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             El pago esta constituido por diversos elementos:

1)  Una obligación válida:

 

El pago es el cumplimiento de una obligación válida, supone la existencia de esa obligación válida, pues si esta es nula o anulable, el deudor no esta obligado a realizar el pago, y en caso de efectuarlo salvo en los casos no permitidos por la ley, puede ejercer repetición.

Esa obligación válida consiste para la mayoría de la doctrina en obligaciones de dar y hacer y excluye a las de no hacer, porque en estas el deudor no desarrolla ninguna actividad, sino cumple la obligación no efectuando la conducta que le este prohibida. Tal criterio, de origen romano, no parece acertado, pues en nuestro concepto las obligaciones de no hacer también “se pagan” cuando el deudor deja de efectuar la actividad que se comprometió a no realizar: en las obligaciones de no hacer la abstención del deudor es la forma o manera de ejecutar la prestación a que tiene derecho el acreedor.

2)  La intención de extinguir la obligación, llamada también la intención de pagar:

Es el ánimo o deseo de extinguir la obligación por parte del deudor. Aparte del elemento material o ejecución de la prestación, debe existir el elemento intencional, que consiste en el ánimo o deseo de extinguir la obligación. Esto no significa que la falta de ese animo o deseo autorice al deudor a ejercer la repetición, pues si el acreedor recibe del deudor la prestación que fuere a titulo de pago, basta para que el deudor quede liberado de su obligación y no pueda repetir, aun cuando la prestación que hubiere ejecutado el deudor no la hubiese efectuado con animo de pagar. El deudor podría repetir solo si el y el acreedor está de acuerdo en que la prestación no sirva para extinguir la deuda sino para crear una nueva relación jurídica.

3)  Los sujetos del pago: el solvens o quien efectúa el pago que en general, pero no necesariamente, es el deudor y el accipiens o persona que recibe el pago, que generalmente, pero no necesariamente, es el acreedor.

EL SOLVENS

Como principio general, debemos señalar que la ley presume que el pago no es intuitu personae, pues el acreedor no le interesa que le pague determinada persona sino recibir la prestación a la que tiene derecho y que representa la ventaja patrimonial a la cual el aspira. Por consiguiente, el pago puede ser efectuado por el deudor, por toda persona o tercero interesado en efectuarlo y por un tercero no interesado, siempre que actúe en nombre y descargo del deudor o que si actúa en un propio nombre no se subrogue en los derechos del acreedor.

Como excepción al principio de que el pago puede ser efectuado por un tercero, interesado o no interesado, en las obligaciones de hacer, el legislador dispone que no se pueda cumplir por un tercero contra la voluntad del acreedor, cuando este tiene interés en que se cumpla por el mismo deudor.

En las obligaciones de dar, el legislador distingue especialmente cuando el pago consiste en transferir la propiedad de una cosa al acreedor, y dispone que el pago no es valido sino concurre dos condiciones, el solvens debe ser dueño de la cosa pagada y debe ser capaz de enajenarla.

Por lo que respecta a los efectos del pago efectuado por un tercero, la doctrina observa, primero, que el acreedor salvo en los casos señalados en la ley, no puede rechazar el pago del tercero. Segundo, el deudor no puede impedir el pago del tercero si el mismo no paga y tercero, el tercero no tiene derecho a pagar si el acreedor y el deudor concurren en rechazar su pago.

EL ACCIPIENS

El pago puede efectuarse a la persona que pueda o deba recibirlo, so pena de tener que pagar dos veces. Esas personas son el acreedor, la persona autorizada por el propio acreedor, por la autoridad judicial o por la ley. Excepcionalmente, el pago hecho a un tercero es valido cuando el acreedor ratifica ese pago o se aprovecha de él; o cuando el pago se efectúa de buena fe al poseedor del crédito, aun cuando este sufra posteriormente la evicción.

La doctrina estudia las personas que pueden recibir el pago desde un triple punto de vista.

Primero, el pago efectuado al propio acreedor. Se trata del pago efectuado al acreedor en persona. El acreedor será aquel que para el momento del pago tenia el respectivo derecho el crédito, es decir, aquel que para el momento del pago está investido de ese derecho de crédito, no importa que no se trate del acreedor original. Es igualmente acreedor el heredero del acreedor originario, por su respectiva cuota; el adjudicatario o cesionario, en el titulo nominativo; el endosatario, en el titulo a la orden, y el poseedor, en cualquier titulo al portador.

El pago será válido siempre que el acreedor sea persona capaz de recibirlo, pues si es incapaz, el pago no es válido, a menos que el deudor pruebe que la cosa pagada se ha convertido en utilidad del acreedor.

La necesidad de que el acreedor sea una persona capaz de recibirlo se explica porque toda aceptación de pago produce la enajenación del crédito al cual aquel se refería, y por lo tanto, la aceptación no pueda hacerse por quien no tenga el poder de enajenar. En todo caso, es necesario indagar si el accipiens tiene facultades de administración o de disposición ya que el cobro es un acto de administración y por lo tanto no pueden efectuarlo las personas que no tienen la administración de sus propios bienes, pudiendo efectuarlo quienes si tuvieren esa administración ya que existen, actos de cobro que constituyen verdaderos actos de enajenación como ocurre con el cobro de un capital.

Con respecto al pago hecho por el deudor al acreedor no obstante embargo de la deuda u oposición de terceros:

Según lo establece el artículo 1.289 del Código Civil Venezolano, es importante resaltar, que el pago efectuado por el deudor al acreedor habiendo embargo de la deuda u oposición de terceros en la forma prevista por la ley, no es valido respecto a los acreedores embargantes u oponentes, quienes pueden obligar al deudor a pagar de nuevo, salvo su recurso contra el acreedor.

Con respecto al pago efectuado al representante del acreedor:

La doctrina y la legislación distinguen tres tipos de representantes, El designado por el propio acreedor; dentro de estas personas están comprendidas las autorizadas convencionalmente por el acreedor en forma expresa o tacita. Será necesario, en las expresas, analizar el mandato otorgado para estimar sus alcances y poderes; en las tacitas será necesario  el análisis de las circunstancias concretas.

El designado por la ley que comprende a aquellas personas señaladas por la ley para recibir el pago por el acreedor; así tenemos: el padre, respecto al hijo en minoría de edad, el tutor, respecto del pupilo; el síndico, en las quiebras, etc.

El designado por la autoridad judicial que comprende aquellas personas señaladas por la autoridad judicial para recibir el pago, tales como el depositario de un derecho de crédito embargado.

Con respecto al pago efectuado a un tercero no autorizado y al acreedor putativo:

Estas hipótesis están contempladas en la segunda parte del articulo 1.286 del Código Civil venezolano, donde establece que el pago hecho a quien no estaba autorizado por el acreedor para recibirlo, es valido cuando este lo ratifica o se ha aprovechado de el. Y en el artículo 1.287 ejusdem, donde establece que el pago hecho de buena fe a quien estuviere en posesión del crédito, es valido, aunque el poseedor haya sufrido después evicción. Por acreedor putativo se entiende en la doctrina a la persona que estuviese en posesión del crédito y que por tal circunstancia pueda adquirir la cualidad de acreedor aparente, hasta tal punto que un deudor advertido y vigilante pueda caer en el error de creerlo el acreedor verdadero.

Es importante que el pago haya sido efectuado de buena fe.

4)           El objeto del pago: El Objeto del pago es la prestación debida; en principio, el deudor debe cumplir la prestación a la que se encuentra obligado.

En las obligaciones de dar, el deudor de un cuerpo cierto se libera entregando la cosa en el estado en que se encuentre en el momento del pago; a menos que, si se trata de una obligación contractual, se haya constituido en mora. Por el contrario, los riesgos están a cargo del deudor de una cosa genérica (Articulo 1.161 y 1.293 del Código Civil).

El deudor solo se libera cumpliendo con la prestación debida. Si la prestación consiste en una Dación, o sea, en una trasmisión de la propiedad, seguida de la entrega de la cosa; el acreedor tendría el derecho de rechazar cualquier otra cosa, incluso de más valor (Artículo 1.290 del Código Civil). Pero si el acreedor no puede ser obligado a recibir cosa distinta de la cosa debida, está en libertad para aceptarla; es la dación de pago.

Pago de la prestación debida:

 

 Tres principios rigen el pago:

a) el Solvens debe pagar lo debido.

b) Debe pagar todolo debido. Así pues, sin consentimiento del acreedor, aquel no podría dividir el pago, y debe abonar los gastos del mismo.

c) No debe pagar mas nada de lo debido. Si paga lo indebido, dispone de una acción de repetición (artículo 1.178 del Código Civil).

a)    El solvens debe pagar lo debido:

El Pago de las Obligaciones de Hacer y No Hacer: Cuando la prestación prometida consiste en un hecho positivo o negativo, el cumplimiento de esa prestación no suscita problemas particulares. El deudor, contractual o extracontractual, debe cumplir el hecho al que está obligado. Solamente cuando el deudor de un hecho positivo se negare al cumplimiento en especie, surgirá una cuestión delicada, la de determinar si el acreedor puede compelerlo a ello, y porque medios. Como observación general debe señalarse que también rigen los principios generales de integridad (artículo 1.291 del Código Civil) e identidad del pago (artículo 1.290 del Código Civil) señalados como de aplicación omnicomprensiva en todo tipo de obligación. Además, por lo que respecta a las obligaciones de hacer, el Código Civil dispone en su artículo 1.284: que si bien pueden ser cumplidas por un tercero, ello no puede efectuarse en contra de la voluntad del acreedor cuando este tiene interés en que se cumpla por el mismo deudor.

La regla vigente en materia de obligaciones de dar cosas in genere acerca de que el deudor no está obligado, al efectuar el pago, a entregar una cosa de la mejor calidad ni una de la peor (artículo 1.294 del Código Civil), es plenamente aplicable al pago de las obligaciones de hacer, cuando dicho pago consiste en el desarrollo por parte del deudor de una actividad o conducta no calificada por las partes. (A cuerpo cierto).

Por lo que respecta a las obligaciones de no hacer, la doctrina no desarrolla en general el pago de las mismas, porque consiste siempre para el deudor en abstenerse de efectuar la actividad o conducta que le está prohibida, y por lo tanto, no siendo susceptibles de cumplimiento diverso o parcial, no presentan efectos especiales que puedan derivarse de los principios de identidad e integridad del pago. Debe señalarse que en el pago de esta clase de obligaciones no se concibe que el deudor pueda incurrir en mora ya que jamás puede existir retardo en el cumplimiento, sino incumplimiento absoluto.

El Pago de las Obligaciones de Dar: La Obligación de dar es la obligación de transmitir la propiedad u otro derecho real. La obligación de entregar la cosa cuya propiedad se transmite no puede ser separada de aquella, por ser consecuencia necesaria.

Resulta más fácil compeler al cumplimiento en especie al deudor de una obligación de dar y de entregar que al de una obligación de hacer. Pero, en lo que concierne al objeto mismo del pago, se plantean algunos problemas que no se encuentran para las obligaciones de hacer o no hacer. Derivan de que el objeto del pago es una cosa material; más exactamente, la trasmisión de un derecho real y la entrega de la cosa material. La existencia de tal cosa es la que hace que surjan esos problemas.

Las reglas particulares del pago de las obligaciones de dar, prácticamente las del cumplimiento de una obligación de entrega, se precisa en el artículo 1285 del Código Civil. Hay que distinguir según que la cosa debida sea un cuerpo cierto o una cosa genérica (articulo 1.293 C.C.).

Se presenta un problema cuando, antes de ser entregada, la cosa debida perece o se deteriora fuera de toda culpa del deudorEl deudor de un cuerpo cierto se libera por la pérdida o deterioro de la cosa debida, a menos que haya sido constituido en mora, antes de entregar, cuando se trate de una obligación extracontractual (articulo 1293 C.C). El deudor de una cosa genérica no puede alegar la destrucción o el deterioro de la cosa: GeneraNon Pereunt.

b)    Principios Generales que rigen el Pago:

El pago de toda obligación (sea de dar, hacer o no hacer) está regido por dos principios generales admitidos por la doctrina, legislaciones y la jurisprudencia.

Principio de Identidad del PagoEl pago debe ser idéntico a la prestación debida, debe comprender dicha prestación y nada más que dicha prestación, por consiguiente: “No puede obligarse al acreedor a recibir una prestación o cosa distinta de la que se le debe, aunque el valor de la cosa sea igual o aun superior al de aquella” efecto admitido por nuestro legislador en él artículo 1290 del C.C. Igualmente, como consecuencia del principio de identidad del pago, este supone una prestación que no puede exceder a la prestación prometida porque en tal caso el deudor podría intentar la repetición de lo pagado (articulo 1178 C.C.).

 

Principio de Integridad del Pago: El pago debe ser completo, comprender toda la prestación debida, como consecuencia el deudor no puede pretender cumplir en parte la prestación prometida, de allí que no puede constreñir al acreedor a recibir en parte el pago de la deuda, aunque esta fuera divisible (artículo 1.291 del C.C.).

Este efecto es mejor conocido en doctrina por el “principio de la indivisibilidad del pago”. Principio que admite excepciones en las cuales se acepta el pago parcial, a saber:

a) Cuando se opone con éxito la compensación que extingue las acreencias hasta el momento en que concurre, y si existe un remanente a cargo del deudor, este queda obligado a pagárselo a la otra parte.

b) En caso de muerte del deudor de una obligación divisible, la deuda se divide por sus respectivas partes entre sus herederos, quienes solo quedan obligados a pagar su parte.

c) Cuando el pago parcial es aceptado por el acreedor.

d) En los casos en que una deuda es en parte liquida y en parte ilíquida.

En el caso de que la deuda fuera en parte liquida y en parte ilíquida, y si no se ha establecido que debe procederse de otra manera, el acreedor podrá exigir y el deudor hacer primero el pago de la parte liquida, antes de efectuarse el pago de la parte ilíquida. (Articulo 1292 C.C.)

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La acción procesal es la posibilidad jurídica y constitucional que tiene toda persona natural o jurídica, pública o privada de acudir ante los órganos jurisdiccionales, para que mediante los procedimientos establecidos en la ley, puedan tutelar un interés jurídico individual, colectivo, difuso o para lograr los efectos que la ley deduce de ciertas situaciones jurídicas.

La acción procesal es la posibilidad jurídica y constitucional que realizan las partes  cada vez que acuden ante los órganos jurisdiccionales que el Estado ha dotado de tal cualidad, es decir que la acción solo puede ejercerse frente a órganos con jurisdicción, administración o ante el órgano legislativo.

La acción procesal se define en función a la jurisdicción, la jurisdicción tiene que preexistir a la acción, porque ella solo puede existir si previamente hay un órgano jurisdiccional, ya que el proceso es la unión de la acción de los particulares con la jurisdicción que ejerce el Estado.

La jurisdicción tutela el interés de los particulares aunque no exista o sea ilegitimo.

Para Couture, el derecho de Acción es “el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho, de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una pretensión”

 

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ATENTADOS AL PUDOR

Es todo acto contrario a las buenas costumbres, ejercido intencionada y directamente sobre una persona sin su consentimiento o contra su voluntad, ya sea publica o privadamente.

Ej: los tocamientos manuales sobre los pechos o genitales de una mujer, en forma intempestiva o violenta; los actos lascivos, como los tocamientos con el pene sobre los genitales de una niña menor de 12 anos, siempre que no haya tentativa de intromisión. Art. 376 del Código Penal Venezolano. hace referencia a los medios, condiciones, y circunstancias indicados en el Art. 374 del C.P.(violación)

ULTRAJES AL PUDOR PÚBLICO

Art. 381 CÓDIGO PENAL

Es todo acto que ofenda el pudor, efectuándolo públicamente (lugar público o expuesto a la vista del público). Este consiste en hechos o actos que sean atentatorios contra la moralidad (sexual), realizados públicamente por un sujeto sobre su propia persona o sobre otra que consciente en dicho acto o aun en su contra (cuando el sujeto pasivo no consiente o es victima de violencia o amenazas por parte del agente que realiza dicho acto impúdico). En ese caso existe un concurso de delitos: el atentado al pudor (sobre la victima) y el ultraje publico al pudor  por haberse cometido en sitio público)

Ej: realizar un acto masturbatorio en plena calle, o masturbar a otra persona que consciente en ello en sitio publico. Incluso el caso de una pareja que realiza el acto copulatorio (licito) en forma accesible a la vista del público.

Si hablamos de gestos, palabras, cantos o señas estamos hablando de OFENSAS A LA DECENCIA PUBLICA (art 536 del código penal).

VIOLACIÓN

En sentido general, seria la realización del coito sobre una mujer, sin su consentimiento. Estando sujeta a penas agravadas por exponer al embarazo a la ofendida.

De acuerdo con el Art 374 del cp. Podríamos definirla como copula practicada en personas de uno u otro sexo (comprendido por eso el coito sodomítico) contra su voluntad o sin su consentimiento.

Se emplea violencia o amenazas para constreñir al acto carnal, se obra contra la voluntad del ofendido.

En otras circunstancias: Violencia Presunta. 2da parte del art. 374 también se obra sin e consentimiento del agraviado si:

Es menor de doce anos o que no haya cumplido 16.

Si el culpable es un ascendiente, tutor o institutor; detenido o condenado confiado a la custodia del culpable

Si no esta en capacidad de resistir por causa de enfermedad física o mental

Por el empleo de medios fraudulentos, sustancias narcóticas o excitantes (éxtasis)

DIFERENCIAS ENTRE ATENTADO AL PUDOR Y LA VIOLACION

En la violación tenemos la practica del coito.es decir cuando haya habido tentativa de intromisión del pene. Aquí entra en juego un importante factor con frecuencia subjetivo, como es el de la intencionalidad del agente.

Los médicos legalistas consideran violación LA COPULA CONSUMADA haya o no sido realizada por vías naturales o praeter naturam, y haya o no habido eyaculación; sea la victima de uno u otro sexo. (Cazzaniga y Cattabeni)

Thoinot, estima que para que exista violación debe haber posesión, intromisión del pene en la cavidad vaginal.

Brouardel, afirma que el atentado al pudor es “si se quiere, la violación menos la intromisión”

Tales diferencias no dejan de tener importancia desde el punto de vista práctico, en todos los casos en que haya habido contactos inter-genitales, o ano-genitales a los efectos de la calificación judicial de los hechos.

DIFERENCIAS ENTRE ATENTADOS AL PUDOR  Y ULTRAJES PÚBLICOS AL PUDOR.

Atentado al pudor:

Existe siempre un ofensor y una victima concreta

Es perseguible a instancia de la parte agraviada o sea de acción privada. (Salvo que exista alguna de las circunstancias previstas en el art 379 del cp.)

Ultraje publico al pudor:

La parte ofendida es la sociedad.

Si el sujeto pasivo ha complacido en el acto le erige en CO-REO del delito

Es enjuiciable de oficio como delito de acción publica

CAUSAS DEL LOS ATENTADOS AL PUDOR

SON TRES CLASES::

1)      Los viciosos y estragados, cuyos reclamos sexuales les han ido apartando progresivamente de las relaciones normales, y buscan nuevos placeres y satisfacciones revestidos de una lasciva agresiva, por así decirlo.

2)      La de los sujetos afectos de tachas físicas, como la impotencia y vicios de conformación (ej: la hipostasia). Rechazados y ridiculizados por las mujeres buscan el deleite generalmente en niñas. En igual situación podríamos ubicar a los que padecen de enfermedades venéreas.

3)      La de personas que padecen tachas nerviosas. Sereiux, ha hecho una interesante clasificación de los individuos incluidos en estas formas morbosas, con estas denominaciones:

a)      Espinales

b)      Espinales-cerebrales posteriores

c)      Espinales- cerebrales anteriores

d)     Cerebrales anteriores

ATENTADOS AL PUDOR EN INDIVIDUOS DEL SEXO MASCULINO

Son raros, realizados generalmente en niños de 5 a 13 anos, por mujeres adultas de entre 20 y 30 anos. Pudiéndose llegar a la violación al revés. También por maestros o curas hombres sobre niños.

ATENTADOS AL PUDOR EN NINAS

Son mas frecuentes y se enumeran entre otros:

Los tocamientos en órganos genitales

Masturbación activa o pasiva

Coito perineal anterior y posterior: que consiste en simulacros de coito colocando el pene entre el perieno y la región supero-interna de los muslos.

Abusos de ancianos impotentes en niñas viciosas

Normalmente no quedan signos del atentado en estos actos, salvo casos especiales. (irritación o enrojecimiento que desaparecen rápidamente).

El exhibicionismo en los atentados al pudor

Exhibicionismo de los viciosos:

Generalmente se manifiesta en personas con edades comprendidas entre los 40 y 60 anos. Generalmente sobre niñas de escuela y mujeres en lugares solitarios.

La conducta exhibicionista casi siempre va acompañada de gestos obscenos y masturbación y todo eso se realiza con extrema precaución por el agente.

EXHIBICIONISMO ACCIDENTAL POR ENFERMEDADES LOCALES

Se trata de personas que por razón de procesos morbosos genito-urinarios o en la región ano-escrotal, se descubren y realizan maniobras imperiosas que les impone la naturaleza misma dela dolencia: tracciones sobre el pene por dolores uretrales ocasionados por litiasis vesical. Necesidades de una micción apremiante en público.  Maniobras de contención de hemorroides con una mano al tener la necesidad de realizar una micción violenta, para evitar su procidencia con el esfuerzo. Etc.

Es de advertir que en estas situaciones el enfermo procede con discreción pero a veces son acusados por ultrajes públicos al pudor.

No debe olvidarse que los exhibicionistas viciosos pueden invocar una supuesta enfermedad de esta índole como falsa excusa.

VIOLACION CON SODOMITICA Y ATENTADOS AL PUDOR

En los exámenes acostumbrados que se practican por la diagnosis de un coito sodomítico deberá ponerse especial atención por su valor indiciario a la presencia en los genitales  y en el perineo de abrasiones y de lesiones, teniendo mucho cuidado de que no haya confusiones con las grietas banales que pueden existir en estas regiones por cualquier otro motivo. Deben así mismo ser debidamente estimadas las cicatrices locales, los signos de contagio venéreo, la equimosis, e incluso las manifestaciones dolorosas, estas últimas especialmente en los sujetos muy jóvenes, porque en la relación forzada contra natura, se producen fenómenos reflejos de contractura espástica que dejan dolor por varios días.

No es signo de de pederastia pasiva habitual  el alisamiento de los pliegues radiados del ano.

Los atentados al pudor aun siendo violentos pueden no dejar huellas visibles dadas su extrema variedad, consistiendo por lo común en simples tocamientos a nivel genital. Y por tanto la comprobación del delito se escapa de la competencia del medico-legalista y queda solo al alcance de magistrado su verificación mediante otros criterios.

El contacto y restregamiento de los genitales del agente y de la victima pueden dar lugar a contagio de enfermedades venéreas (chancros blandos, lesiones sifilíticas, blenorragia).

Según Balthazar, que en niñas menores de 13 anos es excepcional hallar lesiones extra genitales por no haber violencia física sobre ellas; y que si se han producido lesiones genitales como desgarro del himen con los dedos, se observan en el huellas ungueales curvilíneas características.

Cuando ha habido violencia física, tienen importante valor indicativo las huellas de violencia extra genitales.

VIOLACION POR VIA VAGINAL

Etiología de la violación:

De acuerdo con la distinción propuesta por Thoinot, hemos de hacer aquí una doble distinción

1)      Violación mediante violencias físicas

2)      Violación sin violencia física.

VIOLACION CON VIOLENCIA FISICA:

Suele ser la forma mas corriente de violación en mujeres adultas, que solo pueden ser victimas de esta forma de atentado, cuando ha sido vencida brutalmente y en forma definitiva su resistencia por el agente solo, o con el concurso de varios coautores, que logran inmovilizarla y disponerla en actitud propicia para consumar la ofensa.

En todo caso, la violación practicada por un solo sujeto no es fácil en la práctica.

Manunza distingue los signos de la violencia en el caso que analizamos, en dos clases: DIRECTOS, o sea, en los genitales de la victima; e INDIRECTOS, constituidos por las huellas que ha dejado la lucha en el cuerpo de la victima, en su intento de resistir al agresor.

Como regla general puede establecerse que mientras menos edad tenga la victima mas claros aparecerán los signos de lesiones genitales por la madurez de estos, faltando los signos de resistencia.

En la mujer adulta, por el contrario, prevalecerán los signos de violencia indirectos, y serán menos apreciables los directos, en razón de su estado pubescente y consiguiente aptitud para la copula.

PARA LA COMPROBACION DE UNA VIOLACION CON VIOLENCIA FISICA, continua Manunza, DEBEN EXTRAERSE LOS CORRESPONDIENTES ELEMENTOS DE JUICIO DE TRES CLASES DE EXÁMENES:

a)      Del examen ginecológico, para determinar el estado de los genitales;

b)      Del examen externo, para la verificación de eventuales lesiones en la superficie del cuerpo, indicativas de la resistencia de la victima y de la violencia del agresor;

c)      Del examen de las circunstancias contingentes relativas al delito. Es decir, de las condiciones del ambiente en el cual se realizo el hecho, de los signos de violencia sobre los vestidos, de las eventuales manchas de semen en el sitio, etc.

VIOLACION SIN VIOLENCIA FISICA

Es la que se produce en casos de especiales circunstancias fisiológicas y patológicas de la victima, o de carácter accidental, que le imposibilitan para defenderse y al mismo tiempo permiten o facilitan al agente consumar el hecho.  Estas circunstancias de violencia presunta, son las enumeradas en la segunda parte del Art. 374 del código penal y a ellas nos referiremos sobre las amenazas, como medio de coacción moral (violencia moral), incorporadas en la primera parte de la norma y por ellas comenzaremos.

Las amenazas a que se refiere el legislador no solo comprende la de muerte de la propia ofendida sino también la de una persona especialmente vinculada por los lazos afectivos con la victima, como es el caso de un hijo. Maschka, plantea la situación de una madre que debe acceder a los designios del agresor, cuando este apoderándose de su menor hijo que ha tomado de la cuna, amenaza con batirlo contra la pared.

Cuando la victima no ha cumplido los 12 anos de edad, la violencia es presunta OPE LEGIS, aun cuando la victima haya adherido espontáneamente al acto carnal, por la razón de que el legislador considera que a tan temprana edad la victima no comprende la trascendencia del acto carnal, por la razón de que el legislador considera que a tan temprana edad la victima no comprende la transcendencia del acto por inmadurez psíquica, y porque además, es por lo mismo, fácilmente susceptible de sugestión.

Este último motivo, priva en el supuesto de que la persona ofendida no haya cumplido los 16 anos, cuando el agente es un ascendiente, tutor o institutor, por la gran influencia que ha de suponerse en virtud de la autoridad que en tales casos se tiene.

También tenemos los casos de la persona que esta detenida o condenada y que se encuentra en situación vulnerable con respecto a su custodio y a una ofensa carnal que el mismo le pueda ocasionar. La persona que por causa de enfermedad física o mental esta incapacitado de resistirse a una agresión. Tales enfermedades tenemos las frenastenia y el cretinismo aun estas siendo leves formas de deficiencia mental. Los casos de sordomudez de la victima, por cuanto tales manifestaciones acompañan en general los estados deficitarios mentales.

Los estados de sugestión hipnótica, que pueden ser la explicación aparente de una circunstancia de que se haya valido el culpable; aunque si se trata de la primera visita a medico o psiquiatra que realiza la hipnotización esta puede o debe pensarse que el supuesto estado hipnótico es una excusa de la mujer para tratar de explicar su consentimiento.

También tenemos los casos donde el culpable encuentra a la victima atada o inmovilizada entre muebles o por efectos de cuerpos pesados, etc.

Otro medio fraudulento podría ser la sustitución del marido de una mujer por el culpable, que valiéndose de la obscuridad o de actos de simulación para inducirla a la copula mediante engaño. Sin embargo los medios fraudulentos van acompañados del uso de sustancias narcóticas, somníferas, excitantes, alcohólicas, etc.

VIOLACION DE LAS VIRGENES

Es la forma de violación que quizá tenga mayor pertinencia medico-legal, porque su comprobación depende fundamentalmente del examen ginecológico revelador de la desfloración, o sea, del desgarramiento himenal.

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Gracias a Prof. Yelitza Barreto

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La Declaración de los derechos del hombre y el del ciudadano de 1789, inspirada en la declaración de independencia estadounidense de 1776 y en el espíritu filosófico del siglo XVIII, marca el fin del Antiguo Régimen y el principio de una nueva era.

Historia

La Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano es, junto con los decretos del 4 y el 11 de agosto de 1789 sobre la supresión de los derechos feudales, uno de los textos fundamentales votados por la Asamblea nacional constituyente formada tras la reunión de los Estados Generales durante la Revolución Francesa.

El principio de base de la Declaración fue adoptado antes del 14 de julio de 1789 y dio lugar a la elaboración de numerosos proyectos. Tras largos debates, los diputados votaron el texto final el día 26 de agosto.

En la declaración se definen los derechos “naturales e imprescriptibles” como la libertad, la propiedad, la seguridad, la resistencia a la opresión. Asimismo, reconoce la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y la justicia. Por último, afirma el principio de la separación de poderes.

El Rey Luis XVI la ratificó el 5 de octubre, bajo la presión de la Asamblea y el pueblo, que había acudido a Versalles. Sirvió de preámbulo a la primera constitución de la Revolución Francesa, aprobada en 1791.

La Declaración de 1789 inspirará, en el siglo XIX, textos similares en numerosos países de Europa y América Latina. La tradición revolucionaria francesa está también presente en la Convención Europea de Derechos Humanos firmada en Roma el 4 de noviembre de 1950.

Texto

Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano (26 de agosto de 1789)

Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer, en una declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, a fin de que esta declaración, constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes; a fin de que los actos del poder legislativo y del poder ejecutivo, al poder cotejarse a cada instante con la finalidad de toda institución política, sean más respetados y para que las reclamaciones de los ciudadanos, en adelante fundadas en principios simples e indiscutibles, redunden siempre en beneficio del mantenimiento de la Constitución y de la felicidad de todos.

En consecuencia, la Asamblea nacional reconoce y declara, en presencia del Ser Supremo y bajo sus auspicios, los siguientes derechos del hombre y del ciudadano:

Artículo primero.- Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común.

Artículo 2.La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.

Artículo 3.El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación. Ningún cuerpo, ningún individuo, pueden ejercer una autoridad que no emane expresamente de ella.

Artículo 4.La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no perjudique a otro: por eso, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. Tales límites sólo pueden ser determinados por la ley.

Artículo 5.La ley sólo tiene derecho a prohibir los actos perjudiciales para la sociedad. Nada que no esté prohibido por la ley puede ser impedido, y nadie puede ser constreñido a hacer algo que ésta no ordene.

Artículo 6.La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a contribuir a su elaboración, personalmente o por medio de sus representantes. Debe ser la misma para todos, ya sea que proteja o que sancione. Como todos los ciudadanos son iguales ante ella, todos son igualmente admisibles en toda dignidad, cargo o empleo públicos, según sus capacidades y sin otra distinción que la de sus virtudes y sus talentos.

Artículo 7.Ningún hombre puede ser acusado, arrestado o detenido, como no sea en los casos determinados por la ley y con arreglo a las formas que ésta ha prescrito. Quienes soliciten, cursen, ejecuten o hagan ejecutar órdenes arbitrarias deberán ser castigados; pero todo ciudadano convocado o aprehendido en virtud de la ley debe obedecer de inmediato; es culpable si opone resistencia.

Artículo 8.La ley sólo debe establecer penas estricta y evidentemente necesarias, y nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley establecida y promulgada con anterioridad al delito, y aplicada legalmente.

Artículo 9.Puesto que todo hombre se presume inocente mientras no sea declarado culpable, si se juzga indispensable detenerlo, todo rigor que no sea necesario para apoderarse de su persona debe ser severamente reprimido por la ley.

Artículo 10.Nadie debe ser incomodado por sus opiniones, inclusive religiosas, a condición de que su manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley.

Artículo 11.La libre comunicación de pensamientos y de opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre; en consecuencia, todo ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente, a trueque de responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley.

Artículo 12.La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita de una fuerza pública; por lo tanto, esta fuerza ha sido instituida en beneficio de todos, y no para el provecho particular de aquellos a quienes ha sido encomendada.

Artículo 13.Para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de administración, resulta indispensable una contribución común; ésta debe repartirse equitativamente entre los ciudadanos, proporcionalmente a su capacidad.

Artículo 14.Los ciudadanos tienen el derecho de comprobar, por sí mismos o a través de sus representantes, la necesidad de la contribución pública, de aceptarla libremente, de vigilar su empleo y de determinar su prorrata, su base, su recaudación y su duración.

Artículo 15.La sociedad tiene derecho a pedir cuentas de su gestión a todo agente público.

Artículo 16.Toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución.

Artículo 17.Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, salvo cuando la necesidad pública, legalmente comprobada, lo exija de modo evidente, y a condición de una justa y previa indemnización.

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Miércoles, 30 de Abril de 2008
 
Sentencia publicada el pasado 15 de abril
Con lugar recurso contencioso electoral de abstención o carencia contra el CNE
 
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Precisó la Sala Electoral que el Consejo Nacional Electoral al no responder a una solicitud hecha por un grupo de ciudadanos, “les ha lesionado su esfera jurídica subjetiva, puesto que vulneró el derecho de petición y oportuna respuesta, previsto en el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.”  

 

            La Sala Electoral, con ponencia del magistrado Juan José Núñez Calderón, declaró con lugar el recurso contencioso electoral de abstención o carencia ejercido por Franco Casella Lovaton, Pedro Montoya Gavidia, Osman Hutson Rosas, Nelson Ramírez Zabala y Víctor Rocha Laporta, contra el CNE, por lo que se ordenó al máximo órgano comicial que en un lapso no mayor de 10 días hábiles de la Administración siguientes a la notificación de esta sentencia –publicada el pasado 15 de abril-, “proceda a pronunciarse sobre los lineamientos y el procedimiento a seguir para activar una Asamblea Nacional Constituyente, formulada por los mencionados solicitantes”, precisó la sentencia.

            Sobre el presente caso, el 26 de octubre de 2007 los mencionados ciudadanos interpusieron un recurso por abstención o carencia contra el Consejo Nacional Electoral, debido a la desatención o ausencia de respuesta de unas peticiones realizadas al máximo órgano comicial del país.

            Las solicitudes hechas al CNE son la realizada el 20 de septiembre de 2007, mediante la cual solicitaron que le fueran proporcionados los lineamientos y el procedimiento respectivo a seguir para, por iniciativa popular, activar una Asamblea Nacional Constituyente de conformidad con lo establecido en la Constitución y en las leyes que rigen la materia; además, el recurso de reconsideración ejercido el 08 de octubre de 2007, a través del cual reiteraron ante la Presidencia del órgano rector del Poder Electoral, su voluntad de recolectar las firmas a que se refiere el artículo 348 de la Carta Magna para impulsar una Asamblea Nacional Constituyente.   

           

PRONUNCIAMIENTO DE LA SALA ELECTORAL

            Al estudiar el presente caso, la Sala Electoral recordó que el recurso contencioso electoral por abstención o carencia, a tenor de lo establecido en los artículos 236 y siguientes de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, es el mecanismo procesal idóneo para impugnar en sede jurisdiccional omisiones o carencias de naturaleza electoral cuyo cumplimiento corresponde a la Administración Electoral por mandato legal.

            Precisó la Sala que la pretensión de la parte solicitante al interponer la referida acción, siempre deberá estar orientada a que se le ordene a la Administración cumplir con una conducta o acto que, a manera de obligación, le ha impuesto la legislación y que ha omitido o se ha negado a cumplirla ante una petición; de modo que su procedencia está sujeta a que se haya configurado una “omisión”,  “inactividad” o “negativa” frente a alguna solicitud que se formule a la Administración por su falta de respuesta, vulnerado con ello el derecho de petición que consagra el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

            Tal obligación, señala la sentencia de la Sala Electoral, encuentra fundamento en la previsión contenida en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en el que se establece el deber de la Administración de “…resolver las instancias o peticiones que se les dirijan o bien declarar, en su caso, los motivos que tuvieren para no hacerlo”.

            La Sala Electoral indicó en su dictamen que conforme a lo previsto en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, aplicable de modo  supletorio por remisión expresa del artículo 233 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, “[a] falta de disposición expresa toda petición, representación o solicitud de naturaleza administrativa dirigida por los particulares a los órganos de la Administración Pública y que no requiera sustanciación, deberá ser resuelta dentro de los veinte (20) días siguientes a su presentación o a la fecha posterior en que el interesado hubiere cumplido los requisitos legales exigidos”

            Se aprecia, subrayó la Sala, que la Administración Electoral dispone de 20 días hábiles, contados a partir de la solicitud presentada por los recurrentes el 20 de septiembre de 2007, a objeto de que se pronunciara sobre cuáles son los lineamientos y el procedimiento a seguir para activar una Asamblea Nacional Constituyente, toda vez que el órgano rector del Poder Electoral tiene el deber de darle respuesta tramitándola y decidiéndola, de manera adecuada y oportuna, garantizando en todo momento el respeto del derecho de petición.

            Sin embargo la Sala del TSJ evidenció que en el presente caso, hasta la presente fecha, cuando ha transcurrido un poco mas de 6 meses desde la formulación de dicha solicitud, el referido Órgano Electoral no ha emitido un pronunciamiento al respecto, limitándose la representación judicial del Consejo Nacional Electoral a señalar que “[r]esulta evidente según sus propios dichos que los hoy recurrentes introdujeron un escrito ante el Consejo Nacional Electoral, del cual no es posible establecer si se trata de una ‘solicitud’ (de primer grado), o si por el contrario se trata de una actuación dentro de ‘un recurso de reconsideración’ (de segundo grado); siendo que de este último además sólo se hace una mención genérica, por lo cual no es posible establecer de qué recurso, por ante cual (sic) autoridad, bajo cuales circunstancias se trata, a los fines de establecer que (sic) es lo que se requiere de la Administración Electoral, si es que se trata de la Administración Electoral a quien se refiere respecto al conocimiento ‘de un recurso de reconsideración’…”

            Resulta claro, indicó la Sala Electoral, que el objeto del recurso de reconsideración interpuesto el 08 de octubre de 2007 no era otro que ratificar o reiterar la solicitud original efectuada ante el CNE el 20 de septiembre de 2007, respecto a cuáles son los lineamientos y el procedimiento a seguir para activar una Asamblea Nacional Constituyente, principalmente, en virtud de que no existe un acto administrativo expreso ni tácito que pudiera ser impugnado a través del mencionado “recurso de reconsideración”, de allí que juzgue este órgano jurisdiccional que el error en la calificación de la segunda petición, por parte de los recurrentes, no es óbice para que la Administración Electoral cumpla su obligación legal de dar respuesta.

            Concluyó la Sala que el Consejo Nacional Electoral al no responder a Franco Casella Lovaton, Pedro Montoya Gavidia, Osman Hutson Rosas, Nelson Ramírez Zabala y Víctor Rocha Laporta, “les ha lesionado su esfera jurídica subjetiva, puesto que vulneró el derecho de petición y oportuna respuesta, previsto en el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.”

            En vista de la situación la Sala Electoral para garantizar el restablecimiento de la situación jurídica subjetiva lesionada, ordenó al CNE que en un lapso no mayor de 10 días hábiles de la Administración siguientes a la notificación de esta sentencia, proceda a pronunciarse sobre los lineamientos y el procedimiento a seguir para activar una Asamblea Nacional Constituyente, formulada por los mencionados solicitantes.

 

Autor:
  PRENSA/TSJ
 
Fecha de Publicación:
  30/04/2008

 

 

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