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Archive for the ‘Derecho Civil I’ Category

 

 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO DEL MUNICIPIO MIRANDA DE LA
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

EXPEDIENTE: No. 1862-11.-

SENTENCIA: No. 1878.-
CAUSA: COBRO DE BOLIVARES POR EL PROCEDIMIENTO DE INT1MACION.

DEMANDANTE: MERCANTIL, C.A. BANCO UNIVERSAL.

DEMANDADO: DISTRIBUIDORA EL ENANO, C.A.

Por recibido en esta fecha el presente expediente constante de veintiséis (26) folios útiles, procedente
del JUZGADO PRIMERO DE LOS MUNICIPIOS CABIMAS, SANTA RITA Y SIMON BOLIVAR DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, con oficio N° 5953-10-666, por motivo de la DECLINATORIA DE COMPETENCIA en razón del Territorio, contentivo del juicio de COBRO DE BOLIVARES POR EL PROCEDIMIENTO INTIMATORIO intentado por la Sociedad Mercantil
MERCANTIL, C.A. BANCO UNIVERSAL, en contra de la Sociedad Mercantil EL ENANO, C.A., se le da entrada, fórmese expediente y anótese bajo el Nº 1862-11 del libro de causas llevado por este Juzgado; en este Tribunal antes de pronunciarse sobre su admisión pasa a realizar previamente las siguientes consideraciones:

El procedimiento por intimación tiene como propósito tutelar en forma expedita, es decir, con las menores dilaciones procesales posibles, la creación de un titulo con efecto ejecutivo, recayendo en el demandado la carga de contradecir el respectivo instrumento que fundamenta la acción, y a falta de oposición del demandado, el decreto intimatorio adquiere la fuerza ejecutiva propia de la cosa juzgada.

En este sentido, señala el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil lo siguiente:

Cuando la pretensión del demandante persiga el pago de una suma líquida y exigible de dinero o la entrega de cantidad cierta de cosas fungibles o de una cosa mueble determinada, el Juez, a solicitud del demandante, decretará la intimación del deudor, para que pague o entregue la cosa dentro de diez días apercibiéndole de ejecución. (Resaltado del Profesor). El demandante podrá optar entre el procedimiento ordinario y el presente procedimiento, pero este no será aplicable cuando el deudor no este presente en la República y no haya dejado apoderado a quien pueda intimarse, o si el apoderado que hubiere dejado se negare a representarlo. (Subrayado del Profesor). CAUSAL DE INADMISIBILIDAD.

Así mismo, el artículo 651 establece lo siguiente:

El intimado deberá formular su oposición dentro de los diez días siguientes a su notificación personal practicada en la forma prevista en el artículo 649, a cualquier hora de las fijadas en la tablilla a que se refiere el artículo 192, En el caso del artículo anterior, el defensor deberá formular su oposición dentro de los diez días siguientes a su intimación, en cualquiera de las horas anteriormente indicadas. Si el intimado o el defensor en su caso no formulare oposición dentro de los plazos mencionados, no podrá ya formularse y se procederá como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.

Por otra parte, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 29 de Noviembre de 2001, con ponencia de la Dra. Yolanda Jaimes Guerrero, caso Pradas Manuel contra Venezolana de Televisión, estableció:

“(…) Dicho procedimiento presenta la particularidad de tener una cognición reducida, y un carácter sumario, dispuesto a favor de quien tenga derechos de créditos que hacer valer, asistido por una prueba escrita, lo cual a su vez autoriza al Juez, para que inaudita altera parte (sin oír a la otra parte), emita un decreto con el que impone al deudor para que cumpla con su obligación. Ahora bien, una vez notificado el referido decreto se le concede, al deudor; un plazo de ejercer oposición y en tal caso surge de ello un procedimiento ordinario. No obstante, si el deudor no hiciera oposición al decreto dentro del término, éste a pasar a ser definitivo-irrevocable, con los efectos ejecutivos de una sentencia de condena. Ahora bien, en relación a los supuestos que pueden obstar la admisión del procedimiento de intimación, el Articulo 643 del Código de Procedimiento Civil señala lo siguiente:

El Juez negará la admisión de la demanda por auto razonado, en los casos siguientes:

1° Si faltare alguno de los requisitos exigidos en el artículo 640.
2° Si no se acompaña con el libelo la prueba escrita del derecho que se alega.
3° Cuando el derecho que se alega, está subordinado a una contraprestación o condición, a menos que el
demandante acompañe un medio de prueba que haga presumir el cumplimiento de la contraprestación
o la verificación de la condición.

En este sentido, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° RC-1382 de fecha 24-11-2004, caso Multiservicios Lesluis, C.A., contra Antonio Juguera Román. Exp. 04-0464, con ponencia de1 Dr. Tulio Álvarez, expresa:
“(…) el procedimiento por intimación se admite siempre que el demandado persiga el pago de una suma líquida y exigible de dinero o la entrega de-cantidad cierta de cosas fungibles o de una cosa mueble determinada, lo que significa que solo procede cuando se trate de acciones de condena que persigan el cumplimiento de obligación de dar que conste en prueba documental”,

“(…) Además, la obligación debe ser líquida y exigible, o sea, que la cantidad o quantum esté determinado o pueda serlo mediante una simple operación aritmética y, en adición, que no esté sujeta a condición alguna (…)”

De la revisión del escrito libelar, observa esta juzgadora que la parte actora alegó en su petitorio además de la obligación por parte de la demandada de pagar otros conceptos, la cancelación de los “…intereses moratorios que se sigan produciendo sobre el capital desde el día siguiente de la fecha hasta la que fueron calculados hasta la total cancelación y pago de todas las obligaciones, calculados a la misma rata, más las costas y costos del juicio las cuales protesto”.

Conforme a lo expuesto anteriormente, se tiene que 1a cantidad dineraria cuyo concepto representan los intereses moratorios que se siga produciendo sobre el capital desde el día siguiente de la fecha hasta la total cancelación y pago de todas las obligaciones, calculados a la misma rata, más las costas y costos del juicio, si bien en términos futuros pudiera ser factible su determinación, dicha contingencia es de imposible realización para el momento en que es requerida la tutela jurisdiccional y es admitida por el operador de justicia (actualidad de la determinación) requisito indispensable a los fines de la certeza que debe reunir el decreto intimatorio o la orden de pagar.
En ese sentido, planteada como ha sido esa parte de la pretensión o petitum de la demanda, el mismo, carece de los niveles de determinación actual, esto, para la oportunidad de intentarse el procedimiento por intimación, ya que la eventual liquidez de los intereses solicitados, está sujeta a factores o estructuras contingentes, que ciertamente pueden llegar a materializarse, sin embargo, ese hecho como se ha manifestado, está sujeto a eventos futuros y no anteriores al decreto intimatorio u orden de pagar, lo que contraría el mandato según el cual dicho decreto debe contener exacta y precisa obligación dineraria (requerimiento de determinabilidad), ya que dada la eventualidad del fallo, debe existir certeza en cuanto a la data de su firmeza o alcance de la autoridad de cosa juzgada.

En virtud de lo argumentado, esta Juzgadora deberá negar la admisión de la pretensión a través del procedimiento por intimación dispuesto en los artículos 640 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, en virtud de no darse cumplimiento al requisito intrínseco de admisibilidad contenido en el artículo 643 ordinal 1° ejusdem, y así deberá declararse en la dispositiva tomando en cuenta el criterio establecido en sentencia del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia con sede en Cabimas, de fecha 26 de Octubre de 20l0, Caso: Alfredo Morelo contra Freddy Mavarez Villamizar; criterio al cual se pliega este Juzgado. Así decide.

DECISION
Por los fundamentos antes expuestos este JUZGADO DEL MUNICIPIO MIRANDA DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: INADMISIBLE la demanda por la que se aspira hacer valer la pretensión propuesta, de COBRO DE BOLIVAR. ES POR EL PROCEDIMIENTO DE INTIMACION intentada por la Sociedad Mercantil MERCANTIL, C.A. BANCO UNIVERSAL, en contra de la Sociedad Mercantil DISTRIBUIDORA EL ENANO, C.A.

SEGUNDO: No hay condenatoria en costas por la naturaleza de la presente decisión.

PUBLIQUESE. REGISTRESE.-

Expirase copia certificada por Secretaria de este fallo y déjese en el archivo de este Tribunal de
conformidad con el articulo 248 del Código de Procedimiento Civil a los fines del artículo 1.384 .del Código
Civil.-
Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del JUZGADO “DEL MUNICIPIO MIRANDA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, en Los Puertos de Altagracia, a los veinticinco (25) días del mes de Febrero del año dos mil once.- Años: 200° de la independencia y 152° de la
federación.-

La Jueza,

Abog. Nodesma Mudafar de Ramírez

El Secretario,
Abog. Jesús Peralta Rivera

En la misma fecha, siendo la una y quince de la tarde (01:15 p.m.) se dicto y publico el fallo que antecede
bajo el No. 1878.-

El Secretario,
Abog. Jesús Peralta Rivera

NMdeR/jpr/mef.-

Agradecimiento al Distinguido Prof. Abog. Jesús Tadeo Jiménez por el Material.

 

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Caracas, 18 de marzo de 2009
198° y 150°

RESOLUCIÓN N° 2009-0006

El Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 267 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con las previstas en los artículos 1 y
20 in fine de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo,

CONSIDERANDO
Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 26 y 257 prevén el acceso a los órganos de administración de justicia como mecanismo que garantiza la tutela judicial efectiva, con omisión de las formalidades no esenciales al proceso.

CONSIDERANDO
Que los Juzgados de Primera Instancia con competencia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito en la República están experimentando un exceso de trabajo como consecuencia, entre otros aspectos, de la falta de revisión y ajuste de la competencia por la cuantía desde hace muchos años; por el conocimiento de los asuntos de Familia en los que no intervienen Niños, Niñas y Adolescentes; como consecuencia de la eliminación de los Juzgados de Parroquia, lo que incrementó su actuación como Juzgado de Alzada; y, muy especialmente, como consecuencia del gran número de asuntos de jurisdicción voluntaria y no contenciosa
que les son requeridos, lo cual atenta contra la eficacia judicial, privando a los justiciables de la obtención de
una verdadera tutela judicial efectiva que impone un Estado social de derecho y de justicia.

CONSIDERANDO
Que los Juzgados de Municipio, cuya cantidad se incrementó con ocasión de la supresión de los Juzgados de Parroquia, conocen de un número de asuntos que se han reducido considerablemente, evidenciándose en la actualidad un claro desequilibrio de la actividad jurisdiccional que desarrollan respecto a los Juzgados de Primera Instancia.

CONSIDERANDO
Que el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los tribunales de jurisdicción ordinaria tendrán competencia en todas las materias, a menos que le Ley disponga otra cosa, siendo tribunales de jurisdicción ordinaria, conforme al artículo 61 eiusdem, las Cortes de Apelaciones, los Tribunales Superiores, los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados de Municipio.

CONSIDERANDO
Que el artículo 11 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, en sus ordinales 10 y 11, cuyas funciones ejerce este Tribunal Supremo de Justicia según sentencia N° 1586 del 12 de junio del 2003, emanada de su Sala Constitucional, dado que el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reserva al Tribunal Supremo de Justicia, la dirección, gobierno y administración del Poder Judicial, siendo de su competencia crear circuitos judiciales, tribunales ordinarios y especiales; suprimir los ya existentes cuando así se requiera, especializar o no su competencia y convertir los tribunales unipersonales en colegiados; así como, establecer y modificar la competencia de los tribunales en razón del territorio y de la cuantía, y la modificación de las cuantías previstas, en el Código de Procedimiento Civil.

CONSIDERANDO
Que conforme a lo dispuesto en el artículo 18, segundo aparte, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, los recursos que se interpongan ante ésta, han de exceder de la suma de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.), lo cual ha generado una situación anómala dentro del sistema procesal venezolano, dado que, tradicionalmente, la cuantía de los Juzgados de Primera Instancia con competencia en lo Civil y Mercantil era la misma que daba acceso al recurso de casación civil, lo cual ha dejado de ser así, pues la competencia por la cuantía de estos últimos se mantiene todavía en una suma que sea superior a cinco
mil bolívares (Bs. 5.000,00).

CONSIDERANDO
Que según las estadísticas disponibles, los Juzgados de Primera Instancia con competencia en lo Civil, Mercantil y Tránsito, cuya ubicación suele estar en las capitales de los estados, agotan buena parte de sus recursos disponibles atendiendo asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa, tales como inspecciones, notificaciones, evacuación de títulos supletorios, justificativos de perpetua memoria, títulos supletorios, rectificaciones de actas y partidas, solicitudes de divorcio o separaciones de cuerpo amigables, entre otros asuntos de semejante naturaleza.

CONSIDERANDO
Que la gran mayoría de esos asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa, constituyen un importante número de asuntos que afectan a los justiciables en las distintas zonas del país, quienes a pesar de tener un Juzgado de Municipio cerca en su localidad, deben trasladarse a las respectivas capitales para su evacuación, lo que afecta la eficiente administración de justicia y dificulta el derecho constitucional de los justiciables para acceder a la función jurisdiccional.

CONSIDERANDO
Que resulta impostergable la toma de medidas y ajustes que permitan redistribuir de manera más eficiente entre los jueces ordinarios la función jurisdiccional, garantizando el mayor acceso posible de los justiciables a la justicia, asegurando su eficacia y transparencia.

RESUELVE

Artículo 1.- Se modifican a nivel nacional, las competencias de los Juzgados para conocer de los asuntos en materia Civil, Mercantil y Tránsito, de la siguiente manera:

a) Los Juzgados de Municipio, categoría C en el escalafón judicial, conocerán en primera instancia de los asuntos contenciosos cuya cuantía no exceda de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.).

b) Los Juzgados de Primera Instancia, categoría B en el escalafón judicial, conocerán en primera
instancia de los asuntos contenciosos cuya cuantía exceda las tres mil unidades tributarias (3.000
U.T.).

A los efectos de la determinación de la competencia por la cuantía, en todos los asuntos contenciosos cuyo valor sea apreciable en dinero, conste o no el valor de la demanda, los justiciables deberán expresar, además de las sumas en bolívares conforme al Código de Procedimiento Civil y demás leyes que regulen la materia, su equivalente en unidades tributarias (U.T.) al momento de la interposición del asunto.

Artículo 2.- Se tramitarán por el procedimiento breve las causas a que se refiere el artículo 881 del Código de Procedimiento Civil, y cualquier otra que se someta a este procedimiento, cuya cuantía no exceda de mil quinientas unidades tributarias (1.500 U.T.); asimismo, las cuantías que aparecen en los artículos 882 y 891 del mismo Código de Procedimiento Civil, respecto al procedimiento breve, expresadas en bolívares, se fijan en quinientas unidades tributarias (500 U.T.).

Artículo 3.- Los Juzgados de Municipio conocerán de forma exclusiva y excluyente de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa en materia civil, mercantil, familia sin que participen niños, niñas y adolescentes, según las reglas ordinarias de la competencia por el territorio, y en cualquier otro de semejante naturaleza. En consecuencia, quedan sin efecto las competencias designadas por textos normativos preconstitucionales. Quedando incólume las competencias que en materia de violencia contra la mujer tienen atribuida.

Artículo 4.- Las modificaciones aquí establecidas surtirán sus efectos a partir de su entrada en
vigencia y no afectará el conocimiento ni el trámite de los asuntos en curso, sino tan sólo en los asuntos
nuevos que se presenten con posterioridad a su entrada en vigencia.

Artículo 5.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Artículo 6.- Quedan sin efectos las competencias establecidas en el DECRETO PRESIDENCIAL Nº
1029 de fecha 17 de enero de 1996 y la RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Nº 619 de
fecha 30 de enero de 1996, así cualquier otra disposición que se encuentre en contravención con la presente
Resolución.

Comuníquese y publíquese.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los
dieciocho (18) días del mes de marzo de dos mil nueve. Años: 198° de la Independencia y 150° de la
Federación.
La Presidenta,
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

El Primer Vicepresidente,
OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

El Segundo Vicepresidente,
LUIS ALFREDO SUCRE CUBA

Los Directores,
EVELYN MARRERO ORTIZ YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA
ELADIO RAMÓN APONTE APONTE

Los Magistrados,
FRANCISCO CARRASQUERO LÓPEZ
YOLANDA JAIMES GUERRERO
LUIS MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ
DEYANIRA NIEVES BASTIDAS
JUAN RAFAEL PERDOMO
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
LEVIS IGNACIO ZERPA
HADEL MOSTAFÁ PAOLINI
ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
CARLOS ALFREDO OBERTO VÉLEZ
BLANCA ROSA MÁRMOL DE LEÓN
ALFONSO VALBUENA CORDERO
EMIRO GARCÍA ROSAS
RAFAEL ARÍSTIDES RENGIFO CAMACARO
FERNANDO RAMÓN VEGAS TORREALBA
JUAN JOSÉ NÚÑEZ CALDERÓN
LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ
HÉCTOR CORONADO FLORES
LUIS EDUARDO FRANCESCHI GUTIÉRREZ
CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
MIRIAM DEL VALLE MORANDY MIJARES
ARCADIO DELGADO ROSALES

La Secretaria,
OLGA M. DOS SANTOS P

 

Agradecimiento al Distinguido Prof. Abog. Jesús Tadeo Jiménez por el Material.

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Luego de la revisión detallada de la Resolución Nº 2009-0006, dictada por el Tribunal Supremo de Justicia en fecha 18 de Marzo de 2009, referida a las nuevas competencias a nivel nacional de los Tribunales Civiles, se pueden resaltar las siguientes:

LOS JUZGADOS DE MUNICIPIO CONOCERÁN:

1.- De todas aquellas causas que no excedan las tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.)  -(Bs.165.000,00).

2.- En forma exclusiva y excluyente de todos aquellos asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa en materia Civil, Mercantil y Familia sin inclusión de niños, niñas o adolescentes:

Ejemplo:
* Separación de cuerpos y/o divorcio por mutuo consentimiento, incluyendo la conocida figura 185-A.

* Inspecciones Judiciales y Notificaciones.

* Solicitud de Justificativos de Perpetua Memoria.

* Rectificaciones de actas y partidas.

LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA CONOCERÁN:

1.- De todas aquellas causas que excedan las tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.)  +(Bs.165.000,00).

Así mismo, en lo que respecta al PROCEDIMIENTO BREVE, establecido en el artículo 881 del Código de Procedimiento Civil, se han efectuado las siguientes regulaciones:

1.- Se tramitarán por el procedimiento breve aquellas causas a que se refiere el artículo 881 del C.P.C. y que no excedan las mil quinientas unidades tributarias (1.500 U.T.) -(Bs.82.500,00).

2.- El interesado podrá interponer la demanda verbalmente ante la secretaria del Juzgado y sin necesidad de estar asistido de abogado, si el asunto no excede las quinientas unidades tributarias (500 U.T.) -(Bs.27.500,00) (Art.882 CPC).

3.- En este procedimiento, sólo serán apelables las sentencias definitivas cuyo asunto fuere mayor a las quinientas unidades tributarias (500 U.T.) +(Bs.27.500,00) (Art.891 CPC).

Finalmente se señala que las modificaciones entrarán en vigencia a partir de su publicación en Gaceta Oficial y sólo afectarán a los asuntos nuevos, puesto que aquellos que se encuentren en curso seguirán su trámite previo a la resolución, derogando igualmente cualquier disposición que se encuentre en contravención a lo resuelto.

Agradecimiento al Profesor Venezolano Juan Carlos Toloza Marin (AUTOR)

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La doctrina distingue la hipoteca según sus fuentes, pero el legislador en el Articulo 1884 del Código Civil, estipula que se clasifican en Legal, Judicial o Convencional o sea, que dicha clasificación obedece al origen de la hipoteca, bien sea porque nazca por voluntad del legislador o de las partes convencionalmente.

La Hipoteca Legal:

Se encuentra consagrada en el Articulo 1885 y el Código Civil, que dispone:

Tienen Hipoteca Legal:

1° El vendedor u enajenante, sobre los bienes inmuebles enajenados, para el cumplimiento de las obligaciones que se deriven del acto de enajenación; bastando para ello que en instrumento de enajenación conste la obligación.

2° Y Los coherederos, socios y demás copartícipes sobre los inmuebles que pertenecen a la sucesión, sociedad o comunidad, para el pago de los saldos o vueltas de las respectivas partes, bastando, asimismo, que conste en el instrumento de adjudicación la obligación de las vueltas.

3°. El menor y el entredicho, sobre los bienes del tutor con arreglo a los Artículos 360 y 397 del Código Civil. Se debe tener muy presente que aunque el legislador determine la hipoteca legal, esta debe cumplir con el requisito del Registro por ante la oficina respectiva, o sea, donde se encuentre ubicado el inmueble hipotecado.

 

La Hipoteca Judicial:

La consagra el Articulo 1886 del Código Civil, el cual determina:

“Toda sentencia ejecutoriada que condene el pago de una cantidad determinada, a la entrega de cosas muebles o al cumplimiento de cualquier otra obligación convertida en la de pagar una cantidad liquida, produce hipoteca sobre los bienes del deudor en favor de quien haya obtenido la sentencia, hasta un valor doble del de la cosa o cantidad mandada a pagar”. El citado profesor Aguilar Gorrondona, con respecto a la hipoteca judicial expone lo siguiente: “Hipoteca Judicial es aquella cuyo titulo es un fallo o decisión Judicial. Dicho en otras palabras, hay hipoteca judicial cuando un fallo o una decisión confieren a un acreedor el derecho de constituir una hipoteca sobre bienes del deudor.

La Hipoteca Convencional:

El Articulo 1890 determina: “No podrá hipotecar válidamente sus bienes sino quien tenga capacidad para enajenarlos”. Posteriormente, el Artículo 1981 establece que, los bienes de las personas incapaces de enajenar y los de los ausentes podrán hipotecarse solamente por las causas y con las formalidades establecidas por la Ley.

Por otra parte, quien tiene sobre un inmueble un derecho suspendido por una condición, o resoluble en ciertos casos o dependiente de un titulo anulable, no pueden constituir una hipoteca (SUJETA A LAS MISMAS EVENTUALIDADES), con excepción de los casos en que la ley dispone expresamente que la resolución o rescisión no tiene efecto en perjuicio de terceros (C.C. Arts. 1454, 1466, 1544 y 1892).

 De la misma manera, el Artículo 1893 del Código Civil, es determinante al no permitir la constitución de hipoteca sobre bienes futuros.

 

Agradecimiento al Distinguido Prof. Abog. Jesús Tadeo Jiménez por el Material.

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             El pago esta constituido por diversos elementos:

1)  Una obligación válida:

 

El pago es el cumplimiento de una obligación válida, supone la existencia de esa obligación válida, pues si esta es nula o anulable, el deudor no esta obligado a realizar el pago, y en caso de efectuarlo salvo en los casos no permitidos por la ley, puede ejercer repetición.

Esa obligación válida consiste para la mayoría de la doctrina en obligaciones de dar y hacer y excluye a las de no hacer, porque en estas el deudor no desarrolla ninguna actividad, sino cumple la obligación no efectuando la conducta que le este prohibida. Tal criterio, de origen romano, no parece acertado, pues en nuestro concepto las obligaciones de no hacer también “se pagan” cuando el deudor deja de efectuar la actividad que se comprometió a no realizar: en las obligaciones de no hacer la abstención del deudor es la forma o manera de ejecutar la prestación a que tiene derecho el acreedor.

2)  La intención de extinguir la obligación, llamada también la intención de pagar:

Es el ánimo o deseo de extinguir la obligación por parte del deudor. Aparte del elemento material o ejecución de la prestación, debe existir el elemento intencional, que consiste en el ánimo o deseo de extinguir la obligación. Esto no significa que la falta de ese animo o deseo autorice al deudor a ejercer la repetición, pues si el acreedor recibe del deudor la prestación que fuere a titulo de pago, basta para que el deudor quede liberado de su obligación y no pueda repetir, aun cuando la prestación que hubiere ejecutado el deudor no la hubiese efectuado con animo de pagar. El deudor podría repetir solo si el y el acreedor está de acuerdo en que la prestación no sirva para extinguir la deuda sino para crear una nueva relación jurídica.

3)  Los sujetos del pago: el solvens o quien efectúa el pago que en general, pero no necesariamente, es el deudor y el accipiens o persona que recibe el pago, que generalmente, pero no necesariamente, es el acreedor.

EL SOLVENS

Como principio general, debemos señalar que la ley presume que el pago no es intuitu personae, pues el acreedor no le interesa que le pague determinada persona sino recibir la prestación a la que tiene derecho y que representa la ventaja patrimonial a la cual el aspira. Por consiguiente, el pago puede ser efectuado por el deudor, por toda persona o tercero interesado en efectuarlo y por un tercero no interesado, siempre que actúe en nombre y descargo del deudor o que si actúa en un propio nombre no se subrogue en los derechos del acreedor.

Como excepción al principio de que el pago puede ser efectuado por un tercero, interesado o no interesado, en las obligaciones de hacer, el legislador dispone que no se pueda cumplir por un tercero contra la voluntad del acreedor, cuando este tiene interés en que se cumpla por el mismo deudor.

En las obligaciones de dar, el legislador distingue especialmente cuando el pago consiste en transferir la propiedad de una cosa al acreedor, y dispone que el pago no es valido sino concurre dos condiciones, el solvens debe ser dueño de la cosa pagada y debe ser capaz de enajenarla.

Por lo que respecta a los efectos del pago efectuado por un tercero, la doctrina observa, primero, que el acreedor salvo en los casos señalados en la ley, no puede rechazar el pago del tercero. Segundo, el deudor no puede impedir el pago del tercero si el mismo no paga y tercero, el tercero no tiene derecho a pagar si el acreedor y el deudor concurren en rechazar su pago.

EL ACCIPIENS

El pago puede efectuarse a la persona que pueda o deba recibirlo, so pena de tener que pagar dos veces. Esas personas son el acreedor, la persona autorizada por el propio acreedor, por la autoridad judicial o por la ley. Excepcionalmente, el pago hecho a un tercero es valido cuando el acreedor ratifica ese pago o se aprovecha de él; o cuando el pago se efectúa de buena fe al poseedor del crédito, aun cuando este sufra posteriormente la evicción.

La doctrina estudia las personas que pueden recibir el pago desde un triple punto de vista.

Primero, el pago efectuado al propio acreedor. Se trata del pago efectuado al acreedor en persona. El acreedor será aquel que para el momento del pago tenia el respectivo derecho el crédito, es decir, aquel que para el momento del pago está investido de ese derecho de crédito, no importa que no se trate del acreedor original. Es igualmente acreedor el heredero del acreedor originario, por su respectiva cuota; el adjudicatario o cesionario, en el titulo nominativo; el endosatario, en el titulo a la orden, y el poseedor, en cualquier titulo al portador.

El pago será válido siempre que el acreedor sea persona capaz de recibirlo, pues si es incapaz, el pago no es válido, a menos que el deudor pruebe que la cosa pagada se ha convertido en utilidad del acreedor.

La necesidad de que el acreedor sea una persona capaz de recibirlo se explica porque toda aceptación de pago produce la enajenación del crédito al cual aquel se refería, y por lo tanto, la aceptación no pueda hacerse por quien no tenga el poder de enajenar. En todo caso, es necesario indagar si el accipiens tiene facultades de administración o de disposición ya que el cobro es un acto de administración y por lo tanto no pueden efectuarlo las personas que no tienen la administración de sus propios bienes, pudiendo efectuarlo quienes si tuvieren esa administración ya que existen, actos de cobro que constituyen verdaderos actos de enajenación como ocurre con el cobro de un capital.

Con respecto al pago hecho por el deudor al acreedor no obstante embargo de la deuda u oposición de terceros:

Según lo establece el artículo 1.289 del Código Civil Venezolano, es importante resaltar, que el pago efectuado por el deudor al acreedor habiendo embargo de la deuda u oposición de terceros en la forma prevista por la ley, no es valido respecto a los acreedores embargantes u oponentes, quienes pueden obligar al deudor a pagar de nuevo, salvo su recurso contra el acreedor.

Con respecto al pago efectuado al representante del acreedor:

La doctrina y la legislación distinguen tres tipos de representantes, El designado por el propio acreedor; dentro de estas personas están comprendidas las autorizadas convencionalmente por el acreedor en forma expresa o tacita. Será necesario, en las expresas, analizar el mandato otorgado para estimar sus alcances y poderes; en las tacitas será necesario  el análisis de las circunstancias concretas.

El designado por la ley que comprende a aquellas personas señaladas por la ley para recibir el pago por el acreedor; así tenemos: el padre, respecto al hijo en minoría de edad, el tutor, respecto del pupilo; el síndico, en las quiebras, etc.

El designado por la autoridad judicial que comprende aquellas personas señaladas por la autoridad judicial para recibir el pago, tales como el depositario de un derecho de crédito embargado.

Con respecto al pago efectuado a un tercero no autorizado y al acreedor putativo:

Estas hipótesis están contempladas en la segunda parte del articulo 1.286 del Código Civil venezolano, donde establece que el pago hecho a quien no estaba autorizado por el acreedor para recibirlo, es valido cuando este lo ratifica o se ha aprovechado de el. Y en el artículo 1.287 ejusdem, donde establece que el pago hecho de buena fe a quien estuviere en posesión del crédito, es valido, aunque el poseedor haya sufrido después evicción. Por acreedor putativo se entiende en la doctrina a la persona que estuviese en posesión del crédito y que por tal circunstancia pueda adquirir la cualidad de acreedor aparente, hasta tal punto que un deudor advertido y vigilante pueda caer en el error de creerlo el acreedor verdadero.

Es importante que el pago haya sido efectuado de buena fe.

4)           El objeto del pago: El Objeto del pago es la prestación debida; en principio, el deudor debe cumplir la prestación a la que se encuentra obligado.

En las obligaciones de dar, el deudor de un cuerpo cierto se libera entregando la cosa en el estado en que se encuentre en el momento del pago; a menos que, si se trata de una obligación contractual, se haya constituido en mora. Por el contrario, los riesgos están a cargo del deudor de una cosa genérica (Articulo 1.161 y 1.293 del Código Civil).

El deudor solo se libera cumpliendo con la prestación debida. Si la prestación consiste en una Dación, o sea, en una trasmisión de la propiedad, seguida de la entrega de la cosa; el acreedor tendría el derecho de rechazar cualquier otra cosa, incluso de más valor (Artículo 1.290 del Código Civil). Pero si el acreedor no puede ser obligado a recibir cosa distinta de la cosa debida, está en libertad para aceptarla; es la dación de pago.

Pago de la prestación debida:

 

 Tres principios rigen el pago:

a) el Solvens debe pagar lo debido.

b) Debe pagar todolo debido. Así pues, sin consentimiento del acreedor, aquel no podría dividir el pago, y debe abonar los gastos del mismo.

c) No debe pagar mas nada de lo debido. Si paga lo indebido, dispone de una acción de repetición (artículo 1.178 del Código Civil).

a)    El solvens debe pagar lo debido:

El Pago de las Obligaciones de Hacer y No Hacer: Cuando la prestación prometida consiste en un hecho positivo o negativo, el cumplimiento de esa prestación no suscita problemas particulares. El deudor, contractual o extracontractual, debe cumplir el hecho al que está obligado. Solamente cuando el deudor de un hecho positivo se negare al cumplimiento en especie, surgirá una cuestión delicada, la de determinar si el acreedor puede compelerlo a ello, y porque medios. Como observación general debe señalarse que también rigen los principios generales de integridad (artículo 1.291 del Código Civil) e identidad del pago (artículo 1.290 del Código Civil) señalados como de aplicación omnicomprensiva en todo tipo de obligación. Además, por lo que respecta a las obligaciones de hacer, el Código Civil dispone en su artículo 1.284: que si bien pueden ser cumplidas por un tercero, ello no puede efectuarse en contra de la voluntad del acreedor cuando este tiene interés en que se cumpla por el mismo deudor.

La regla vigente en materia de obligaciones de dar cosas in genere acerca de que el deudor no está obligado, al efectuar el pago, a entregar una cosa de la mejor calidad ni una de la peor (artículo 1.294 del Código Civil), es plenamente aplicable al pago de las obligaciones de hacer, cuando dicho pago consiste en el desarrollo por parte del deudor de una actividad o conducta no calificada por las partes. (A cuerpo cierto).

Por lo que respecta a las obligaciones de no hacer, la doctrina no desarrolla en general el pago de las mismas, porque consiste siempre para el deudor en abstenerse de efectuar la actividad o conducta que le está prohibida, y por lo tanto, no siendo susceptibles de cumplimiento diverso o parcial, no presentan efectos especiales que puedan derivarse de los principios de identidad e integridad del pago. Debe señalarse que en el pago de esta clase de obligaciones no se concibe que el deudor pueda incurrir en mora ya que jamás puede existir retardo en el cumplimiento, sino incumplimiento absoluto.

El Pago de las Obligaciones de Dar: La Obligación de dar es la obligación de transmitir la propiedad u otro derecho real. La obligación de entregar la cosa cuya propiedad se transmite no puede ser separada de aquella, por ser consecuencia necesaria.

Resulta más fácil compeler al cumplimiento en especie al deudor de una obligación de dar y de entregar que al de una obligación de hacer. Pero, en lo que concierne al objeto mismo del pago, se plantean algunos problemas que no se encuentran para las obligaciones de hacer o no hacer. Derivan de que el objeto del pago es una cosa material; más exactamente, la trasmisión de un derecho real y la entrega de la cosa material. La existencia de tal cosa es la que hace que surjan esos problemas.

Las reglas particulares del pago de las obligaciones de dar, prácticamente las del cumplimiento de una obligación de entrega, se precisa en el artículo 1285 del Código Civil. Hay que distinguir según que la cosa debida sea un cuerpo cierto o una cosa genérica (articulo 1.293 C.C.).

Se presenta un problema cuando, antes de ser entregada, la cosa debida perece o se deteriora fuera de toda culpa del deudorEl deudor de un cuerpo cierto se libera por la pérdida o deterioro de la cosa debida, a menos que haya sido constituido en mora, antes de entregar, cuando se trate de una obligación extracontractual (articulo 1293 C.C). El deudor de una cosa genérica no puede alegar la destrucción o el deterioro de la cosa: GeneraNon Pereunt.

b)    Principios Generales que rigen el Pago:

El pago de toda obligación (sea de dar, hacer o no hacer) está regido por dos principios generales admitidos por la doctrina, legislaciones y la jurisprudencia.

Principio de Identidad del PagoEl pago debe ser idéntico a la prestación debida, debe comprender dicha prestación y nada más que dicha prestación, por consiguiente: “No puede obligarse al acreedor a recibir una prestación o cosa distinta de la que se le debe, aunque el valor de la cosa sea igual o aun superior al de aquella” efecto admitido por nuestro legislador en él artículo 1290 del C.C. Igualmente, como consecuencia del principio de identidad del pago, este supone una prestación que no puede exceder a la prestación prometida porque en tal caso el deudor podría intentar la repetición de lo pagado (articulo 1178 C.C.).

 

Principio de Integridad del Pago: El pago debe ser completo, comprender toda la prestación debida, como consecuencia el deudor no puede pretender cumplir en parte la prestación prometida, de allí que no puede constreñir al acreedor a recibir en parte el pago de la deuda, aunque esta fuera divisible (artículo 1.291 del C.C.).

Este efecto es mejor conocido en doctrina por el “principio de la indivisibilidad del pago”. Principio que admite excepciones en las cuales se acepta el pago parcial, a saber:

a) Cuando se opone con éxito la compensación que extingue las acreencias hasta el momento en que concurre, y si existe un remanente a cargo del deudor, este queda obligado a pagárselo a la otra parte.

b) En caso de muerte del deudor de una obligación divisible, la deuda se divide por sus respectivas partes entre sus herederos, quienes solo quedan obligados a pagar su parte.

c) Cuando el pago parcial es aceptado por el acreedor.

d) En los casos en que una deuda es en parte liquida y en parte ilíquida.

En el caso de que la deuda fuera en parte liquida y en parte ilíquida, y si no se ha establecido que debe procederse de otra manera, el acreedor podrá exigir y el deudor hacer primero el pago de la parte liquida, antes de efectuarse el pago de la parte ilíquida. (Articulo 1292 C.C.)

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EL PAGO COMO MODO DE EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES

Conforme el Artículo 1.156 del Código Civil (VENEZUELA), “las obligaciones se extinguen: por el pago o cumplimiento, por la pérdida de la Cosa Debida, por la Condonación de la Deuda, por la Confusión de Derechos de acreedor y deudor, por la Compensación y por la Novación”.

 

Las circunstancias o figuras enunciadas se conocen técnicamente con el nombre de Causas de Extinción de las Obligaciones, en cuanto todas ellas determinan la extinción de la relación obligatoria. De todas ellas, la más importante, y frecuente, es el Cumplimiento o Pago.

El Pago constituye el medio o modo voluntario por excelencia del cumplimiento de la obligación. Desde un punto de vista general es el medio ordinario o normal de extinción de una obligación.

Es desde el punto de vista técnico jurídico el cumplimiento de la obligación, independientemente de que consista o no en la transferencia o entrega de una suma de dinero. Cuando un deudor cumple su obligación, cualquiera que ella sea dicho deudor esta pagando esa obligación.

La transferencia o entrega de una suma de dinero no es más que una de las formas de pago, una de las formas de cumplimiento, referidas solamente a las obligaciones que tienen por objeto una suma de dinero.

Según la Real Academia el Pago consiste en la entrega de un dinero o especie que se debe. Según Andrés Bertrand Perdomo el pago no es más que el cumplimiento de una obligación, abono de una deuda. Y desde el punto de vista de Manuel Osorio, en su diccionario Jurídico el Pago es el cumplimiento de la Prestación que constituya el objeto de la obligación, ya sea esta una Obligación de Hacer o una Obligación de Dar, constituyendo así una forma típica de extinción de las obligaciones.

El pago constituye el medio o modo voluntario por excelencia del cumplimiento de la obligación. Desde un punto de vista general es el medo ordinario o normal de extinción de una obligación.

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Para conocer la nueva Ley Organica del Trabajo Promulgada por el Presidente de la Republica Bolivariana de Venezuela haz click en el link:

http://media.noticias24.com/1204/lot.pdf

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FORMA DE LA JURISDICCIÓN

Está constituido por las partes o interesados y el juez. Así como la existencia de un procedimiento, con ciertas formalidades mínimas que garantizan el contradictorio* y termina con una resolución con fuerza de cosa Juzgada.

*El principio contradictorio (o de contradicción) es la posibilidad que tienen las partes de cuestionar preventivamente todo aquello que pueda luego influir en la decisión final y como tal presupone la paridad de aquéllas (acusación y defensa) en el proceso: puede ser eficaz sólo si los contendientes tienen la misma fuerza o, al menos, los mismos poderes. Es la posibilidad de refutación de la contraprueba. Representa a su vez el derecho a la igualdad ante la ley procesal, de contar con las mismas armas para formar –con las mismas posibilidades- el convencimiento del juzgador.

CONTENIDO DE LA JURISDICCIÓN

Por el contenido de la jurisdicción se entiende la existencia de un conflicto con  relevancia jurídica que es necesario decidir mediante resoluciones susceptibles de adquirir autoridad de cosa Juzgada.

FUNCIÓN DE LA JURISDICCIÓN

La actividad de determinar conflictos y dictar controversias es uno de los fines primeros del Estado. Sin esa función, el Estado no se concibe como tal; privados los particulares de la facultad de hacer justicia por su mano, el orden jurídico les han investido de acción y al estado el deber de la jurisdicción, es decir administración de justicia.

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Es la cualidad que adquieren las sentencias y las resoluciones definitivas de los jueces cuando se han agotado todos los recursos destinados a impugnarlas, y se tornan irrevocables. La sentencia implica un mandato, que cuando adquiere la autoridad de cosa juzgada, se torna inmutable. El caso examinado y decidido, ya no podrá replantearse con posterioridad.

Ahora, como bien lo expresa FERNANDO VILLASMIL B., en su Obra Los Principios Fundamentales y Las Cuestiones Previas en el Nuevo Código de Procedimiento Civil, Maracaibo 1986, “La cosa Juzgada en una presunción de carácter Iuris et de Iure, de que lo que fue decidido por sentencia definitivamente firme, es verdad definitiva y absoluta y no puede ser discutido ni revisado nuevamente.”

Esta Presunción legal esta consagrada en el Art. 1.395 del Código Civil, que en su parte final expresa: “…la autoridad de la cosa Juzgada no procede sino respecto de lo que ha sido objeto de la sentencia. Es necesario que la cosa Demandada sea la misma; que la nueva demanda este fundada sobre la misma causa; que sea entre las mismas partes, y que están vengan al Juicio con el mismo carácter que el anterior…”.
Es lo que se conoce en la Doctrina, como la triple identidad: a este respecto la cosa Juzgada solo procede cuando ocurre una triple identidad de sujetos, objetos y causa petendi, del nuevo proceso, con el que ya quedo resuelto por una sentencia definitivamente firme u otro acto con fuerza de tal.
Tiene que coincidir en todo, los sujetos y el carácter con que actuaron; el objeto, ósea el interés o beneficio que se procura mediante el ejercicio de la acción; y la causa a pedir, esto es, el fundamento legal o convencional de cual se deduce la petición. Si no concurren esos tres elementos de identidad no hay cosa juzgada.

Importante:

El mismo objeto afirmado en la pretensión decidida por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, no debe formar objeto de una nueva pretensión a decidirse en otro proceso entre las mismas partes por la misma causa petendi si buscamos limitar el alcance de la cosa juzgada.

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La primera distinción es que la jurisdicción es una potestad pública, genérica de todo tribunal; mientras que la competencia es un poder especifico para intervenir es determinadas causas. Siendo cierta la afirmación según la cual todo juez tiene jurisdicción por el solo hecho de serlo, pero no todos los jueces tienen la misma competencia. Pues esta puede variar dependiendo del criterio atributivo.

Un juez competente es, al mismo tiempo un juez con jurisdicción; pero un juez incompetente es un juez con jurisdicción y  sin competencia. La competencia es el fragmento de jurisdicción atribuido a un juez, es un limite o la medida de la jurisdicción que ejerce en concreto el juez.

 

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