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Gracias a Prof. Yelitza Barreto

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La Declaración de los derechos del hombre y el del ciudadano de 1789, inspirada en la declaración de independencia estadounidense de 1776 y en el espíritu filosófico del siglo XVIII, marca el fin del Antiguo Régimen y el principio de una nueva era.

Historia

La Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano es, junto con los decretos del 4 y el 11 de agosto de 1789 sobre la supresión de los derechos feudales, uno de los textos fundamentales votados por la Asamblea nacional constituyente formada tras la reunión de los Estados Generales durante la Revolución Francesa.

El principio de base de la Declaración fue adoptado antes del 14 de julio de 1789 y dio lugar a la elaboración de numerosos proyectos. Tras largos debates, los diputados votaron el texto final el día 26 de agosto.

En la declaración se definen los derechos “naturales e imprescriptibles” como la libertad, la propiedad, la seguridad, la resistencia a la opresión. Asimismo, reconoce la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y la justicia. Por último, afirma el principio de la separación de poderes.

El Rey Luis XVI la ratificó el 5 de octubre, bajo la presión de la Asamblea y el pueblo, que había acudido a Versalles. Sirvió de preámbulo a la primera constitución de la Revolución Francesa, aprobada en 1791.

La Declaración de 1789 inspirará, en el siglo XIX, textos similares en numerosos países de Europa y América Latina. La tradición revolucionaria francesa está también presente en la Convención Europea de Derechos Humanos firmada en Roma el 4 de noviembre de 1950.

Texto

Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano (26 de agosto de 1789)

Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer, en una declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, a fin de que esta declaración, constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes; a fin de que los actos del poder legislativo y del poder ejecutivo, al poder cotejarse a cada instante con la finalidad de toda institución política, sean más respetados y para que las reclamaciones de los ciudadanos, en adelante fundadas en principios simples e indiscutibles, redunden siempre en beneficio del mantenimiento de la Constitución y de la felicidad de todos.

En consecuencia, la Asamblea nacional reconoce y declara, en presencia del Ser Supremo y bajo sus auspicios, los siguientes derechos del hombre y del ciudadano:

Artículo primero.- Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común.

Artículo 2.La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.

Artículo 3.El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación. Ningún cuerpo, ningún individuo, pueden ejercer una autoridad que no emane expresamente de ella.

Artículo 4.La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no perjudique a otro: por eso, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. Tales límites sólo pueden ser determinados por la ley.

Artículo 5.La ley sólo tiene derecho a prohibir los actos perjudiciales para la sociedad. Nada que no esté prohibido por la ley puede ser impedido, y nadie puede ser constreñido a hacer algo que ésta no ordene.

Artículo 6.La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a contribuir a su elaboración, personalmente o por medio de sus representantes. Debe ser la misma para todos, ya sea que proteja o que sancione. Como todos los ciudadanos son iguales ante ella, todos son igualmente admisibles en toda dignidad, cargo o empleo públicos, según sus capacidades y sin otra distinción que la de sus virtudes y sus talentos.

Artículo 7.Ningún hombre puede ser acusado, arrestado o detenido, como no sea en los casos determinados por la ley y con arreglo a las formas que ésta ha prescrito. Quienes soliciten, cursen, ejecuten o hagan ejecutar órdenes arbitrarias deberán ser castigados; pero todo ciudadano convocado o aprehendido en virtud de la ley debe obedecer de inmediato; es culpable si opone resistencia.

Artículo 8.La ley sólo debe establecer penas estricta y evidentemente necesarias, y nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley establecida y promulgada con anterioridad al delito, y aplicada legalmente.

Artículo 9.Puesto que todo hombre se presume inocente mientras no sea declarado culpable, si se juzga indispensable detenerlo, todo rigor que no sea necesario para apoderarse de su persona debe ser severamente reprimido por la ley.

Artículo 10.Nadie debe ser incomodado por sus opiniones, inclusive religiosas, a condición de que su manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley.

Artículo 11.La libre comunicación de pensamientos y de opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre; en consecuencia, todo ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente, a trueque de responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley.

Artículo 12.La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita de una fuerza pública; por lo tanto, esta fuerza ha sido instituida en beneficio de todos, y no para el provecho particular de aquellos a quienes ha sido encomendada.

Artículo 13.Para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de administración, resulta indispensable una contribución común; ésta debe repartirse equitativamente entre los ciudadanos, proporcionalmente a su capacidad.

Artículo 14.Los ciudadanos tienen el derecho de comprobar, por sí mismos o a través de sus representantes, la necesidad de la contribución pública, de aceptarla libremente, de vigilar su empleo y de determinar su prorrata, su base, su recaudación y su duración.

Artículo 15.La sociedad tiene derecho a pedir cuentas de su gestión a todo agente público.

Artículo 16.Toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución.

Artículo 17.Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, salvo cuando la necesidad pública, legalmente comprobada, lo exija de modo evidente, y a condición de una justa y previa indemnización.

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Con la intención de justificar la superioridad del sistema político romano, a la teoría de las constituciones que combina la evolución biológica con la sucesión cíclica Polibio contrapone la constitución mixta, resultado de fundir lo mejor de la monarquía, de la aristocracia y de la democracia. Desde la perspectiva del autor heleno, la peculiaridad de Roma representa una ruptura en la sucesión establecida de las diferentes formas de gobierno, la cual resulta sustituida por una constitución donde el equilibrio entre los diferentes elementos que la componen impide la degradación de cada uno de ellos.
Polibio de Megalópolis (ca. 200 – ca. 120/118 a.C.) es uno de los más destacados historiadores de todas las épocas. Tras la derrota de Macedonia y sus aliados en Pidna (168), fue enviado a Roma como rehén de Estado para asegurar la fidelidad a Roma de su patria aquea. Allí formó parte del círculo cultural de los Escipiones y vivió de cerca los grandes acontecimientos militares y políticos de su tiempo, como la destrucción de Cartago y de Corinto en 146, y posiblemente también la de Numancia en 133. Redactó sus Historias en cuarenta libros al modo de una historia universal, de la cual sólo nos han llegado completos los libros I-V, si bien contamos con numerosos y extensos fragmentos de los restantes gracias fundamentalmente a las recopilaciones bizantinas. Se ha dicho principalmente en la presentación preliminar, en el comienzo de mi historia, donde afirmamos que, de nuestra obra, lo más bello y, al mismo tiempo, lo más útil para los lectores en su dedicación sería comprender y profundizar cómo pudo suceder y cuál fue la constitución que lo consiguió, que los romanos llegaran a dominar casi todo el mundo en menos de cincuenta y tres años, cosa que no tiene precedentes (…)
Así, pues, estas tres clases de gobierno que he citado [i.e., monarquía, aristocracia y democracia] dominaban la constitución y las tres estaban ordenadas, se administraban y repartían tan equitativamente, con tanto acierto, que nunca nadie, ni tan siquiera los nativos, hubieran podido afirmar con seguridad si el régimen era totalmente aristocrático, o democrático, o monárquico. Cosa muy natural, pues si nos fijáramos en la potestad de los cónsules, nos parecería una constitución perfectamente monárquica y real, si atendiéramos a la del senado, aristocrática, y si consideráramos el poder del pueblo, nos daría la impresión de encontrarnos, sin ambages, ante una democracia. Los tipos de competencia que cada parte entonces obtuvo y que, con leves modificaciones, posee todavía en la constitución romana se exponen a continuación.
Los cónsules, mientras están en Roma y no salen de campaña con las legiones, tienen competencia sobre todos los negocios públicos. Los magistrados restantes les están subordinados y les obedecen, a excepción de los tribunos; también corresponde a los cónsules presentar las embajadas al senado. Además de lo dicho, deliberan, asimismo, sobre asuntos urgentes, en caso de presentarse, y son ellos los que ejecutan íntegramente los decretos. Igualmente, las cuestiones concernientes a tareas del estado que hayan de ser tratadas por el pueblo, corresponde a los cónsules atenderlas, convocar cada vez la asamblea, presentar las proposiciones y ejecutar los decretos votados por la mayoría. Su potestad es casi absoluta en lo que concierne a preparativos bélicos y a la dirección de las campañas: pueden impartir las órdenes que quieran a las tropas aliadas, nombrar los tribunos militares, alistar soldados y escoger a los más aptos. Además, en campaña, tienen la potestad de infligir cualquier castigo a sus subordinados. Disponen a su arbitrio de los fondos públicos: les acompaña siempre un cuestor, presto a cumplir las órdenes recibidas. Si se considerara sólo este aspecto, no sería inverosímil decir que esta constitución es simplemente monárquica o real. Y si alguno de los puntos concretados o que se concretan a continuación se modifica ahora o dentro de algún tiempo, esto no podrá ser tenido como argumento contra esta exposición mía actual.
La atribución principal del senado es el control del erario público, porque ejerce potestad sobre todos los ingresos y sobre la mayor parte de los gastos. Aparte de lo que abonan a los cónsules, los cuestores no pueden disponer de fondos públicos sin autorización del senado. Este dispone también el dispendio mayor, el más costoso, que ordenan cada cinco años los censores para restaurar y reparar los edificios públicos; los censores deben recabar la autorización del senado. De modo semejante, caen bajo la jurisdicción del senado los delitos cometidos en Italia que exigen una investigación pública, como son traiciones, perjurios, envenenamientos, asesinatos. También en Italia, si la conducta de un individuo o de una ciudad reclama un arbitraje, un informe pericial, una ayuda o una guarnición, de todo esto cuida el senado. Es incumbencia de éste enviar embajadas a países no italianos, cuando se necesita ya sea para lograr una reconciliación, para hacer alguna demanda o, ¡por Zeus!, para intimar una orden, para recibir la rendición de alguien o para declarar la guerra. Cuando llegan embajadores a Roma, el senado decide lo que debe contestárseles y el comportamiento que debe seguirse con cada uno (…)
Al pueblo no le falta su parcela, que es precisamente la más pesada. En la constitución romana el pueblo, y sólo el pueblo, es el árbitro que concede honores o inflige castigos, el único puntal de dinastías y constituciones y, en una palabra, de toda la vida humana. En las naciones en las que estos valores no se diferencian o, aunque sean conocidos, no se aplican cabalmente, es imposible que haya algo administrado con rectitud: ¿sería lógico que lo fuera, si buenos y malos gozan de la misma estimación? Con frecuencia el pueblo juzga las multas que se deben imponer para resarcirse de los daños sufridos, lo cual ocurre principalmente cuando la multa es importante y los reos han detentado altos cargos; el pueblo es el único que puede condenar a muerte. En tales ocasiones rige entre ellos una ley consuetudinaria muy digna de elogio y de recuerdo: cuando alguien es juzgado y condenado a muerte, la costumbre le permite exiliarse a la vista de todo el mundo e irse a un destierro voluntario, a condición de que, de las tribus que emiten el veredicto, una se abstenga y no vote; los exiliados gozan de seguridad en Nápoles, en Preneste, en Tíbur y en otras ciudades confederadas. Además, el pueblo es quien confiere las magistraturas a aquellos que las merecen: es la más hermosa recompensa de la virtud en un estado. El pueblo es soberano cuando se trata de votar las leyes; su máxima atribución es deliberar sobre la paz y la guerra, y también sobre las alianzas, tratados de paz y pactos; es el pueblo quien lo ratifica todo, o lo contrario. De manera que no es un error decir que el pueblo goza de grandes atribuciones en la constitución romana y que ésta es democrática (…)
Este es el poder de cada uno de los elementos del sistema en lo que se refiere a favorecerse o a perjudicarse mutuamente. En cualquier situación esta estructura se mantiene debidamente equilibrada, tanto, que resulta imposible encontrar una constitución superior a ésta. Siempre que una amenaza exterior común obliga a estos tres estamentos a ponerse de acuerdo, la fuerza de esta constitución es tan imponente, surte tales efectos que no solamente no se retrasa nada de lo imprescindible, sino que todo el mundo delibera sobre el aprieto y lo que se decide se realiza al instante, porque los ciudadanos, sin excepción, en público y en privado, ayudan al cumplimiento de los decretos promulgados. De ahí que llegue a ser increíble la fuerza de esta constitución para llevar siempre a buen término lo que se haya acordado. Sin embargo, cuando los romanos se ven libres de amenazas exteriores y viven en el placer de la abundancia conseguida por sus victorias, disfrutando de gran felicidad, y, vencidos por la adulación y la molicie, se tornan insolentes y soberbios, cosa que suele ocurrir, es cuando se comprende mejor la ayuda que por sí misma les presta su constitución. En efecto, cuando una parte empieza a engreírse, a promover altercados y se arroga un poder superior al que le corresponde, es notorio que, al no ser los tres brazos independientes, como ya se ha explicado, ninguno de ellos llega a vanagloriarse demasiado y no desdeña a los restantes. De modo que todo queda en su lugar, unas cosas, refrenadas en su ímpetu, y las restantes, porque desde el comienzo temen la interferencia de otras próximas.

Polibio, Historias, VI 11-18, traducción de Manuel Balasch, Biblioteca Clásica Gredos, Madrid, 1981.

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Miércoles, 30 de Abril de 2008
 
Sentencia publicada el pasado 15 de abril
Con lugar recurso contencioso electoral de abstención o carencia contra el CNE
 
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Precisó la Sala Electoral que el Consejo Nacional Electoral al no responder a una solicitud hecha por un grupo de ciudadanos, “les ha lesionado su esfera jurídica subjetiva, puesto que vulneró el derecho de petición y oportuna respuesta, previsto en el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.”  

 

            La Sala Electoral, con ponencia del magistrado Juan José Núñez Calderón, declaró con lugar el recurso contencioso electoral de abstención o carencia ejercido por Franco Casella Lovaton, Pedro Montoya Gavidia, Osman Hutson Rosas, Nelson Ramírez Zabala y Víctor Rocha Laporta, contra el CNE, por lo que se ordenó al máximo órgano comicial que en un lapso no mayor de 10 días hábiles de la Administración siguientes a la notificación de esta sentencia –publicada el pasado 15 de abril-, “proceda a pronunciarse sobre los lineamientos y el procedimiento a seguir para activar una Asamblea Nacional Constituyente, formulada por los mencionados solicitantes”, precisó la sentencia.

            Sobre el presente caso, el 26 de octubre de 2007 los mencionados ciudadanos interpusieron un recurso por abstención o carencia contra el Consejo Nacional Electoral, debido a la desatención o ausencia de respuesta de unas peticiones realizadas al máximo órgano comicial del país.

            Las solicitudes hechas al CNE son la realizada el 20 de septiembre de 2007, mediante la cual solicitaron que le fueran proporcionados los lineamientos y el procedimiento respectivo a seguir para, por iniciativa popular, activar una Asamblea Nacional Constituyente de conformidad con lo establecido en la Constitución y en las leyes que rigen la materia; además, el recurso de reconsideración ejercido el 08 de octubre de 2007, a través del cual reiteraron ante la Presidencia del órgano rector del Poder Electoral, su voluntad de recolectar las firmas a que se refiere el artículo 348 de la Carta Magna para impulsar una Asamblea Nacional Constituyente.   

           

PRONUNCIAMIENTO DE LA SALA ELECTORAL

            Al estudiar el presente caso, la Sala Electoral recordó que el recurso contencioso electoral por abstención o carencia, a tenor de lo establecido en los artículos 236 y siguientes de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, es el mecanismo procesal idóneo para impugnar en sede jurisdiccional omisiones o carencias de naturaleza electoral cuyo cumplimiento corresponde a la Administración Electoral por mandato legal.

            Precisó la Sala que la pretensión de la parte solicitante al interponer la referida acción, siempre deberá estar orientada a que se le ordene a la Administración cumplir con una conducta o acto que, a manera de obligación, le ha impuesto la legislación y que ha omitido o se ha negado a cumplirla ante una petición; de modo que su procedencia está sujeta a que se haya configurado una “omisión”,  “inactividad” o “negativa” frente a alguna solicitud que se formule a la Administración por su falta de respuesta, vulnerado con ello el derecho de petición que consagra el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

            Tal obligación, señala la sentencia de la Sala Electoral, encuentra fundamento en la previsión contenida en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, en el que se establece el deber de la Administración de “…resolver las instancias o peticiones que se les dirijan o bien declarar, en su caso, los motivos que tuvieren para no hacerlo”.

            La Sala Electoral indicó en su dictamen que conforme a lo previsto en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, aplicable de modo  supletorio por remisión expresa del artículo 233 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, “[a] falta de disposición expresa toda petición, representación o solicitud de naturaleza administrativa dirigida por los particulares a los órganos de la Administración Pública y que no requiera sustanciación, deberá ser resuelta dentro de los veinte (20) días siguientes a su presentación o a la fecha posterior en que el interesado hubiere cumplido los requisitos legales exigidos”

            Se aprecia, subrayó la Sala, que la Administración Electoral dispone de 20 días hábiles, contados a partir de la solicitud presentada por los recurrentes el 20 de septiembre de 2007, a objeto de que se pronunciara sobre cuáles son los lineamientos y el procedimiento a seguir para activar una Asamblea Nacional Constituyente, toda vez que el órgano rector del Poder Electoral tiene el deber de darle respuesta tramitándola y decidiéndola, de manera adecuada y oportuna, garantizando en todo momento el respeto del derecho de petición.

            Sin embargo la Sala del TSJ evidenció que en el presente caso, hasta la presente fecha, cuando ha transcurrido un poco mas de 6 meses desde la formulación de dicha solicitud, el referido Órgano Electoral no ha emitido un pronunciamiento al respecto, limitándose la representación judicial del Consejo Nacional Electoral a señalar que “[r]esulta evidente según sus propios dichos que los hoy recurrentes introdujeron un escrito ante el Consejo Nacional Electoral, del cual no es posible establecer si se trata de una ‘solicitud’ (de primer grado), o si por el contrario se trata de una actuación dentro de ‘un recurso de reconsideración’ (de segundo grado); siendo que de este último además sólo se hace una mención genérica, por lo cual no es posible establecer de qué recurso, por ante cual (sic) autoridad, bajo cuales circunstancias se trata, a los fines de establecer que (sic) es lo que se requiere de la Administración Electoral, si es que se trata de la Administración Electoral a quien se refiere respecto al conocimiento ‘de un recurso de reconsideración’…”

            Resulta claro, indicó la Sala Electoral, que el objeto del recurso de reconsideración interpuesto el 08 de octubre de 2007 no era otro que ratificar o reiterar la solicitud original efectuada ante el CNE el 20 de septiembre de 2007, respecto a cuáles son los lineamientos y el procedimiento a seguir para activar una Asamblea Nacional Constituyente, principalmente, en virtud de que no existe un acto administrativo expreso ni tácito que pudiera ser impugnado a través del mencionado “recurso de reconsideración”, de allí que juzgue este órgano jurisdiccional que el error en la calificación de la segunda petición, por parte de los recurrentes, no es óbice para que la Administración Electoral cumpla su obligación legal de dar respuesta.

            Concluyó la Sala que el Consejo Nacional Electoral al no responder a Franco Casella Lovaton, Pedro Montoya Gavidia, Osman Hutson Rosas, Nelson Ramírez Zabala y Víctor Rocha Laporta, “les ha lesionado su esfera jurídica subjetiva, puesto que vulneró el derecho de petición y oportuna respuesta, previsto en el artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.”

            En vista de la situación la Sala Electoral para garantizar el restablecimiento de la situación jurídica subjetiva lesionada, ordenó al CNE que en un lapso no mayor de 10 días hábiles de la Administración siguientes a la notificación de esta sentencia, proceda a pronunciarse sobre los lineamientos y el procedimiento a seguir para activar una Asamblea Nacional Constituyente, formulada por los mencionados solicitantes.

 

Autor:
  PRENSA/TSJ
 
Fecha de Publicación:
  30/04/2008

 

 

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