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Archive for the ‘Derecho Romano’ Category

Caracas, 18 de marzo de 2009
198° y 150°

RESOLUCIÓN N° 2009-0006

El Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 267 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con las previstas en los artículos 1 y
20 in fine de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo,

CONSIDERANDO
Que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 26 y 257 prevén el acceso a los órganos de administración de justicia como mecanismo que garantiza la tutela judicial efectiva, con omisión de las formalidades no esenciales al proceso.

CONSIDERANDO
Que los Juzgados de Primera Instancia con competencia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito en la República están experimentando un exceso de trabajo como consecuencia, entre otros aspectos, de la falta de revisión y ajuste de la competencia por la cuantía desde hace muchos años; por el conocimiento de los asuntos de Familia en los que no intervienen Niños, Niñas y Adolescentes; como consecuencia de la eliminación de los Juzgados de Parroquia, lo que incrementó su actuación como Juzgado de Alzada; y, muy especialmente, como consecuencia del gran número de asuntos de jurisdicción voluntaria y no contenciosa
que les son requeridos, lo cual atenta contra la eficacia judicial, privando a los justiciables de la obtención de
una verdadera tutela judicial efectiva que impone un Estado social de derecho y de justicia.

CONSIDERANDO
Que los Juzgados de Municipio, cuya cantidad se incrementó con ocasión de la supresión de los Juzgados de Parroquia, conocen de un número de asuntos que se han reducido considerablemente, evidenciándose en la actualidad un claro desequilibrio de la actividad jurisdiccional que desarrollan respecto a los Juzgados de Primera Instancia.

CONSIDERANDO
Que el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los tribunales de jurisdicción ordinaria tendrán competencia en todas las materias, a menos que le Ley disponga otra cosa, siendo tribunales de jurisdicción ordinaria, conforme al artículo 61 eiusdem, las Cortes de Apelaciones, los Tribunales Superiores, los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados de Municipio.

CONSIDERANDO
Que el artículo 11 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, en sus ordinales 10 y 11, cuyas funciones ejerce este Tribunal Supremo de Justicia según sentencia N° 1586 del 12 de junio del 2003, emanada de su Sala Constitucional, dado que el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela reserva al Tribunal Supremo de Justicia, la dirección, gobierno y administración del Poder Judicial, siendo de su competencia crear circuitos judiciales, tribunales ordinarios y especiales; suprimir los ya existentes cuando así se requiera, especializar o no su competencia y convertir los tribunales unipersonales en colegiados; así como, establecer y modificar la competencia de los tribunales en razón del territorio y de la cuantía, y la modificación de las cuantías previstas, en el Código de Procedimiento Civil.

CONSIDERANDO
Que conforme a lo dispuesto en el artículo 18, segundo aparte, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, los recursos que se interpongan ante ésta, han de exceder de la suma de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.), lo cual ha generado una situación anómala dentro del sistema procesal venezolano, dado que, tradicionalmente, la cuantía de los Juzgados de Primera Instancia con competencia en lo Civil y Mercantil era la misma que daba acceso al recurso de casación civil, lo cual ha dejado de ser así, pues la competencia por la cuantía de estos últimos se mantiene todavía en una suma que sea superior a cinco
mil bolívares (Bs. 5.000,00).

CONSIDERANDO
Que según las estadísticas disponibles, los Juzgados de Primera Instancia con competencia en lo Civil, Mercantil y Tránsito, cuya ubicación suele estar en las capitales de los estados, agotan buena parte de sus recursos disponibles atendiendo asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa, tales como inspecciones, notificaciones, evacuación de títulos supletorios, justificativos de perpetua memoria, títulos supletorios, rectificaciones de actas y partidas, solicitudes de divorcio o separaciones de cuerpo amigables, entre otros asuntos de semejante naturaleza.

CONSIDERANDO
Que la gran mayoría de esos asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa, constituyen un importante número de asuntos que afectan a los justiciables en las distintas zonas del país, quienes a pesar de tener un Juzgado de Municipio cerca en su localidad, deben trasladarse a las respectivas capitales para su evacuación, lo que afecta la eficiente administración de justicia y dificulta el derecho constitucional de los justiciables para acceder a la función jurisdiccional.

CONSIDERANDO
Que resulta impostergable la toma de medidas y ajustes que permitan redistribuir de manera más eficiente entre los jueces ordinarios la función jurisdiccional, garantizando el mayor acceso posible de los justiciables a la justicia, asegurando su eficacia y transparencia.

RESUELVE

Artículo 1.- Se modifican a nivel nacional, las competencias de los Juzgados para conocer de los asuntos en materia Civil, Mercantil y Tránsito, de la siguiente manera:

a) Los Juzgados de Municipio, categoría C en el escalafón judicial, conocerán en primera instancia de los asuntos contenciosos cuya cuantía no exceda de tres mil unidades tributarias (3.000 U.T.).

b) Los Juzgados de Primera Instancia, categoría B en el escalafón judicial, conocerán en primera
instancia de los asuntos contenciosos cuya cuantía exceda las tres mil unidades tributarias (3.000
U.T.).

A los efectos de la determinación de la competencia por la cuantía, en todos los asuntos contenciosos cuyo valor sea apreciable en dinero, conste o no el valor de la demanda, los justiciables deberán expresar, además de las sumas en bolívares conforme al Código de Procedimiento Civil y demás leyes que regulen la materia, su equivalente en unidades tributarias (U.T.) al momento de la interposición del asunto.

Artículo 2.- Se tramitarán por el procedimiento breve las causas a que se refiere el artículo 881 del Código de Procedimiento Civil, y cualquier otra que se someta a este procedimiento, cuya cuantía no exceda de mil quinientas unidades tributarias (1.500 U.T.); asimismo, las cuantías que aparecen en los artículos 882 y 891 del mismo Código de Procedimiento Civil, respecto al procedimiento breve, expresadas en bolívares, se fijan en quinientas unidades tributarias (500 U.T.).

Artículo 3.- Los Juzgados de Municipio conocerán de forma exclusiva y excluyente de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa en materia civil, mercantil, familia sin que participen niños, niñas y adolescentes, según las reglas ordinarias de la competencia por el territorio, y en cualquier otro de semejante naturaleza. En consecuencia, quedan sin efecto las competencias designadas por textos normativos preconstitucionales. Quedando incólume las competencias que en materia de violencia contra la mujer tienen atribuida.

Artículo 4.- Las modificaciones aquí establecidas surtirán sus efectos a partir de su entrada en
vigencia y no afectará el conocimiento ni el trámite de los asuntos en curso, sino tan sólo en los asuntos
nuevos que se presenten con posterioridad a su entrada en vigencia.

Artículo 5.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Artículo 6.- Quedan sin efectos las competencias establecidas en el DECRETO PRESIDENCIAL Nº
1029 de fecha 17 de enero de 1996 y la RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA Nº 619 de
fecha 30 de enero de 1996, así cualquier otra disposición que se encuentre en contravención con la presente
Resolución.

Comuníquese y publíquese.

Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los
dieciocho (18) días del mes de marzo de dos mil nueve. Años: 198° de la Independencia y 150° de la
Federación.
La Presidenta,
LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO

El Primer Vicepresidente,
OMAR ALFREDO MORA DÍAZ

El Segundo Vicepresidente,
LUIS ALFREDO SUCRE CUBA

Los Directores,
EVELYN MARRERO ORTIZ YRIS ARMENIA PEÑA ESPINOZA
ELADIO RAMÓN APONTE APONTE

Los Magistrados,
FRANCISCO CARRASQUERO LÓPEZ
YOLANDA JAIMES GUERRERO
LUIS MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
ISBELIA PÉREZ VELÁSQUEZ
DEYANIRA NIEVES BASTIDAS
JUAN RAFAEL PERDOMO
PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ
LEVIS IGNACIO ZERPA
HADEL MOSTAFÁ PAOLINI
ANTONIO RAMÍREZ JIMÉNEZ
CARLOS ALFREDO OBERTO VÉLEZ
BLANCA ROSA MÁRMOL DE LEÓN
ALFONSO VALBUENA CORDERO
EMIRO GARCÍA ROSAS
RAFAEL ARÍSTIDES RENGIFO CAMACARO
FERNANDO RAMÓN VEGAS TORREALBA
JUAN JOSÉ NÚÑEZ CALDERÓN
LUIS ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ
HÉCTOR CORONADO FLORES
LUIS EDUARDO FRANCESCHI GUTIÉRREZ
CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA
MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN
MIRIAM DEL VALLE MORANDY MIJARES
ARCADIO DELGADO ROSALES

La Secretaria,
OLGA M. DOS SANTOS P

 

Agradecimiento al Distinguido Prof. Abog. Jesús Tadeo Jiménez por el Material.

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             El pago esta constituido por diversos elementos:

1)  Una obligación válida:

 

El pago es el cumplimiento de una obligación válida, supone la existencia de esa obligación válida, pues si esta es nula o anulable, el deudor no esta obligado a realizar el pago, y en caso de efectuarlo salvo en los casos no permitidos por la ley, puede ejercer repetición.

Esa obligación válida consiste para la mayoría de la doctrina en obligaciones de dar y hacer y excluye a las de no hacer, porque en estas el deudor no desarrolla ninguna actividad, sino cumple la obligación no efectuando la conducta que le este prohibida. Tal criterio, de origen romano, no parece acertado, pues en nuestro concepto las obligaciones de no hacer también “se pagan” cuando el deudor deja de efectuar la actividad que se comprometió a no realizar: en las obligaciones de no hacer la abstención del deudor es la forma o manera de ejecutar la prestación a que tiene derecho el acreedor.

2)  La intención de extinguir la obligación, llamada también la intención de pagar:

Es el ánimo o deseo de extinguir la obligación por parte del deudor. Aparte del elemento material o ejecución de la prestación, debe existir el elemento intencional, que consiste en el ánimo o deseo de extinguir la obligación. Esto no significa que la falta de ese animo o deseo autorice al deudor a ejercer la repetición, pues si el acreedor recibe del deudor la prestación que fuere a titulo de pago, basta para que el deudor quede liberado de su obligación y no pueda repetir, aun cuando la prestación que hubiere ejecutado el deudor no la hubiese efectuado con animo de pagar. El deudor podría repetir solo si el y el acreedor está de acuerdo en que la prestación no sirva para extinguir la deuda sino para crear una nueva relación jurídica.

3)  Los sujetos del pago: el solvens o quien efectúa el pago que en general, pero no necesariamente, es el deudor y el accipiens o persona que recibe el pago, que generalmente, pero no necesariamente, es el acreedor.

EL SOLVENS

Como principio general, debemos señalar que la ley presume que el pago no es intuitu personae, pues el acreedor no le interesa que le pague determinada persona sino recibir la prestación a la que tiene derecho y que representa la ventaja patrimonial a la cual el aspira. Por consiguiente, el pago puede ser efectuado por el deudor, por toda persona o tercero interesado en efectuarlo y por un tercero no interesado, siempre que actúe en nombre y descargo del deudor o que si actúa en un propio nombre no se subrogue en los derechos del acreedor.

Como excepción al principio de que el pago puede ser efectuado por un tercero, interesado o no interesado, en las obligaciones de hacer, el legislador dispone que no se pueda cumplir por un tercero contra la voluntad del acreedor, cuando este tiene interés en que se cumpla por el mismo deudor.

En las obligaciones de dar, el legislador distingue especialmente cuando el pago consiste en transferir la propiedad de una cosa al acreedor, y dispone que el pago no es valido sino concurre dos condiciones, el solvens debe ser dueño de la cosa pagada y debe ser capaz de enajenarla.

Por lo que respecta a los efectos del pago efectuado por un tercero, la doctrina observa, primero, que el acreedor salvo en los casos señalados en la ley, no puede rechazar el pago del tercero. Segundo, el deudor no puede impedir el pago del tercero si el mismo no paga y tercero, el tercero no tiene derecho a pagar si el acreedor y el deudor concurren en rechazar su pago.

EL ACCIPIENS

El pago puede efectuarse a la persona que pueda o deba recibirlo, so pena de tener que pagar dos veces. Esas personas son el acreedor, la persona autorizada por el propio acreedor, por la autoridad judicial o por la ley. Excepcionalmente, el pago hecho a un tercero es valido cuando el acreedor ratifica ese pago o se aprovecha de él; o cuando el pago se efectúa de buena fe al poseedor del crédito, aun cuando este sufra posteriormente la evicción.

La doctrina estudia las personas que pueden recibir el pago desde un triple punto de vista.

Primero, el pago efectuado al propio acreedor. Se trata del pago efectuado al acreedor en persona. El acreedor será aquel que para el momento del pago tenia el respectivo derecho el crédito, es decir, aquel que para el momento del pago está investido de ese derecho de crédito, no importa que no se trate del acreedor original. Es igualmente acreedor el heredero del acreedor originario, por su respectiva cuota; el adjudicatario o cesionario, en el titulo nominativo; el endosatario, en el titulo a la orden, y el poseedor, en cualquier titulo al portador.

El pago será válido siempre que el acreedor sea persona capaz de recibirlo, pues si es incapaz, el pago no es válido, a menos que el deudor pruebe que la cosa pagada se ha convertido en utilidad del acreedor.

La necesidad de que el acreedor sea una persona capaz de recibirlo se explica porque toda aceptación de pago produce la enajenación del crédito al cual aquel se refería, y por lo tanto, la aceptación no pueda hacerse por quien no tenga el poder de enajenar. En todo caso, es necesario indagar si el accipiens tiene facultades de administración o de disposición ya que el cobro es un acto de administración y por lo tanto no pueden efectuarlo las personas que no tienen la administración de sus propios bienes, pudiendo efectuarlo quienes si tuvieren esa administración ya que existen, actos de cobro que constituyen verdaderos actos de enajenación como ocurre con el cobro de un capital.

Con respecto al pago hecho por el deudor al acreedor no obstante embargo de la deuda u oposición de terceros:

Según lo establece el artículo 1.289 del Código Civil Venezolano, es importante resaltar, que el pago efectuado por el deudor al acreedor habiendo embargo de la deuda u oposición de terceros en la forma prevista por la ley, no es valido respecto a los acreedores embargantes u oponentes, quienes pueden obligar al deudor a pagar de nuevo, salvo su recurso contra el acreedor.

Con respecto al pago efectuado al representante del acreedor:

La doctrina y la legislación distinguen tres tipos de representantes, El designado por el propio acreedor; dentro de estas personas están comprendidas las autorizadas convencionalmente por el acreedor en forma expresa o tacita. Será necesario, en las expresas, analizar el mandato otorgado para estimar sus alcances y poderes; en las tacitas será necesario  el análisis de las circunstancias concretas.

El designado por la ley que comprende a aquellas personas señaladas por la ley para recibir el pago por el acreedor; así tenemos: el padre, respecto al hijo en minoría de edad, el tutor, respecto del pupilo; el síndico, en las quiebras, etc.

El designado por la autoridad judicial que comprende aquellas personas señaladas por la autoridad judicial para recibir el pago, tales como el depositario de un derecho de crédito embargado.

Con respecto al pago efectuado a un tercero no autorizado y al acreedor putativo:

Estas hipótesis están contempladas en la segunda parte del articulo 1.286 del Código Civil venezolano, donde establece que el pago hecho a quien no estaba autorizado por el acreedor para recibirlo, es valido cuando este lo ratifica o se ha aprovechado de el. Y en el artículo 1.287 ejusdem, donde establece que el pago hecho de buena fe a quien estuviere en posesión del crédito, es valido, aunque el poseedor haya sufrido después evicción. Por acreedor putativo se entiende en la doctrina a la persona que estuviese en posesión del crédito y que por tal circunstancia pueda adquirir la cualidad de acreedor aparente, hasta tal punto que un deudor advertido y vigilante pueda caer en el error de creerlo el acreedor verdadero.

Es importante que el pago haya sido efectuado de buena fe.

4)           El objeto del pago: El Objeto del pago es la prestación debida; en principio, el deudor debe cumplir la prestación a la que se encuentra obligado.

En las obligaciones de dar, el deudor de un cuerpo cierto se libera entregando la cosa en el estado en que se encuentre en el momento del pago; a menos que, si se trata de una obligación contractual, se haya constituido en mora. Por el contrario, los riesgos están a cargo del deudor de una cosa genérica (Articulo 1.161 y 1.293 del Código Civil).

El deudor solo se libera cumpliendo con la prestación debida. Si la prestación consiste en una Dación, o sea, en una trasmisión de la propiedad, seguida de la entrega de la cosa; el acreedor tendría el derecho de rechazar cualquier otra cosa, incluso de más valor (Artículo 1.290 del Código Civil). Pero si el acreedor no puede ser obligado a recibir cosa distinta de la cosa debida, está en libertad para aceptarla; es la dación de pago.

Pago de la prestación debida:

 

 Tres principios rigen el pago:

a) el Solvens debe pagar lo debido.

b) Debe pagar todolo debido. Así pues, sin consentimiento del acreedor, aquel no podría dividir el pago, y debe abonar los gastos del mismo.

c) No debe pagar mas nada de lo debido. Si paga lo indebido, dispone de una acción de repetición (artículo 1.178 del Código Civil).

a)    El solvens debe pagar lo debido:

El Pago de las Obligaciones de Hacer y No Hacer: Cuando la prestación prometida consiste en un hecho positivo o negativo, el cumplimiento de esa prestación no suscita problemas particulares. El deudor, contractual o extracontractual, debe cumplir el hecho al que está obligado. Solamente cuando el deudor de un hecho positivo se negare al cumplimiento en especie, surgirá una cuestión delicada, la de determinar si el acreedor puede compelerlo a ello, y porque medios. Como observación general debe señalarse que también rigen los principios generales de integridad (artículo 1.291 del Código Civil) e identidad del pago (artículo 1.290 del Código Civil) señalados como de aplicación omnicomprensiva en todo tipo de obligación. Además, por lo que respecta a las obligaciones de hacer, el Código Civil dispone en su artículo 1.284: que si bien pueden ser cumplidas por un tercero, ello no puede efectuarse en contra de la voluntad del acreedor cuando este tiene interés en que se cumpla por el mismo deudor.

La regla vigente en materia de obligaciones de dar cosas in genere acerca de que el deudor no está obligado, al efectuar el pago, a entregar una cosa de la mejor calidad ni una de la peor (artículo 1.294 del Código Civil), es plenamente aplicable al pago de las obligaciones de hacer, cuando dicho pago consiste en el desarrollo por parte del deudor de una actividad o conducta no calificada por las partes. (A cuerpo cierto).

Por lo que respecta a las obligaciones de no hacer, la doctrina no desarrolla en general el pago de las mismas, porque consiste siempre para el deudor en abstenerse de efectuar la actividad o conducta que le está prohibida, y por lo tanto, no siendo susceptibles de cumplimiento diverso o parcial, no presentan efectos especiales que puedan derivarse de los principios de identidad e integridad del pago. Debe señalarse que en el pago de esta clase de obligaciones no se concibe que el deudor pueda incurrir en mora ya que jamás puede existir retardo en el cumplimiento, sino incumplimiento absoluto.

El Pago de las Obligaciones de Dar: La Obligación de dar es la obligación de transmitir la propiedad u otro derecho real. La obligación de entregar la cosa cuya propiedad se transmite no puede ser separada de aquella, por ser consecuencia necesaria.

Resulta más fácil compeler al cumplimiento en especie al deudor de una obligación de dar y de entregar que al de una obligación de hacer. Pero, en lo que concierne al objeto mismo del pago, se plantean algunos problemas que no se encuentran para las obligaciones de hacer o no hacer. Derivan de que el objeto del pago es una cosa material; más exactamente, la trasmisión de un derecho real y la entrega de la cosa material. La existencia de tal cosa es la que hace que surjan esos problemas.

Las reglas particulares del pago de las obligaciones de dar, prácticamente las del cumplimiento de una obligación de entrega, se precisa en el artículo 1285 del Código Civil. Hay que distinguir según que la cosa debida sea un cuerpo cierto o una cosa genérica (articulo 1.293 C.C.).

Se presenta un problema cuando, antes de ser entregada, la cosa debida perece o se deteriora fuera de toda culpa del deudorEl deudor de un cuerpo cierto se libera por la pérdida o deterioro de la cosa debida, a menos que haya sido constituido en mora, antes de entregar, cuando se trate de una obligación extracontractual (articulo 1293 C.C). El deudor de una cosa genérica no puede alegar la destrucción o el deterioro de la cosa: GeneraNon Pereunt.

b)    Principios Generales que rigen el Pago:

El pago de toda obligación (sea de dar, hacer o no hacer) está regido por dos principios generales admitidos por la doctrina, legislaciones y la jurisprudencia.

Principio de Identidad del PagoEl pago debe ser idéntico a la prestación debida, debe comprender dicha prestación y nada más que dicha prestación, por consiguiente: “No puede obligarse al acreedor a recibir una prestación o cosa distinta de la que se le debe, aunque el valor de la cosa sea igual o aun superior al de aquella” efecto admitido por nuestro legislador en él artículo 1290 del C.C. Igualmente, como consecuencia del principio de identidad del pago, este supone una prestación que no puede exceder a la prestación prometida porque en tal caso el deudor podría intentar la repetición de lo pagado (articulo 1178 C.C.).

 

Principio de Integridad del Pago: El pago debe ser completo, comprender toda la prestación debida, como consecuencia el deudor no puede pretender cumplir en parte la prestación prometida, de allí que no puede constreñir al acreedor a recibir en parte el pago de la deuda, aunque esta fuera divisible (artículo 1.291 del C.C.).

Este efecto es mejor conocido en doctrina por el “principio de la indivisibilidad del pago”. Principio que admite excepciones en las cuales se acepta el pago parcial, a saber:

a) Cuando se opone con éxito la compensación que extingue las acreencias hasta el momento en que concurre, y si existe un remanente a cargo del deudor, este queda obligado a pagárselo a la otra parte.

b) En caso de muerte del deudor de una obligación divisible, la deuda se divide por sus respectivas partes entre sus herederos, quienes solo quedan obligados a pagar su parte.

c) Cuando el pago parcial es aceptado por el acreedor.

d) En los casos en que una deuda es en parte liquida y en parte ilíquida.

En el caso de que la deuda fuera en parte liquida y en parte ilíquida, y si no se ha establecido que debe procederse de otra manera, el acreedor podrá exigir y el deudor hacer primero el pago de la parte liquida, antes de efectuarse el pago de la parte ilíquida. (Articulo 1292 C.C.)

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Es la cualidad que adquieren las sentencias y las resoluciones definitivas de los jueces cuando se han agotado todos los recursos destinados a impugnarlas, y se tornan irrevocables. La sentencia implica un mandato, que cuando adquiere la autoridad de cosa juzgada, se torna inmutable. El caso examinado y decidido, ya no podrá replantearse con posterioridad.

Ahora, como bien lo expresa FERNANDO VILLASMIL B., en su Obra Los Principios Fundamentales y Las Cuestiones Previas en el Nuevo Código de Procedimiento Civil, Maracaibo 1986, “La cosa Juzgada en una presunción de carácter Iuris et de Iure, de que lo que fue decidido por sentencia definitivamente firme, es verdad definitiva y absoluta y no puede ser discutido ni revisado nuevamente.”

Esta Presunción legal esta consagrada en el Art. 1.395 del Código Civil, que en su parte final expresa: “…la autoridad de la cosa Juzgada no procede sino respecto de lo que ha sido objeto de la sentencia. Es necesario que la cosa Demandada sea la misma; que la nueva demanda este fundada sobre la misma causa; que sea entre las mismas partes, y que están vengan al Juicio con el mismo carácter que el anterior…”.
Es lo que se conoce en la Doctrina, como la triple identidad: a este respecto la cosa Juzgada solo procede cuando ocurre una triple identidad de sujetos, objetos y causa petendi, del nuevo proceso, con el que ya quedo resuelto por una sentencia definitivamente firme u otro acto con fuerza de tal.
Tiene que coincidir en todo, los sujetos y el carácter con que actuaron; el objeto, ósea el interés o beneficio que se procura mediante el ejercicio de la acción; y la causa a pedir, esto es, el fundamento legal o convencional de cual se deduce la petición. Si no concurren esos tres elementos de identidad no hay cosa juzgada.

Importante:

El mismo objeto afirmado en la pretensión decidida por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, no debe formar objeto de una nueva pretensión a decidirse en otro proceso entre las mismas partes por la misma causa petendi si buscamos limitar el alcance de la cosa juzgada.

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Concepto Romano de Patrimonio: El patrimonio Romano es lo que queda una vez deducida las deudas, este patrimonio estaría integrado, por los bienes, derechos acciones o acreencias de una persona o de la cual es titular.-

Consecuencias o Características del Patrimonio Romano:

  • No toda persona tiene patrimonio.-
  • Las deudas no forman parte del patrimonio.-
  • El patrimonio puede transmitirse de una persona a otra, tanto por acto entre vivos como actos entre muertos.-
  • El patrimonio de una persona es prenda común de sus acreedores.-
  • Puede haber patrimonio sin titular (ejemplo las herencias yacentes).-

Concepto actual de patrimonio: es el conjunto de bienes constituidos por activo y pasivo, los derechos de crédito y las obligaciones, susceptible de valoración económica donde surge una relación jurídica por un sujeto que puede ser una persona natural o jurídica, pública o privada.-

Composición actual del patrimonio:

Elementos activos:                 

Derechos Reales

Derechos Personales (desde el punto de vista del acreedor) 

Elemento Pasivo:                  

Derechos personales (desde el punto de vista del deudor)

Derechos Reales: Son aquellos derechos que crean una relación y facultades directa e inmediata de una persona sobre una cosa, con exclusión de las demás personas, es exclusivo para su titular y crea una relación directa entre el titular y la cosa.-

Derechos Personales: Vinculo de naturaleza jurídica que se establece entre una persona llamada acreedor y otra llamada deudor; del cual el primero exigirá al segundo el cumplimiento de una determinada prestación.-

 

 

 

Principales diferencias entre los derechos reales y los derechos personales  

           Derechos Reales                                           Derechos Personales

1)  Recaen sobre una cosa.   1) Recaen en una conducta de accion u omision que deben ser llevadas a cabo por el deudor.

2) Se hace valer frente a cualquier                            2) Se hace valer sobre una persona particular.

Persona Efecto erga omnes

3) Son perpetuos en sentido que no                           3) Se extinguen en el mismo momento que se

Se agotan por su ejercicio.                                                ejerce.

4) Tienen su origen en la ley.                                      4) tienen su origen en el acuerdo de voluntades

                                                                                              aunque no siempre

5) Son Limitados por estar establecidos                      5) Son Ilimitados pues son creados por la

En la ley ( por cuanto la ley  solo                                 voluntad de las artes y tienen como

Permite uso, goce y disfrute                                              único limite la ley

En cuanto a la estructura de su relación

   Derechos Reales  Derechos Personales
 Sujeto Activo  El Titular  Acreedor
 Sujeto Pasivo  Universal ( Toda la sociedad )  Deudor
 Objeto de la Prestación  La Cosa  Cumplimiento de la Prestación
 Origen  La Ley  Acuerdo entre las Partes

 

Concepto de Obligaciones: Es el vínculo legal, voluntario o de hecho el cual une a dos personas que indistintamente pueden ser naturales o jurídicas, públicas o privadas, donde surge una relación jurídica en virtud que, una de las partes se representa como sujeto activo o acreedor; que es la persona que tiene la acción o el derecho para pedir alguna cosa, especialmente el pago de una deuda o exigir el cumplimiento de alguna obligación, y la otra como sujeto pasivo o deudor;  que es la persona que se ha comprometido al pago o cumplimiento de una obligación nacida, bien sea por un contrato, de un delito o por imperio de la ley, y del surgimiento de esta relación el acreedor puede ejecutarlo patrimonialmente ante el incumplimiento de su deber.-   

Elementos de las obligaciones:

1) Elemento Subjetivo: Los Sujetos

Sujeto Activo: Es el acreedor, es la persona física o jurídica que tiene la facultad de exigir el cumplimiento de una obligación, es titular del derecho.

Sujeto Pasivo: Deudor, es la persona física o jurídica obligada a ejecutar la prestación a favor del deudor.-

Tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo pueden estar compuesto por varias personas originando la siguiente clasificación:

 Obligaciones con sujetos únicos o unidad de sujetos:

  • Un solo acreedor & un solo deudor.

Obligaciones con sujetos múltiples o pluralidad de sujetos

  • Un acreedor           &    Varios deudores   = Pluralidad pasiva.-
  • Varios acreedores  &   Un solo deudor    =  Pluralidad activa.-
  • Varios acreedores  &   Varios deudores  =  Pluralidad mixta.-

2) Elemento Objetivo La prestación: Es la conducta positiva o negativa que el deudor debe realizar en beneficio del acreedor, en una relación jurídica. La prestación debe ser:

  • Posible Físicamente: que no dependa de un acto heroico
  • Licito: probabilidad legal de realizarse
  • Determinada: preferiblemente en el contrato.
  • Valorable económicamente: indemnización 

 

Prestación Positiva: cuando requiere cierta acción del deudor

Prestación negativa: cuando el deudor queda obligado a una omisión.

Según el contenido de la obligación existe la siguiente clasificación:

Obligación de Dar (dare): Conducta positiva,  entrega de una cosa trasladando la propiedad o constituyendo un derecho real sobre ella.-

Obligación de prestar (Prestare): Conducta positiva entrega de una cosa sin trasladar la propiedad ni constituir de un derecho real sobre ella.-

Obligación de hacer (Facere): Conducta positiva o actos del deudor a favor del acreedor

Obligación de no hacer (Non Facere): Conductas negativas o de abstención por parte del deudor en beneficio del acreedor.-  

3) Elemento propiamente dicho: El Vínculo: Consiste en la relación de derecho que liga al acreedor con el deudor, y autoriza al primero para ejercer las acciones que permitan exigir del deudor el cumplimiento de la prestación, el vinculo jurídico u obligacional permite distinguir la obligación de otras relaciones no jurídicas que pueden establecerse entre los particulares.-

El vínculo tiene dos elementos:

El debito: El deber que tiene el deudor frete al acreedor de cumplir con la prestación

La responsabilidad: El poder jurídico potencial que tiene el acreedor de obligar al deudor  a cumplir con la prestación.

Situación jurídica a la que queda expuesto de su patrimonio el deudor que no ha cumplido con su debito.

Gracias a Carolina Castillo por su contribucion de este material a nuestro blog (Universidad de Carabobo-Venezuela)

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Prof. Jessica Scholtz Labrador

1.- Persona

2.- Sujeto de Derecho

3.- Requisitos de existencia de la persona física

4.- El Nasciturus

5.- La Capacidad

   5.1.- Concepto

   5.2.- Clases

   5.3.- Causas modificativas de la capacidad

   5.4.- Extinción de la capacidad jurídica

6.- La Muerte

   6.1.- Premoriencia

   6.2.- Conmoriencia

7.- Capitis Diminutio

  7.1.- Concepto

   7.2.- Clases

 8.- Persona Jurídica colectiva

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Con la intención de justificar la superioridad del sistema político romano, a la teoría de las constituciones que combina la evolución biológica con la sucesión cíclica Polibio contrapone la constitución mixta, resultado de fundir lo mejor de la monarquía, de la aristocracia y de la democracia. Desde la perspectiva del autor heleno, la peculiaridad de Roma representa una ruptura en la sucesión establecida de las diferentes formas de gobierno, la cual resulta sustituida por una constitución donde el equilibrio entre los diferentes elementos que la componen impide la degradación de cada uno de ellos.
Polibio de Megalópolis (ca. 200 – ca. 120/118 a.C.) es uno de los más destacados historiadores de todas las épocas. Tras la derrota de Macedonia y sus aliados en Pidna (168), fue enviado a Roma como rehén de Estado para asegurar la fidelidad a Roma de su patria aquea. Allí formó parte del círculo cultural de los Escipiones y vivió de cerca los grandes acontecimientos militares y políticos de su tiempo, como la destrucción de Cartago y de Corinto en 146, y posiblemente también la de Numancia en 133. Redactó sus Historias en cuarenta libros al modo de una historia universal, de la cual sólo nos han llegado completos los libros I-V, si bien contamos con numerosos y extensos fragmentos de los restantes gracias fundamentalmente a las recopilaciones bizantinas. Se ha dicho principalmente en la presentación preliminar, en el comienzo de mi historia, donde afirmamos que, de nuestra obra, lo más bello y, al mismo tiempo, lo más útil para los lectores en su dedicación sería comprender y profundizar cómo pudo suceder y cuál fue la constitución que lo consiguió, que los romanos llegaran a dominar casi todo el mundo en menos de cincuenta y tres años, cosa que no tiene precedentes (…)
Así, pues, estas tres clases de gobierno que he citado [i.e., monarquía, aristocracia y democracia] dominaban la constitución y las tres estaban ordenadas, se administraban y repartían tan equitativamente, con tanto acierto, que nunca nadie, ni tan siquiera los nativos, hubieran podido afirmar con seguridad si el régimen era totalmente aristocrático, o democrático, o monárquico. Cosa muy natural, pues si nos fijáramos en la potestad de los cónsules, nos parecería una constitución perfectamente monárquica y real, si atendiéramos a la del senado, aristocrática, y si consideráramos el poder del pueblo, nos daría la impresión de encontrarnos, sin ambages, ante una democracia. Los tipos de competencia que cada parte entonces obtuvo y que, con leves modificaciones, posee todavía en la constitución romana se exponen a continuación.
Los cónsules, mientras están en Roma y no salen de campaña con las legiones, tienen competencia sobre todos los negocios públicos. Los magistrados restantes les están subordinados y les obedecen, a excepción de los tribunos; también corresponde a los cónsules presentar las embajadas al senado. Además de lo dicho, deliberan, asimismo, sobre asuntos urgentes, en caso de presentarse, y son ellos los que ejecutan íntegramente los decretos. Igualmente, las cuestiones concernientes a tareas del estado que hayan de ser tratadas por el pueblo, corresponde a los cónsules atenderlas, convocar cada vez la asamblea, presentar las proposiciones y ejecutar los decretos votados por la mayoría. Su potestad es casi absoluta en lo que concierne a preparativos bélicos y a la dirección de las campañas: pueden impartir las órdenes que quieran a las tropas aliadas, nombrar los tribunos militares, alistar soldados y escoger a los más aptos. Además, en campaña, tienen la potestad de infligir cualquier castigo a sus subordinados. Disponen a su arbitrio de los fondos públicos: les acompaña siempre un cuestor, presto a cumplir las órdenes recibidas. Si se considerara sólo este aspecto, no sería inverosímil decir que esta constitución es simplemente monárquica o real. Y si alguno de los puntos concretados o que se concretan a continuación se modifica ahora o dentro de algún tiempo, esto no podrá ser tenido como argumento contra esta exposición mía actual.
La atribución principal del senado es el control del erario público, porque ejerce potestad sobre todos los ingresos y sobre la mayor parte de los gastos. Aparte de lo que abonan a los cónsules, los cuestores no pueden disponer de fondos públicos sin autorización del senado. Este dispone también el dispendio mayor, el más costoso, que ordenan cada cinco años los censores para restaurar y reparar los edificios públicos; los censores deben recabar la autorización del senado. De modo semejante, caen bajo la jurisdicción del senado los delitos cometidos en Italia que exigen una investigación pública, como son traiciones, perjurios, envenenamientos, asesinatos. También en Italia, si la conducta de un individuo o de una ciudad reclama un arbitraje, un informe pericial, una ayuda o una guarnición, de todo esto cuida el senado. Es incumbencia de éste enviar embajadas a países no italianos, cuando se necesita ya sea para lograr una reconciliación, para hacer alguna demanda o, ¡por Zeus!, para intimar una orden, para recibir la rendición de alguien o para declarar la guerra. Cuando llegan embajadores a Roma, el senado decide lo que debe contestárseles y el comportamiento que debe seguirse con cada uno (…)
Al pueblo no le falta su parcela, que es precisamente la más pesada. En la constitución romana el pueblo, y sólo el pueblo, es el árbitro que concede honores o inflige castigos, el único puntal de dinastías y constituciones y, en una palabra, de toda la vida humana. En las naciones en las que estos valores no se diferencian o, aunque sean conocidos, no se aplican cabalmente, es imposible que haya algo administrado con rectitud: ¿sería lógico que lo fuera, si buenos y malos gozan de la misma estimación? Con frecuencia el pueblo juzga las multas que se deben imponer para resarcirse de los daños sufridos, lo cual ocurre principalmente cuando la multa es importante y los reos han detentado altos cargos; el pueblo es el único que puede condenar a muerte. En tales ocasiones rige entre ellos una ley consuetudinaria muy digna de elogio y de recuerdo: cuando alguien es juzgado y condenado a muerte, la costumbre le permite exiliarse a la vista de todo el mundo e irse a un destierro voluntario, a condición de que, de las tribus que emiten el veredicto, una se abstenga y no vote; los exiliados gozan de seguridad en Nápoles, en Preneste, en Tíbur y en otras ciudades confederadas. Además, el pueblo es quien confiere las magistraturas a aquellos que las merecen: es la más hermosa recompensa de la virtud en un estado. El pueblo es soberano cuando se trata de votar las leyes; su máxima atribución es deliberar sobre la paz y la guerra, y también sobre las alianzas, tratados de paz y pactos; es el pueblo quien lo ratifica todo, o lo contrario. De manera que no es un error decir que el pueblo goza de grandes atribuciones en la constitución romana y que ésta es democrática (…)
Este es el poder de cada uno de los elementos del sistema en lo que se refiere a favorecerse o a perjudicarse mutuamente. En cualquier situación esta estructura se mantiene debidamente equilibrada, tanto, que resulta imposible encontrar una constitución superior a ésta. Siempre que una amenaza exterior común obliga a estos tres estamentos a ponerse de acuerdo, la fuerza de esta constitución es tan imponente, surte tales efectos que no solamente no se retrasa nada de lo imprescindible, sino que todo el mundo delibera sobre el aprieto y lo que se decide se realiza al instante, porque los ciudadanos, sin excepción, en público y en privado, ayudan al cumplimiento de los decretos promulgados. De ahí que llegue a ser increíble la fuerza de esta constitución para llevar siempre a buen término lo que se haya acordado. Sin embargo, cuando los romanos se ven libres de amenazas exteriores y viven en el placer de la abundancia conseguida por sus victorias, disfrutando de gran felicidad, y, vencidos por la adulación y la molicie, se tornan insolentes y soberbios, cosa que suele ocurrir, es cuando se comprende mejor la ayuda que por sí misma les presta su constitución. En efecto, cuando una parte empieza a engreírse, a promover altercados y se arroga un poder superior al que le corresponde, es notorio que, al no ser los tres brazos independientes, como ya se ha explicado, ninguno de ellos llega a vanagloriarse demasiado y no desdeña a los restantes. De modo que todo queda en su lugar, unas cosas, refrenadas en su ímpetu, y las restantes, porque desde el comienzo temen la interferencia de otras próximas.

Polibio, Historias, VI 11-18, traducción de Manuel Balasch, Biblioteca Clásica Gredos, Madrid, 1981.

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Estimados Alumnos:

Hable con el Prof. Daniel Jurado (asistente del Decano) y me confirmo el problema de transporte, por lo tanto, yo estare hoy y presentaran los alumnos que asistan, los que no hayan podido llegar por el problema de transporte comprobado, les avisare en el transcurso de mañana cuando presentaran.

Mensaje recibido de la Delegada del Salon por peticion de la Profesora de Derecho Romano Prof. Jessica Scholtz

Johnny

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Clase 2 laminas

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(ESTA ES LA SEGUNDA CLASE)

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INTRODUCCION AL DERECHO UNIDAD II

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Lex Perfecta : Ley perfecta, que, cuando es violada, castiga declarando el acto nulo Lex Plus Quam Perfecta: Ley mas que perfecta (su violación conlleva la nulidad del acto y una pena)

 Lex Imperfecta: Ley Imperfecta (no declara la nulidad del acto en su contra ni preve una sancion para quien la quebrante)

Lex Minux Quam Perfecta: Ley menos que perfecta (castiga a los transgresores con una pena pero no declara nulo el acto)

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