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Archive for the ‘CODIGO PENAL VENEZOLANO’ Category

La doctrina distingue la hipoteca según sus fuentes, pero el legislador en el Articulo 1884 del Código Civil, estipula que se clasifican en Legal, Judicial o Convencional o sea, que dicha clasificación obedece al origen de la hipoteca, bien sea porque nazca por voluntad del legislador o de las partes convencionalmente.

La Hipoteca Legal:

Se encuentra consagrada en el Articulo 1885 y el Código Civil, que dispone:

Tienen Hipoteca Legal:

1° El vendedor u enajenante, sobre los bienes inmuebles enajenados, para el cumplimiento de las obligaciones que se deriven del acto de enajenación; bastando para ello que en instrumento de enajenación conste la obligación.

2° Y Los coherederos, socios y demás copartícipes sobre los inmuebles que pertenecen a la sucesión, sociedad o comunidad, para el pago de los saldos o vueltas de las respectivas partes, bastando, asimismo, que conste en el instrumento de adjudicación la obligación de las vueltas.

3°. El menor y el entredicho, sobre los bienes del tutor con arreglo a los Artículos 360 y 397 del Código Civil. Se debe tener muy presente que aunque el legislador determine la hipoteca legal, esta debe cumplir con el requisito del Registro por ante la oficina respectiva, o sea, donde se encuentre ubicado el inmueble hipotecado.

 

La Hipoteca Judicial:

La consagra el Articulo 1886 del Código Civil, el cual determina:

“Toda sentencia ejecutoriada que condene el pago de una cantidad determinada, a la entrega de cosas muebles o al cumplimiento de cualquier otra obligación convertida en la de pagar una cantidad liquida, produce hipoteca sobre los bienes del deudor en favor de quien haya obtenido la sentencia, hasta un valor doble del de la cosa o cantidad mandada a pagar”. El citado profesor Aguilar Gorrondona, con respecto a la hipoteca judicial expone lo siguiente: “Hipoteca Judicial es aquella cuyo titulo es un fallo o decisión Judicial. Dicho en otras palabras, hay hipoteca judicial cuando un fallo o una decisión confieren a un acreedor el derecho de constituir una hipoteca sobre bienes del deudor.

La Hipoteca Convencional:

El Articulo 1890 determina: “No podrá hipotecar válidamente sus bienes sino quien tenga capacidad para enajenarlos”. Posteriormente, el Artículo 1981 establece que, los bienes de las personas incapaces de enajenar y los de los ausentes podrán hipotecarse solamente por las causas y con las formalidades establecidas por la Ley.

Por otra parte, quien tiene sobre un inmueble un derecho suspendido por una condición, o resoluble en ciertos casos o dependiente de un titulo anulable, no pueden constituir una hipoteca (SUJETA A LAS MISMAS EVENTUALIDADES), con excepción de los casos en que la ley dispone expresamente que la resolución o rescisión no tiene efecto en perjuicio de terceros (C.C. Arts. 1454, 1466, 1544 y 1892).

 De la misma manera, el Artículo 1893 del Código Civil, es determinante al no permitir la constitución de hipoteca sobre bienes futuros.

 

Agradecimiento al Distinguido Prof. Abog. Jesús Tadeo Jiménez por el Material.

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FORMA DE LA JURISDICCIÓN

Está constituido por las partes o interesados y el juez. Así como la existencia de un procedimiento, con ciertas formalidades mínimas que garantizan el contradictorio* y termina con una resolución con fuerza de cosa Juzgada.

*El principio contradictorio (o de contradicción) es la posibilidad que tienen las partes de cuestionar preventivamente todo aquello que pueda luego influir en la decisión final y como tal presupone la paridad de aquéllas (acusación y defensa) en el proceso: puede ser eficaz sólo si los contendientes tienen la misma fuerza o, al menos, los mismos poderes. Es la posibilidad de refutación de la contraprueba. Representa a su vez el derecho a la igualdad ante la ley procesal, de contar con las mismas armas para formar –con las mismas posibilidades- el convencimiento del juzgador.

CONTENIDO DE LA JURISDICCIÓN

Por el contenido de la jurisdicción se entiende la existencia de un conflicto con  relevancia jurídica que es necesario decidir mediante resoluciones susceptibles de adquirir autoridad de cosa Juzgada.

FUNCIÓN DE LA JURISDICCIÓN

La actividad de determinar conflictos y dictar controversias es uno de los fines primeros del Estado. Sin esa función, el Estado no se concibe como tal; privados los particulares de la facultad de hacer justicia por su mano, el orden jurídico les han investido de acción y al estado el deber de la jurisdicción, es decir administración de justicia.

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Es la función atribuida por el Estado a los órganos competentes del Poder Publico, por medio del cual se resuelve un asunto litigioso o se verifica si una situación esta conforme a derecho, como consecuencia de la garantía constitucional de la cosa Juzgada, asegurando la vigencia del Derecho.

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Es la cualidad que adquieren las sentencias y las resoluciones definitivas de los jueces cuando se han agotado todos los recursos destinados a impugnarlas, y se tornan irrevocables. La sentencia implica un mandato, que cuando adquiere la autoridad de cosa juzgada, se torna inmutable. El caso examinado y decidido, ya no podrá replantearse con posterioridad.

Ahora, como bien lo expresa FERNANDO VILLASMIL B., en su Obra Los Principios Fundamentales y Las Cuestiones Previas en el Nuevo Código de Procedimiento Civil, Maracaibo 1986, “La cosa Juzgada en una presunción de carácter Iuris et de Iure, de que lo que fue decidido por sentencia definitivamente firme, es verdad definitiva y absoluta y no puede ser discutido ni revisado nuevamente.”

Esta Presunción legal esta consagrada en el Art. 1.395 del Código Civil, que en su parte final expresa: “…la autoridad de la cosa Juzgada no procede sino respecto de lo que ha sido objeto de la sentencia. Es necesario que la cosa Demandada sea la misma; que la nueva demanda este fundada sobre la misma causa; que sea entre las mismas partes, y que están vengan al Juicio con el mismo carácter que el anterior…”.
Es lo que se conoce en la Doctrina, como la triple identidad: a este respecto la cosa Juzgada solo procede cuando ocurre una triple identidad de sujetos, objetos y causa petendi, del nuevo proceso, con el que ya quedo resuelto por una sentencia definitivamente firme u otro acto con fuerza de tal.
Tiene que coincidir en todo, los sujetos y el carácter con que actuaron; el objeto, ósea el interés o beneficio que se procura mediante el ejercicio de la acción; y la causa a pedir, esto es, el fundamento legal o convencional de cual se deduce la petición. Si no concurren esos tres elementos de identidad no hay cosa juzgada.

Importante:

El mismo objeto afirmado en la pretensión decidida por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, no debe formar objeto de una nueva pretensión a decidirse en otro proceso entre las mismas partes por la misma causa petendi si buscamos limitar el alcance de la cosa juzgada.

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Es una función publica, ejercida por el estado que tiene por objeto que determinados organismos declarados competentes por la ley resuelvan los conflictos y controversias de relevancia jurídica que se presenten entre los particulares, mediante decisiones con autoridad de Cosa Juzgada, eventualmente factibles de ejecución.

La Jurisdicción, ante todo, es una función, las definiciones que la conciben como una potestad, solo señalan uno de los aspectos de esta.

No se trata solamente de un conjunto de poderes o facultades sino también de un conjunto de deberes de los órganos del poder publico, y se imparte en NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY.

La Jurisdicción se cumple mediante un adecuado proceso con iguales posibilidades de defensa y pruebas para las partes, de manera que puedan cumplir con sus cargas procesales y puedan recibir una tutela jurídica efectiva, y así lograr una sentencia susceptible de producir Cosa Juzgada.

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La primera distinción es que la jurisdicción es una potestad pública, genérica de todo tribunal; mientras que la competencia es un poder especifico para intervenir es determinadas causas. Siendo cierta la afirmación según la cual todo juez tiene jurisdicción por el solo hecho de serlo, pero no todos los jueces tienen la misma competencia. Pues esta puede variar dependiendo del criterio atributivo.

Un juez competente es, al mismo tiempo un juez con jurisdicción; pero un juez incompetente es un juez con jurisdicción y  sin competencia. La competencia es el fragmento de jurisdicción atribuido a un juez, es un limite o la medida de la jurisdicción que ejerce en concreto el juez.

 

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