, el pago no es válido, a menos que el deudor pruebe que la cosa pagada se ha convertido en utilidad del acreedor.

La necesidad de que el acreedor sea una persona capaz de recibirlo se explica porque toda aceptación de pago produce la enajenación del crédito al cual aquel se refería, y por lo tanto, la aceptación no pueda hacerse por quien no tenga el poder de enajenar. En todo caso, es necesario indagar si el accipiens tiene facultades de administración o de disposición ya que el cobro es un acto de administración y por lo tanto no pueden efectuarlo las personas que no tienen la administración de sus propios bienes, pudiendo efectuarlo quienes si tuvieren esa administración ya que existen, actos de cobro que constituyen verdaderos actos de enajenación como ocurre con el cobro de un capital.

Con respecto al pago hecho por el deudor al acreedor no obstante embargo de la deuda u oposición de terceros:

Según lo establece el artículo 1.289 del Código Civil Venezolano, es importante resaltar, que el pago efectuado por el deudor al acreedor habiendo embargo de la deuda u oposición de terceros en la forma prevista por la ley, no es valido respecto a los acreedores embargantes u oponentes, quienes pueden obligar al deudor a pagar de nuevo, salvo su recurso contra el acreedor.

Con respecto al pago efectuado al representante del acreedor:

La doctrina y la legislación distinguen tres tipos de representantes, El designado por el propio acreedor; dentro de estas personas están comprendidas las autorizadas convencionalmente por el acreedor en forma expresa o tacita. Será necesario, en las expresas, analizar el mandato otorgado para estimar sus alcances y poderes; en las tacitas será necesario  el análisis de las circunstancias concretas.

El designado por la ley que comprende a aquellas personas señaladas por la ley para recibir el pago por el acreedor; así tenemos: el padre, respecto al hijo en minoría de edad, el tutor, respecto del pupilo; el síndico, en las quiebras, etc.

El designado por la autoridad judicial que comprende aquellas personas señaladas por la autoridad judicial para recibir el pago, tales como el depositario de un derecho de crédito embargado.

Con respecto al pago efectuado a un tercero no autorizado y al acreedor putativo:

Estas hipótesis están contempladas en la segunda parte del articulo 1.286 del Código Civil venezolano, donde establece que el pago hecho a quien no estaba autorizado por el acreedor para recibirlo, es valido cuando este lo ratifica o se ha aprovechado de el. Y en el artículo 1.287 ejusdem, donde establece que el pago hecho de buena fe a quien estuviere en posesión del crédito, es valido, aunque el poseedor haya sufrido después evicción. Por acreedor putativo se entiende en la doctrina a la persona que estuviese en posesión del crédito y que por tal circunstancia pueda adquirir la cualidad de acreedor aparente, hasta tal punto que un deudor advertido y vigilante pueda caer en el error de creerlo el acreedor verdadero.

Es importante que el pago haya sido efectuado de buena fe.

4)           El objeto del pago: El Objeto del pago es la prestación debida; en principio, el deudor debe cumplir la prestación a la que se encuentra obligado.

En las obligaciones de dar, el deudor de un cuerpo cierto se libera entregando la cosa en el estado en que se encuentre en el momento del pago; a menos que, si se trata de una obligación contractual, se haya constituido en mora. Por el contrario, los riesgos están a cargo del deudor de una cosa genérica (Articulo 1.161 y 1.293 del Código Civil).

El deudor solo se libera cumpliendo con la prestación debida. Si la prestación consiste en una Dación, o sea, en una trasmisión de la propiedad, seguida de la entrega de la cosa; el acreedor tendría el derecho de rechazar cualquier otra cosa, incluso de más valor (Artículo 1.290 del Código Civil). Pero si el acreedor no puede ser obligado a recibir cosa distinta de la cosa debida, está en libertad para aceptarla; es la dación de pago.

Pago de la prestación debida:

 

 Tres principios rigen el pago:

a) el Solvens debe pagar lo debido.

b) Debe pagar todolo debido. Así pues, sin consentimiento del acreedor, aquel no podría dividir el pago, y debe abonar los gastos del mismo.

c) No debe pagar mas nada de lo debido. Si paga lo indebido, dispone de una acción de repetición (artículo 1.178 del Código Civil).

a)    El solvens debe pagar lo debido:

El Pago de las Obligaciones de Hacer y No Hacer: Cuando la prestación prometida consiste en un hecho positivo o negativo, el cumplimiento de esa prestación no suscita problemas particulares. El deudor, contractual o extracontractual, debe cumplir el hecho al que está obligado. Solamente cuando el deudor de un hecho positivo se negare al cumplimiento en especie, surgirá una cuestión delicada, la de determinar si el acreedor puede compelerlo a ello, y porque medios. Como observación general debe señalarse que también rigen los principios generales de integridad (artículo 1.291 del Código Civil) e identidad del pago (artículo 1.290 del Código Civil) señalados como de aplicación omnicomprensiva en todo tipo de obligación. Además, por lo que respecta a las obligaciones de hacer, el Código Civil dispone en su artículo 1.284: que si bien pueden ser cumplidas por un tercero, ello no puede efectuarse en contra de la voluntad del acreedor cuando este tiene interés en que se cumpla por el mismo deudor.

La regla vigente en materia de obligaciones de dar cosas in genere acerca de que el deudor no está obligado, al efectuar el pago, a entregar una cosa de la mejor calidad ni una de la peor (artículo 1.294 del Código Civil), es plenamente aplicable al pago de las obligaciones de hacer, cuando dicho pago consiste en el desarrollo por parte del deudor de una actividad o conducta no calificada por las partes. (A cuerpo cierto).

Por lo que respecta a las obligaciones de no hacer, la doctrina no desarrolla en general el pago de las mismas, porque consiste siempre para el deudor en abstenerse de efectuar la actividad o conducta que le está prohibida, y por lo tanto, no siendo susceptibles de cumplimiento diverso o parcial, no presentan efectos especiales que puedan derivarse de los principios de identidad e integridad del pago. Debe señalarse que en el pago de esta clase de obligaciones no se concibe que el deudor pueda incurrir en mora ya que jamás puede existir retardo en el cumplimiento, sino incumplimiento absoluto.

El Pago de las Obligaciones de Dar: La Obligación de dar es la obligación de transmitir la propiedad u otro derecho real. La obligación de entregar la cosa cuya propiedad se transmite no puede ser separada de aquella, por ser consecuencia necesaria.

Resulta más fácil compeler al cumplimiento en especie al deudor de una obligación de dar y de entregar que al de una obligación de hacer. Pero, en lo que concierne al objeto mismo del pago, se plantean algunos problemas que no se encuentran para las obligaciones de hacer o no hacer. Derivan de que el objeto del pago es una cosa material; más exactamente, la trasmisión de un derecho real y la entrega de la cosa material. La existencia de tal cosa es la que hace que surjan esos problemas.

Las reglas particulares del pago de las obligaciones de dar, prácticamente las del cumplimiento de una obligación de entrega, se precisa en el artículo 1285 del Código Civil. Hay que distinguir según que la cosa debida sea un cuerpo cierto o una cosa genérica (articulo 1.293 C.C.).

Se presenta un problema cuando, antes de ser entregada, la cosa debida perece o se deteriora fuera de toda culpa del deudorEl deudor de un cuerpo cierto se libera por la pérdida o deterioro de la cosa debida, a menos que haya sido constituido en mora, antes de entregar, cuando se trate de una obligación extracontractual (articulo 1293 C.C). El deudor de una cosa genérica no puede alegar la destrucción o el deterioro de la cosa: GeneraNon Pereunt.

b)    Principios Generales que rigen el Pago:

El pago de toda obligación (sea de dar, hacer o no hacer) está regido por dos principios generales admitidos por la doctrina, legislaciones y la jurisprudencia.

Principio de Identidad del PagoEl pago debe ser idéntico a la prestación debida, debe comprender dicha prestación y nada más que dicha prestación, por consiguiente: “No puede obligarse al acreedor a recibir una prestación o cosa distinta de la que se le debe, aunque el valor de la cosa sea igual o aun superior al de aquella” efecto admitido por nuestro legislador en él artículo 1290 del C.C. Igualmente, como consecuencia del principio de identidad del pago, este supone una prestación que no puede exceder a la prestación prometida porque en tal caso el deudor podría intentar la repetición de lo pagado (articulo 1178 C.C.).

 

Principio de Integridad del Pago: El pago debe ser completo, comprender toda la prestación debida, como consecuencia el deudor no puede pretender cumplir en parte la prestación prometida, de allí que no puede constreñir al acreedor a recibir en parte el pago de la deuda, aunque esta fuera divisible (artículo 1.291 del C.C.).

Este efecto es mejor conocido en doctrina por el “principio de la indivisibilidad del pago”. Principio que admite excepciones en las cuales se acepta el pago parcial, a saber:

a) Cuando se opone con éxito la compensación que extingue las acreencias hasta el momento en que concurre, y si existe un remanente a cargo del deudor, este queda obligado a pagárselo a la otra parte.

b) En caso de muerte del deudor de una obligación divisible, la deuda se divide por sus respectivas partes entre sus herederos, quienes solo quedan obligados a pagar su parte.

c) Cuando el pago parcial es aceptado por el acreedor.

d) En los casos en que una deuda es en parte liquida y en parte ilíquida.

En el caso de que la deuda fuera en parte liquida y en parte ilíquida, y si no se ha establecido que debe procederse de otra manera, el acreedor podrá exigir y el deudor hacer primero el pago de la parte liquida, antes de efectuarse el pago de la parte ilíquida. (Articulo 1292 C.C.)

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Gracias a Prof. Yelitza Barreto

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La Declaración de los derechos del hombre y el del ciudadano de 1789, inspirada en la declaración de independencia estadounidense de 1776 y en el espíritu filosófico del siglo XVIII, marca el fin del Antiguo Régimen y el principio de una nueva era.

Historia

La Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano es, junto con los decretos del 4 y el 11 de agosto de 1789 sobre la supresión de los derechos feudales, uno de los textos fundamentales votados por la Asamblea nacional constituyente formada tras la reunión de los Estados Generales durante la Revolución Francesa.

El principio de base de la Declaración fue adoptado antes del 14 de julio de 1789 y dio lugar a la elaboración de numerosos proyectos. Tras largos debates, los diputados votaron el texto final el día 26 de agosto.

En la declaración se definen los derechos “naturales e imprescriptibles” como la libertad, la propiedad, la seguridad, la resistencia a la opresión. Asimismo, reconoce la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y la justicia. Por último, afirma el principio de la separación de poderes.

El Rey Luis XVI la ratificó el 5 de octubre, bajo la presión de la Asamblea y el pueblo, que había acudido a Versalles. Sirvió de preámbulo a la primera constitución de la Revolución Francesa, aprobada en 1791.

La Declaración de 1789 inspirará, en el siglo XIX, textos similares en numerosos países de Europa y América Latina. La tradición revolucionaria francesa está también presente en la Convención Europea de Derechos Humanos firmada en Roma el 4 de noviembre de 1950.

Texto

Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano (26 de agosto de 1789)

Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer, en una declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, a fin de que esta declaración, constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes; a fin de que los actos del poder legislativo y del poder ejecutivo, al poder cotejarse a cada instante con la finalidad de toda institución política, sean más respetados y para que las reclamaciones de los ciudadanos, en adelante fundadas en principios simples e indiscutibles, redunden siempre en beneficio del mantenimiento de la Constitución y de la felicidad de todos.

En consecuencia, la Asamblea nacional reconoce y declara, en presencia del Ser Supremo y bajo sus auspicios, los siguientes derechos del hombre y del ciudadano:

Artículo primero.- Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común.

Artículo 2.La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.

Artículo 3.El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación. Ningún cuerpo, ningún individuo, pueden ejercer una autoridad que no emane expresamente de ella.

Artículo 4.La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no perjudique a otro: por eso, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. Tales límites sólo pueden ser determinados por la ley.

Artículo 5.La ley sólo tiene derecho a prohibir los actos perjudiciales para la sociedad. Nada que no esté prohibido por la ley puede ser impedido, y nadie puede ser constreñido a hacer algo que ésta no ordene.

Artículo 6.La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a contribuir a su elaboración, personalmente o por medio de sus representantes. Debe ser la misma para todos, ya sea que proteja o que sancione. Como todos los ciudadanos son iguales ante ella, todos son igualmente admisibles en toda dignidad, cargo o empleo públicos, según sus capacidades y sin otra distinción que la de sus virtudes y sus talentos.

Artículo 7.Ningún hombre puede ser acusado, arrestado o detenido, como no sea en los casos determinados por la ley y con arreglo a las formas que ésta ha prescrito. Quienes soliciten, cursen, ejecuten o hagan ejecutar órdenes arbitrarias deberán ser castigados; pero todo ciudadano convocado o aprehendido en virtud de la ley debe obedecer de inmediato; es culpable si opone resistencia.

Artículo 8.La ley sólo debe establecer penas estricta y evidentemente necesarias, y nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley establecida y promulgada con anterioridad al delito, y aplicada legalmente.

Artículo 9.Puesto que todo hombre se presume inocente mientras no sea declarado culpable, si se juzga indispensable detenerlo, todo rigor que no sea necesario para apoderarse de su persona debe ser severamente reprimido por la ley.

Artículo 10.Nadie debe ser incomodado por sus opiniones, inclusive religiosas, a condición de que su manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley.

Artículo 11.La libre comunicación de pensamientos y de opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre; en consecuencia, todo ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente, a trueque de responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley.

Artículo 12.La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita de una fuerza pública; por lo tanto, esta fuerza ha sido instituida en beneficio de todos, y no para el provecho particular de aquellos a quienes ha sido encomendada.

Artículo 13.Para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de administración, resulta indispensable una contribución común; ésta debe repartirse equitativamente entre los ciudadanos, proporcionalmente a su capacidad.

Artículo 14.Los ciudadanos tienen el derecho de comprobar, por sí mismos o a través de sus representantes, la necesidad de la contribución pública, de aceptarla libremente, de vigilar su empleo y de determinar su prorrata, su base, su recaudación y su duración.

Artículo 15.La sociedad tiene derecho a pedir cuentas de su gestión a todo agente público.

Artículo 16.Toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución.

Artículo 17.Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, salvo cuando la necesidad pública, legalmente comprobada, lo exija de modo evidente, y a condición de una justa y previa indemnización.

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Calculo de la concepción  /NACIMIENTO: 15/10/2002

14/12 14/1 14/2 14/3 14/4 14/5 14/6 14/7 14/8 14/9 14/10

_I______I____I___I____I___I___I____I____I___I___I__

 0     30    60  90   120  150  180   210   240  270  300

(121 DIAS  CONCEPCION) 

 (180 DIAS TERMINO MINIMO DE GESTACION)

 (300 DIAS TERMINO MAXIMO DE GESTACION)

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Miércoles, 30 de Abril de 2008
 
Sentencia publicada el pasado 15 de abril
Con lugar recurso contencioso electoral de abstención o carencia contra el CNE
 
Ver Sentencia
 
 
Precisó la Sala Electoral que el Consejo Nacional Electoral al no responder a una solicitud hecha por un grupo de ciudadanos, “les ha lesionado su esfera jurídica subjetiva, puesto que vulneró el derecho de petición y oportuna respuesta, previsto en el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.”  

 

            La Sala Electoral, con ponencia del magistrado Juan José Núñez Calderón, declaró con lugar el recurso contencioso electoral de abstención o carencia ejercido por Franco Casella Lovaton, Pedro Montoya Gavidia, Osman Hutson Rosas, Nelson Ramírez Zabala y Víctor Rocha Laporta, contra el CNE, por lo que se ordenó al máximo órgano comicial que en un lapso no mayor de 10 días hábiles de la Administración siguientes a la notificación de esta sentencia –publicada el pasado 15 de abril-, “proceda a pronunciarse sobre los lineamientos y el procedimiento a seguir para activar una Asamblea Nacional Constituyente, formulada por los mencionados solicitantes”, precisó la sentencia.

            Sobre el presente caso, el 26 de octubre de 2007 los mencionados ciudadanos interpusieron un recurso por abstención o carencia contra el Consejo Nacional Electoral, debido a la desatención o ausencia de respuesta de unas peticiones realizadas al máximo órgano comicial del país.

            Las solicitudes hechas al CNE son la realizada el 20 de septiembre de 2007, mediante la cual solicitaron que le fueran proporcionados los lineamientos y el procedimiento respectivo a seguir para, por iniciativa popular, activar una Asamblea Nacional Constituyente de conformidad con lo establecido en la Constitución y en las leyes que rigen la materia; además, el recurso de reconsideración ejercido el 08 de octubre de 2007, a través del cual reiteraron ante la Presidencia del órgano rector del Poder Electoral, su voluntad de recolectar las firmas a que se refiere el artículo 348 de la Carta Magna para impulsar una Asamblea Nacional Constituyente.   

           

PRONUNCIAMIENTO DE LA SALA ELECTORAL

            Al estudiar el presente caso, la Sala Electoral recordó que el recurso contencioso electoral por abstención o carencia, a tenor de lo establecido en los artículos 236 y siguientes de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, es el mecanismo procesal idóneo para impugnar en sede jurisdiccional omisiones o carencias de naturaleza electoral cuyo cumplimiento corresponde a la Administración Electoral por mandato legal.

            Precisó la Sala que la pretensión de la parte solicitante al interponer la referida acción, siempre deberá estar orientada a que se le ordene a la Administración cumplir con una conducta o acto que, a manera de obligación, le ha impuesto la legislación y que ha omitido o se ha negado a cumplirla ante una petición; de modo que su procedencia está sujeta a que se haya configurado una “omisión”,  “inactividad” o “negativa” frente a alguna solicitud que se formule a la Administración por su falta de respuesta, vulnerado con ello el derecho de petición que consagra el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

            Tal obligación, señala la sentencia de la Sala Electoral, encuentra fundamento en la previsión contenida en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en el que se establece el deber de la Administración de “…resolver las instancias o peticiones que se les dirijan o bien declarar, en su caso, los motivos que tuvieren para no hacerlo”.

            La Sala Electoral indicó en su dictamen que conforme a lo previsto en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, aplicable de modo  supletorio por remisión expresa del artículo 233 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, “[a] falta de disposición expresa toda petición, representación o solicitud de naturaleza administrativa dirigida por los particulares a los órganos de la Administración Pública y que no requiera sustanciación, deberá ser resuelta dentro de los veinte (20) días siguientes a su presentación o a la fecha posterior en que el interesado hubiere cumplido los requisitos legales exigidos”

            Se aprecia, subrayó la Sala, que la Administración Electoral dispone de 20 días hábiles, contados a partir de la solicitud presentada por los recurrentes el 20 de septiembre de 2007, a objeto de que se pronunciara sobre cuáles son los lineamientos y el procedimiento a seguir para activar una Asamblea Nacional Constituyente, toda vez que el órgano rector del Poder Electoral tiene el deber de darle respuesta tramitándola y decidiéndola, de manera adecuada y oportuna, garantizando en todo momento el respeto del derecho de petición.

            Sin embargo la Sala del TSJ evidenció que en el presente caso, hasta la presente fecha, cuando ha transcurrido un poco mas de 6 meses desde la formulación de dicha solicitud, el referido Órgano Electoral no ha emitido un pronunciamiento al respecto, limitándose la representación judicial del Consejo Nacional Electoral a señalar que “[r]esulta evidente según sus propios dichos que los hoy recurrentes introdujeron un escrito ante el Consejo Nacional Electoral, del cual no es posible establecer si se trata de una ‘solicitud’ (de primer grado), o si por el contrario se trata de una actuación dentro de ‘un recurso de reconsideración’ (de segundo grado); siendo que de este último además sólo se hace una mención genérica, por lo cual no es posible establecer de qué recurso, por ante cual (sic) autoridad, bajo cuales circunstancias se trata, a los fines de establecer que (sic) es lo que se requiere de la Administración Electoral, si es que se trata de la Administración Electoral a quien se refiere respecto al conocimiento ‘de un recurso de reconsideración’…”

            Resulta claro, indicó la Sala Electoral, que el objeto del recurso de reconsideración interpuesto el 08 de octubre de 2007 no era otro que ratificar o reiterar la solicitud original efectuada ante el CNE el 20 de septiembre de 2007, respecto a cuáles son los lineamientos y el procedimiento a seguir para activar una Asamblea Nacional Constituyente, principalmente, en virtud de que no existe un acto administrativo expreso ni tácito que pudiera ser impugnado a través del mencionado “recurso de reconsideración”, de allí que juzgue este órgano jurisdiccional que el error en la calificación de la segunda petición, por parte de los recurrentes, no es óbice para que la Administración Electoral cumpla su obligación legal de dar respuesta.

            Concluyó la Sala que el Consejo Nacional Electoral al no responder a Franco Casella Lovaton, Pedro Montoya Gavidia, Osman Hutson Rosas, Nelson Ramírez Zabala y Víctor Rocha Laporta, “les ha lesionado su esfera jurídica subjetiva, puesto que vulneró el derecho de petición y oportuna respuesta, previsto en el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.”

            En vista de la situación la Sala Electoral para garantizar el restablecimiento de la situación jurídica subjetiva lesionada, ordenó al CNE que en un lapso no mayor de 10 días hábiles de la Administración siguientes a la notificación de esta sentencia, proceda a pronunciarse sobre los lineamientos y el procedimiento a seguir para activar una Asamblea Nacional Constituyente, formulada por los mencionados solicitantes.

 

Autor:
  PRENSA/TSJ
 
Fecha de Publicación:
  30/04/2008

 

 

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